Ourense supera a Jaén y se corona como la capital más morosa de España

Pocas veces un ranking tan incómodo tiene un claro vencedor. El Concello de Ourense acaba de arrebatar a la ciudad de Jaén un título que nadie quiere figurar en sus vitrinas, consolidándose como la capital provincial con mayor periodo medio de pago a proveedores de todo el país. Con un retraso medio que roza los cuatro meses, la administración local ourensana deja literalmente tirando de la cadena de pago a cientos de empresas y autónomos. La cifra habla por sí sola.

El lento ahogo de la maraña burocrática

Datos fríos. El periodo medio de pago en la capital de As Burgas se ha disparado hasta los 119,27 días. Quien conozca el día a día del tejido empresarial gallego sabe que esta no es una mera estadística burocrática, sino una sentencia de muerte para muchas pequeñas y medianas empresas. Conviene recordar que la ley marca un límite legal de treinta días para abonar las facturas contratadas. Cuadruplicar este tope legal coloca al Gobierno municipal en una situación de vulnerabilidad institucional difícil de justificar.

Mientras tanto, el Ayuntamiento de Jaén ha conseguido reconducir sus cuentas tras más de un lustro encabezando esta clasificación negra. La ciudad andaluza ha recortado plazos y respira con cierto alivio financiero. Sin embargo, en Ourense ocurre exactamente lo contrario: el peso de la máquina administrativa sigue lastrando cualquier intento de agilidad. El tejido empresarial de la comarca se ahoga en una maraña burocrática que retrasa el cobro de las facturas de forma sistemática. Demasiado tiempo. Demasiada cuesta arriba para los proveedores que dependen de los fondos públicos municipales para mantener su propia liquidez.

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Consecuencias directas para la economía local

A nadie se le escapa que la morosidad pública actúa como un impuesto revolucionario que paga el sector privado. Cuando una administración local tarda casi un trimestre y medio en saldar sus deudas, el daño colateral se extiende de inmediato por todo el tejido productivo de la zona. Los autónomos y comerciantes ourensanos se ven obligados a pedir líneas de crédito a los bancos para poder pagar las nóminas y los impuestos generados por esos mismos contratos públicos. El coste de financiación, lógicamente, recae íntegramente sobre los hombros del empresario.

No es menor el dato de que esto ocurra en una provincia históricamente castigada por la despoblación y por la falta de un tejido industrial sólido. La capital ourensana resiste como un muro de contención demográfico y económico fundamental en el interior de Galicia. Penalizar con este nivel de impago a las empresas que confían en los concursos y contratos municipales supone desincentivar cualquier iniciativa de inversión local. Ahí está la clave de un problema que trasciende la pura contabilidad para instalarse de lleno en el estancamiento estratégico del territorio.

Un liderato basado en la ineficiencia

Difícil encontrar un ejemplo más gráfico de ineficiencia administrativa que este reciente sorpasso contable. La corona de espinas de la morosidad municipal cambia finalmente de manos, pero el panorama no invita al optimismo. El hecho de que Jaén haya logrado ordenar sus cuentas demuestra que reconducir la situación es posible cuando existe voluntad política, control del gasto y gestión administrativa rigurosa. En Ourense, la inercia parece tirar en la dirección opuesta.

Lo cierto es que los números de la ciudad termal no admiten maquillaje. Casi 120 días de media reflejan un atasco estructural severo. La deuda y los retrasos cronificados terminan por espantar a los proveedores más solventes, aquellos que se niegan a trabajar con administraciones incapaces de garantizar la liquidez a corto plazo. Pasa factura a la calidad de los servicios públicos municipales, pues a menor competencia en las ofertas de los concursos, peores son las condiciones a las que se obliga a contratar el consistorio.

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