Un agente en prácticas de la Policía Local de Ourense, detenido por agredir a su novia en Cangas

Un policía local de Ourense que se encontraba en período de prácticas fue detenido a finales de agosto tras agredir presuntamente a su pareja en Cangas, en la comarca del Morrazo. La víctima presentaba lesiones, fue atendida médicamente y el agresor acabó trasladado al cuartel de la Guardia Civil.

Una detención en su propio terreno

Los hechos ocurrieron a finales del pasado mes de agosto en Cangas. Tras la agresión, la Policía municipal del concello morrazense se personó en el lugar y procedió a la detención del agente, que fue posteriormente puesto a disposición de la Guardia Civil. No es un detalle menor: un policía detenido por otros policías, y de un cuerpo distinto al suyo. La víctima presentaba lesiones visibles, según las fuentes consultadas, y se le ofreció asistencia médica en el lugar.

La violencia de género dentro de las propias fuerzas de seguridad siempre genera una incomodidad especial. Quien tiene la obligación de proteger acaba siendo el agresor. Y la cifra lo dice todo: no hace falta buscar más lejos para encontrar casos que ponen en cuestión los filtros de entrada a los cuerpos policiales.

CONTENIDO PATROCINADO

Salado Golf & Beach Resort

Descubre la oportunidad de inversión más exclusiva del Caribe. Villas de lujo con retorno garantizado del 12% anual en Punta Cana.

Conoce más →

De vuelta al puesto de trabajo

Lo más llamativo del caso, sin embargo, no es solo la detención. El agente regresó después a su puesto de trabajo. Esta circunstancia —que un empleado público investigado por un presunto delito de violencia de género continúe ejerciendo, además en funciones de policía— abre interrogantes sobre los protocolos que se aplican en estas situaciones y sobre qué garantías se ofrecen a la ciudadanía mientras el procedimiento judicial sigue su curso.

Conviene recordar que la presunción de inocencia protege al investigado mientras no exista condena, y que ese es el marco legal en el que se mueven estas decisiones. A nadie se le escapa, con todo, que la Administración dispone de instrumentos disciplinarios independientes de la vía penal, y que la decisión de mantener en activo a un agente en estas circunstancias nunca deja de ser polémica.

Un proceso de selección bajo la lupa

El detenido es uno de los trece agentes que se incorporaron a la Policía Local de Ourense en funciones de prácticas tras, según el Concello, un proceso de selección exigente. Este período formativo estaba previsto que concluyera el 30 de septiembre, de modo que el suceso se produjo prácticamente al final de la fase de pruebas.

Ahí está la clave del caso. Un período de prácticas es, por definición, un período de evaluación. Lo que el agente haga o deje de hacer durante esos meses forma parte del examen que determina su consolidación en el cuerpo. Que una presunta agresión a la pareja haya tenido lugar precisamente en esa ventana temporal plantea la pregunta de si los procesos selectivos evalúan únicamente aptitudes técnicas —oposiciones, exámenes, pruebas físicas— o también actitudes y conductas que apuntan a cómo ejercerá alguien el poder que le otorga el uniforme.

El contexto: violencia de género en los cuerpos policiales

El caso de Ourense no es una anomalía aislada en el conjunto del Estado, donde periódicamente salen a la luz detenciones de agentes por agresiones a sus parejas o exparejas. Cada caso reabre el debate sobre dos cuestiones: la prevención dentro de las propias administraciones y la respuesta institucional cuando el investigado pertenece a la plantilla.

La asistencia médica ofrecida a la víctima y su atención por parte de la policía local de Cangas son, al menos, la cara correcta del dispositivo. La víctima de una agresión de género necesita protección inmediata y acompañamiento; en este caso, parece que el dispositivo funcionó como debía.

Lo que queda por saber

Quedan abiertas varias incógnitas. La primera, la evolución del procedimiento judicial y si el agente acabará imputado por un delito de lesiones o de violencia de género. La segunda, la decisión disciplinaria del Concello de Ourense sob