El juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena defendió este jueves la necesidad de «acabar con el anonimato» en las redes sociales como medida para combatir los delitos contra la dignidad, especialmente aquellos dirigidos contra las mujeres.

Marchena formuló esta propuesta durante su intervención en una mesa sobre violencia digital de género, organizada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid en el Congreso de los Diputados.

El problema del anonimato digital

El magistrado considera que el uso del anonimato en plataformas digitales facilita el ejercicio de conductas delictivas que atentan contra la dignidad humana.

Según Marchena, muchos usuarios se amparan en perfiles falsos para cometer delitos de injurias o calumnias, entre otros.

El juez destacó que bajo seudónimos como «El Cid Campeador», «Aristóteles» o identidades alfanuméricas, muchas personas denigran a terceros, incluyendo a jueces, parejas o ciudadanos comunes.

Marchena advirtió que este fenómeno contribuye a un entorno «tremendamente perturbador» donde se vulnera la honra y la intimidad sin responsabilidad real.

El anonimato digital se convierte así en un escudo para agresores, según el criterio del magistrado.

Lucha institucional concertada

El juez subrayó la importancia de una respuesta coordinada entre todas las instituciones para proteger la dignidad de las personas en el entorno digital.

Esta estrategia debería integrar a fuerzas de seguridad, administraciones públicas, plataformas digitales y el sistema judicial.

Marchena reconoció que su propuesta podría encontrar oposición entre defensores de la libertad de expresión.

Sin embargo, insistió en que el verdadero espíritu del derecho a la libre expresión no puede ser utilizado para cometer agresiones virtuales.

Nueva regulación frente a la impunidad

El Tribunal Supremo ha detectado un aumento de casos judiciales relacionados con agresiones cometidas vía internet.

Según el juez, la impunidad derivada del anonimato digital fomenta conductas delictivas que, de otro modo, no se producirían.

Marchena reclamó mecanismos legales más eficaces para identificar a los autores de delitos en línea.

Entre las posibles soluciones, plantea un mayor control en la creación de perfiles falsos en redes sociales.

Asimismo, exige a las plataformas digitales una colaboración más activa con los organismos judiciales.

La propuesta de Marchena abre un debate legal y social sobre el equilibrio entre libertad de expresión y derecho a la dignidad en el entorno virtual.