La Fiscalía insta el archivo de otra causa contra el excargo de Ribera detenido por Forestalia porque el juez Peinado olvidó prorrogar

La Fiscalía de delitos contra el Medioambiente de Madrid ha instado el archivo de una causa judicial contra Eugenio Domínguez, el excargo de Teresa Ribera detenido esta semana por supuestos delitos en torno a un proyecto eólico. La decisión se debe a que el juez Juan Carlos Peinado no renovó correctamente los plazos legales de investigación.

El caso tenía como epicentro un parque solar en Cáceres, donde se sospecha una presunta prevaricación ambiental. El fiscal César Estirado reconoce indicios de delito, pero insiste en que ya no puede continuar la investigación por errores procesales.

El fallo en la prórroga judicial

Según revela el informe fiscal, el juez Peinado no prorrogó la causa antes del vencimiento del plazo legal en septiembre. En ese momento, ninguno de los investigados había declarado, lo que impide ahora continuar las diligencias.

El fallo administrativo deja sin efecto todas las actuaciones posteriores. El fiscal argumenta que ya no procede ninguna nueva acción judicial, ni siquiera la toma de declaraciones de los implicados.

Entre los afectados está Marta Gómez Palenque, superiora de Domínguez en el Ministerio de Transición Ecológica. Ella también había sido citada, pero ya no podrá declarar en este proceso.

• Presuntos delitos de prevaricación en proyectos energéticos
• Fallo en los plazos de prórroga judicial
• Archivo técnico por errores procesales
• Investigados: Domínguez y Gómez Palenque

Conexión con la operación Forestalia

El caso está relacionado con la operación Peserte, que salió a la luz esta semana con la detención del presidente de Forestalia, Fernando Samper, y Eugenio Domínguez. Se investiga un presunto entramado para manipular informes ambientales a cambio de participaciones en la empresa.

La Guardia Civil registró las sedes de Forestalia en Madrid y Zaragoza. Los agentes centran sus pesquisas en el clúster eólico del Maestrazgo, un proyecto de gran envergadura en Aragón.

Aunque hay pruebas que apuntan a posibles irregularidades, la impronta judicial podría dejar impunes algunos hechos si se archivan todas las causas por errores técnicos.

Presiones políticas y mediáticas

Este nuevo giro en la investigación añade presión al Ministerio de Transición Ecológica. La ministra Teresa Ribera ha defendido públicamente la integridad del sistema, aunque la oposición reclama explicaciones.

El Partido Popular y Vox han exigido la comparecencia de Ribera en el Congreso. La oposición denuncia una supuesta red de corrupción en torno a las licencias ambientales.

La Comisión Europea también ha iniciado contactos con las autoridades españolas para conocer el alcance de las irregularidades.

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