El sistema de protección internacional en España enfrenta graves dificultades para garantizar el acceso al asilo de miles de personas migrantes. La presión migratoria, especialmente en Canarias, ha colapsado los servicios de atención y dejado a cientos de personas en situación de vulnerabilidad sin posibilidad real de solicitar asilo.

El Consejo Económico y Social de España (CES) denuncia en su último informe la necesidad urgente de reforzar los recursos humanitarios y de atención. Las consecuencias se notan en la práctica: trabas burocráticas, largas colas y dificultades para obtener cita impiden que muchos puedan iniciar correctamente su proceso.

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Las consecuencias de la sobrecarga

Desde 2022, el incremento de llegadas por mar ha dejado patente la falta de infraestructuras adecuadas. Los dispositivos de primera acogida no dan abasto ante la cantidad de personas que arriban en cayucos, muchos de ellos en situación de riesgo.

Según el informe del CES, más del 51% de las personas atendidas en programas de ayuda humanitaria son potenciales solicitantes de asilo. Se trata de familias con menores, mujeres víctimas de violencia y posibles víctimas de trata, grupos especialmente vulnerables.

En septiembre de 2024, el gobierno anunció el cierre temporal del sistema de acogida al considerar que había alcanzado su capacidad máxima. Esto supuso la paralización de transferencias desde centros de emergencia a la red de protección internacional.

• Familias con menores
• Mujeres víctimas de violencia
• Menores no acompañados
• Posibles víctimas de trata

Nuevos desafíos legislativos

El Pacto de Migración y Asilo de la UE, que entrará en vigor en junio de 2026, impone plazos muy breves. Los estados tendrán 72 horas para resolver solicitudes de asilo. En caso de negativa, los migrantes pueden ser trasladados a centros de retorno en terceros países, como Marruecos, Túnez o Bangladesh.

Esta nueva legislación europea genera dudas sobre la capacidad real del sistema español para adaptarse. Las organizaciones sociales advierten de que sin inversión real, las medidas serán insuficientes. El riesgo de infringir derechos humanos crece si los procesos se precipitan.

El Ministerio de Inclusión justificó en su momento la saturación de los centros afirmando que operaban al 90% de su capacidad. No obstante, la realidad en el terreno muestra que esa cifra no refleja la verdadera tensión del sistema.