Ángela Figuerola, pensionista de Córdoba de 57 años, vive pendiente del desahucio de su vivienda tras más de una década de reclamaciones y negociaciones fallidas. Hace doce años avaló, junto a su hermano, una hipoteca para ampliar la empresa familiar y desde entonces ha sufrido bloqueos bancarios, pérdidas empresariales y demandas que la han dejado sin recursos. Ahora espera a que el juzgado fije la fecha de lanzamiento mientras mantiene actividad como voluntaria para subsistir.

## La estafa que truncó una vida laboral

Ángela relata que la empresa familiar era una distribuidora de alimentos con trayectoria y clientes estables. En 2008 decidieron ampliar capital y pidieron una hipoteca que avalaron ambos hermanos.

El préstamo fue por 100.000 euros a pagar en diez años, y la cuota conjunta rondaba los 1.400 euros mensuales. Poco después de firmar, empezaron los problemas.

Pagos aceptados por la empresa fueron devueltos días después, y la entidad financiera comenzó a reclamar cantidades mucho mayores. Según su testimonio, acabaron reclamándoles más de 700.000 euros.

Las cuentas quedaron bloqueadas, las líneas de descuento se cortaron y la actividad empresarial se paralizó. En aquel momento trabajaban cinco autónomos y cinco empleados, a quienes intentaron proteger pagando sueldos y Seguridad Social con lo poco que pudieron.

## Intentos de solución y puertas cerradas

Durante más de una década Ángela asegura que ha tratado de encontrar una salida negociada. Describe trámites y propuestas que no fructificaron.

• Negociaciones con el banco para separar deudas y asumir cada uno su parte.
• Solicitudes de alquiler social y apelaciones al código de buenas prácticas hipotecarias.
• Valoración de acciones judiciales contra presuntos clientes estafadores, pero el coste inicial exigido para denunciar fue inasumible.

Según Ángela, le pidieron aportar hasta 300.000 euros para iniciar procedimientos contra quienes, asegura, organizaron la estafa y desaparecieron. Esa exigencia cerró la vía penal desde su punto de vista.

## El día a día antes del lanzamiento

Hoy Ángela vive con la incertidumbre de no saber la fecha exacta del desahucio. Continúa realizando actividades de voluntariado para mantenerse ocupada y complementar su pensión.

Relata el desgaste emocional y la pérdida de la que hasta hace años era su vivienda “pagada”. Reclama una solución digna que le permita evitar quedar en situación de calle.

El caso de Ángela pone sobre la mesa la vulnerabilidad de quienes avalaron préstamos empresariales y la dificultad de recuperar una empresa tras fraudes complejos. También plantea preguntas sobre el acceso a recursos legales asequibles para víctimas de estafas que afectan a su patrimonio.

## Lo que pide y lo que demanda la realidad

La afectada insiste en la necesidad de mecanismos que faciliten soluciones sociales antes de ejecutar lanzamientos. Reclama medidas que permitan negociar alquileres sociales o reestructuraciones reales cuando la deuda surge de hechos ilícitos contra la empresa.

Mientras tanto, aguarda la comunicación oficial del juzgado y confía en que se le ofrezca una alternativa. Su historia es un recordatorio de cómo una sucesión de fallos financieros y estafas puede terminar con la pérdida de la vivienda de una persona trabajadora.