El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ordenado a la Comunidad de Madrid iniciar, de forma urgente, los trámites para crear el registro de profesionales objetores a las interrupciones voluntarias del embarazo. La resolución llega tras la petición de medidas cautelares planteada por el Ministerio de Sanidad. Madrid es, hasta ahora, la única autonomía que se ha negado a desarrollar esa base prevista en la normativa estatal.

## Qué pide el tribunal

El auto del TSJM no obliga a la constitución inmediata del fichero, pero sí impone la obligación de poner en marcha los procedimientos administrativos necesarios.

En concreto, la Sala exige a la Administración madrileña que comience los pasos formales para diseñar y aprobar el registro de objetores contemplado por la ley. El objetivo es asegurar que la norma estatal tenga un desarrollo efectivo en todas las comunidades.

La decisión responde a una demanda del Ministerio de Sanidad, que argumentó que la negativa de la Comunidad de Madrid podía dejar sin respuesta las solicitudes de interrupción voluntaria del embarazo.

## Alcance y matices de la resolución

Los magistrados han adoptado una medida cautelar que, según el propio tribunal, tiene carácter instrumental: no impone ya el funcionamiento del registro, pero sí obliga a iniciar su tramitación.

• Iniciar trámites: comenzar los procedimientos administrativos necesarios.
• Garantizar cumplimiento: avanzar hacia la adaptación normativa autonómica a la ley estatal.
• Preservar derechos: evitar que la negativa administrativa afecte a la accesibilidad de los servicios de salud sexual y reproductiva.

La resolución abre así una vía judicial para forzar un avance que el Gobierno regional había rehusado. Fuentes del Ejecutivo central destacaron que la medida busca uniformidad en la aplicación de la normativa sanitaria.

## Reacciones y contexto político

La controversia se enmarca en el choque entre la Comunidad de Madrid, liderada por Isabel Díaz Ayuso, y el Gobierno central. La autonomía había mostrado resistencia a desarrollar el registro, alegando objeciones de distinta índole.

Por su parte, el Departamento que dirige Mónica García reivindica la obligación de las administraciones de cumplir la normativa estatal sin permitir que la objeción individual deje desprotegidas a las personas que solicitan la intervención.

La creación del registro busca, además, clarificar las responsabilidades de los centros y de los profesionales. No se trata de coartar la libertad de conciencia, sino de ordenar un sistema que garantice la atención sanitaria.

## Implicaciones prácticas

Si la Comunidad comienza a tramitar el registro, se deberán definir procedimientos para:

• Registrar a los profesionales que manifiesten objeción de conciencia.
• Establecer mecanismos de sustitución para asegurar la continuidad de la atención.
• Garantizar la confidencialidad y protección de datos personales.

En la práctica, la medida pretende evitar vacíos que puedan traducirse en demoras o denegaciones de servicios. El Ministerio de Sanidad considera esencial que ningún centro se ampare en la falta de un registro para negar prestaciones reguladas por la ley.

La resolución del TSJM abre ahora un nuevo capítulo: la Comunidad de Madrid deberá decidir la forma y el calendario para poner en marcha los procesos administrativos requeridos. Si no lo hace, el conflicto podría prolongarse con nuevas actuaciones judiciales.

La polémica sobre cómo se articula la objeción de conciencia en el ámbito sanitario viene de lejos y combina aspectos jurídicos, éticos y organizativos. Este auto sitúa la cuestión en el terreno de la obligación administrativa de aplicar la ley estatal.