Santiago Abascal reclamó en Benavente, este martes, que el voto de Vox no se entregue automáticamente al Partido Popular y exigió condiciones claras para apoyar a la derecha en Castilla y León. En un acto de campaña para las autonómicas del 2026, el líder de la formación argumentó que su partido buscará cambios de rumbo y medidas concretas antes de cerrar cualquier acuerdo. La intervención, celebrada a pocos días de las elecciones regionales, vino acompañada de un llamamiento a la movilización de los votantes que apoyan la defensa del campo y la seguridad. Abascal situó la exigencia de garantías como condición esencial para cualquier negociación postelectoral.

El presidente de Vox rechazó la idea de que su formación actúe como un “cajón de sastre” que recoge votos descontentos para entregarlos sin condiciones al PP, una crítica dirigida implícitamente al líder autonómico. A juicio de Abascal, el apoyo debe concretarse “medida a medida”, con presupuestos asignados a cada compromiso, plazos y mecanismos que aseguren el cumplimiento político. Esta exigencia busca, según sus palabras, evitar repetir experiencias pasadas en las que, según él, no se cumplió lo pactado.

Abascal recordó que Vox abandonó gobiernos autonómicos a nivel nacional y también en Castilla y León porque, en su opinión, el Partido Popular no cumplió los acuerdos. Señaló que la desconfianza se sustenta en episodios previos de incumplimiento y que por eso su fuerza política planteará ahora negociaciones más exigentes y formalizadas. La interlocución, añadió, será con condiciones técnicas y financieras que permitan auditar el cumplimiento de las medidas pactadas.

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En su discurso ante simpatizantes, el dirigente insistió en un paquete de propuestas orientadas a captar a votantes preocupados por asuntos rurales y económicos: mejorar el acceso a la vivienda, reducir el coste de la energía, impulsar la reindustrialización y aliviar la carga fiscal de los autónomos. Abascal puso especial énfasis en la protección del sector agroganadero y en la seguridad en las calles como banderas de su campaña regional. También planteó la defensa de la soberanía nacional y la protección de menores en el ámbito educativo como ejes no negociables.

El líder de Vox negó cualquier posibilidad de pacto con el PSOE y acuñó un discurso de confrontación con el Gobierno central, al que atribuyó políticas perjudiciales para el país. En su intervención, responsabilizó al ejecutivo de asuntos como la gestión de la inmigración y la orientación de las políticas económicas, y volvió a cuestionar la integridad de los responsables nacionales. Abascal utilizó estas críticas para reforzar la idea de que Vox representa una alternativa que no se diluye en acuerdos con el socialismo.

Respecto a la posibilidad de que la izquierda llegue a gobernar en Castilla y León, Abascal mostró contundencia: aseguró que no ve opciones reales para un Ejecutivo de izquierdas con los candidatos actuales y aventuró una pérdida de representación para algunos partidos de esa coalición. Con ese argumento, acusó al PP de generar alarmismos al señalar que sin su apoyo podría imponerse la izquierda, una estrategia que, según él, busca disuadir a votantes indecisos.

Además de los reproches al PP y al PSOE, el acto de Benavente sirvió como llamada a la acción: Abascal instó a los asistentes a convencer a los indecisos y a acudir a las urnas para forjar un “cambio de rumbo” en la comunidad. La campaña de Vox en Castilla y León se centra en convertir preocupaciones locales en prioridad negociadora, de modo que cualquier apoyo tenga contrapartidas tangibles. El mensaje fue claro: respaldo condicionado y control posterior del cumplimiento.

La visita del dirigente se produce en una campaña regional marcada por la fragmentación del voto a la derecha y por la pugna por los electores rurales, territorio tradicionalmente disputado en Castilla y León. Con la fecha electoral próxima, el pulso entre Vox y el PP seguirá siendo uno de los elementos decisivos a la hora de previsiblemente configurar mayorías, y la exigencia de Abascal de garantías y cifras concretas añade un nuevo matiz a las posibles negociaciones postelectorales.