Un ataque aéreo durante la noche del lunes alcanzó el Hospital de Tratamiento de Adicciones Omid en Kabul, causando al menos 400 muertos y 250 heridos, según informó el Gobierno talibán. El bombardeo, que se produjo alrededor de las 21:00 hora local (17:30 hora peninsular española), destruyó amplias zonas del complejo y provocó incendios y el colapso de varios pabellones. Las autoridades afganas han responsabilizado a Pakistán, que ha rechazado cualquier implicación y asegura que sus operaciones se dirigieron a objetivos militares. Los equipos de rescate continúan trabajando para apagar llamas y recuperar cuerpos bajo los escombros.

El hospital era el mayor centro de desintoxicación del país, con capacidad para cerca de 2.000 camas, y acogía principalmente a personas en tratamiento por consumo de heroína y opio. Muchos pacientes dormían en los pabellones cuando se sucedieron las explosiones, lo que multiplicó las víctimas y dificultó las labores de evacuación. Brigadas improvisadas formadas por vecinos, sanitarios y combatientes talibanes trabajaron durante horas entre escombros y humo en busca de supervivientes. La magnitud del daño ha dejado inoperativas varias alas del centro.

El portavoz adjunto del Gobierno talibán, Hamdulá Fitrat, afirmó que la cifra de muertos y heridos podría aumentar a medida que los equipos de emergencia accedan a zonas todavía inestables. Las autoridades locales han pedido ayuda humanitaria inmediata para atender a las víctimas y prevenir una crisis sanitaria mayor en los barrios colindantes. Personal médico que sigue en pie ha advertido de la escasez de suministros y de camas para atender a los heridos más graves. La prioridad oficial es estabilizar a los heridos y recuperar cuerpos para su identificación y enterramiento.

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«Existe una gran preocupación por el elevado número de víctimas»

Responsabilidades y negaciones

El Ejecutivo de Kabul responsabilizó directamente a Pakistán del bombardeo en el marco de una escalada de tensión fronteriza entre ambos países iniciada en octubre de 2025. Islamabad negó inmediatamente su implicación y aseguró que sus operaciones transfronterizas —según dijo— estaban dirigidas únicamente contra instalaciones militares y depósitos de munición vinculados a los talibanes afganos y al grupo Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP). La versión pakistaní sostiene que no se atacaron objetivos civiles y que sus ataques buscaban neutralizar amenazas insurgentes.

Analistas regionales señalan que la desconfianza entre ambos gobiernos y la actividad del TTP en zonas fronterizas han creado un clima propenso a errores de cálculo. Las autoridades de Pakistán y Afganistán se acusan mutuamente desde hace meses de permitir refugios y ataques desde territorio enemigo, lo que ha tensionado la frontera. La falta de canales de comunicación claros y la presencia de múltiples grupos armados complican la verificación independiente de lo ocurrido. Naciones Unidas y ONG internacionales han pedido investigaciones imparciales y un acceso humanitario seguro a las zonas afectadas.

Impacto humanitario y contexto

El ataque agrava una ya precaria situación humanitaria en Afganistán, donde la infraestructura sanitaria quedó debilitada tras la retirada de las fuerzas internacionales en 2021. Los hospitales del país sufren desabastecimiento crónico de fármacos, personal y equipamiento, lo que limita la capacidad de respuesta ante catástrofes de gran escala. Desde octubre de 2025, la escalada militar en la frontera ha dejado al menos 56 civiles muertos y ha provocado el desplazamiento interno de más de 115.000 personas, según datos de la ONU. Organizaciones humanitarias advierten del riesgo de brotes y de falta de alimentos si no se garantiza acceso inmediato a asistencia.

La destrucción del principal centro de desintoxicación también tendrá consecuencias a medio plazo para miles de pacientes que dependen de tratamientos continuos. Programas de rehabilitación y apoyo psicosocial se verán interrumpidos, y las redes familiares y comunitarias corren el riesgo de colapsar ante la falta de alternativas. Expertos en salud pública consideran que la prioridad ahora es establecer puntos de atención de urgencia y corredores seguros para evacuar a los heridos. La coordinación entre actores locales e internacionales será crucial para evitar una crisis sanitaria mayor en Kabul.

Mientras, la comunidad internacional sigue de cerca la situación pero reclama pruebas que permitan atribuir responsabilidades de forma fehaciente. La gravedad del ataque sobre un hospital, un espacio protegido por el derecho internacional humanitario, ha suscitado condenas y pedidos de investigación. En las próximas horas se esperan nuevas valoraciones oficiales y el despliegue de equipos de ayuda para atender a los supervivientes y evaluar daños.