La Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, dependiente del ministerio que dirige Óscar Puente, ha sometido a participación pública una modificación normativa que permitirá a los buques y embarcaciones inscribir nombres con números expresados en cifras. La consulta administrativa, que ya se celebró entre el 5 y el 23 de febrero, forma parte del trámite previo a la aprobación de un Real Decreto que actualiza reglas de la Marina Mercante en España. El cambio perseguirá, según el borrador, adaptar la normativa a usos actuales y simplificar aspectos formales del abanderamiento y matriculación.

Hasta ahora, el artículo 16 del Real Decreto 1027/1989, de 28 de julio, exigía que los números en los nombres de los barcos figuraran escritos en letra, de ahí que en la flota gallega sean habituales denominaciones como «Playa Menduiña Dos», «Armaven Tres» o «Pepe Barreiro Dos». Esa exigencia formal es la que obliga a transcribir los numerales en palabras en los certificados y en los registros marítimos, una práctica que el sector considera anacrónica frente a la rotulación y la comunicación visual modernas.

El texto que ahora se ha puesto en información pública propone introducir una disposición que permita expresamente el uso de cifras —por ejemplo «Pesquero 2»— en los nombres inscritos, sin que ello suponga modificar otras obligaciones del registro. En el mismo paquete normativo se plantea también completar la regulación relativa al cambio temporal de uso de las embarcaciones de recreo, un aspecto que afecta a embarcaciones que alternan explotación comercial y uso privado.

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La medida tendrá efectos prácticos en distintos ámbitos: facilitará la rotulación y la lectura rápida de los nombres en el mar, se adaptará a criterios de identificación visual y podría uniformar la forma en que figuran las denominaciones en documentación y web. No obstante, la modificación no altera otras limitaciones vigentes: por ejemplo, los nombres no podrán llevar tildes, con lo que denominaciones con acento seguirán viéndose afectadas por la prohibición actual.

El sector pesquero gallego —propietario de buena parte de los buques afectados— ha empleado tradicionalmente números en letra por imperativo legal, y la propuesta ha sido recibida con interés como una pequeña pero simbólica adaptación normativa. Armadores y profesionales consultados informalmente señalan que, además del aspecto estético, la posibilidad de usar cifras puede reducir errores en la transcripción administrativa y facilitar el trabajo de identificación en puertos y caladeros.

El trámite abierto entre el 5 y el 23 de febrero constituyó la fase de información pública del proyecto, durante la cual se podían presentar alegaciones y sugerencias. Se trata del paso previo a su aprobación definitiva por parte del Ejecutivo; una vez resueltas las aportaciones, el Real Decreto seguirá su carrera administrativa hasta su firma e inclusión en el BOE, sin que el borrador contemple plazos concretos en la documentación pública consultada.

Fuera del debate sobre la forma de escribir los numerales, la modificación forma parte de un paquete más amplio de ajustes a la normativa de Marina Mercante que el Gobierno ha impulsado para modernizar trámites y adaptar reglas vigentes desde finales del siglo XX a las necesidades actuales. Además de la cuestión de los nombres, la normativa prevista intenta dar respuestas sobre usos temporales y otras figuras administrativas que afectan a embarcaciones de recreo y a la pequeña flota.

Para buques radicados en Galicia, donde la tradición pesquera ha dejado multitud de denominaciones autóctonas y referencias locales en los nombres, la liberalización del formato numérico supondrá un cambio visible en la señalética de muchas embarcaciones. La imagen de archivo del «Playa Menduiña Dos», ejemplo recurrente en la prensa local, ilustra esa convención histórica que ahora podría convivir con versiones en cifras.

La iniciativa concluye así una fase de consulta y abre la puerta a la adaptación formal de las anotaciones registrales; el impacto efectivo dependerá de la redacción final del Real Decreto y de las instrucciones que emitan las autoridades marítimas para su aplicación. El seguimiento de ese proceso y la resolución de las alegaciones presentadas corresponderán a la Secretaría de Estado, y este texto ha sido redactado por Lara Graña.