La plantilla del Centro de Atención de Persoas con Discapacidade (CAPD) de Chapela, en el municipio de Redondela, vive una situación de tensión después de conocer que uno de los trabajadores eventuales que figura en las listas de sustitución tiene una condena por abuso de menores en su historial. El caso, que remonta hechos ocurridos hace más de tres décadas, ha reabierto el debate en torno a la protección de residentes vulnerables y la gestión de las bolsas de empleo públicas en Galicia.

La situación en el centro y las inquietudes del personal

El empleado en cuestión, que ya trabajó en distintos periodos en el propio CAPD, aparece en la actualidad como el primero de la lista de sustituciones, según explican trabajadores del centro. Esta posición implica que podría ser llamado para cubrir vacantes en cualquier momento, algo que ha provocado alarma entre la plantilla, que atiende a una población especialmente frágil en una residencia pública dependiente de la Xunta.

En el CAPD residen, recuerdan los empleados, 120 personas con discapacidades severas —la mayoría con un grado superior al 75%— que precisan atención continua y supervisión especializada. La combinación de dependencia elevada y limitaciones en la comunicación, añaden los profesionales, multiplica la responsabilidad del equipo y eleva la sensibilidad ante la contratación de personal con antecedentes penales relacionados con delitos sexuales.

Uno de los educadores del centro, Miguel A. Alcalá, describe el malestar y la incertidumbre que genera la posibilidad de que la persona condenada pueda incorporarse al equipo. El trabajador reconoce el derecho a la reinserción, pero pide prudencia respecto a la colocación de quienes tienen antecedentes de esa gravedad en puestos de contacto directo con población vulnerable.

«Este centro está concebido para la atención integral las 24 horas del día de 120 personas con discapacidades muy graves —la mayoría superior al 75%— que requieren una atención especializada y una supervisión continua en todos los aspectos de la vida diaria. Con frecuencia sus formas expresión, verbal, gestual… son muy limitadas o inexistentes, lo que dificulta responder a sus demandas o quejas», explica.

Para evitar la entrada del eventual, el personal ha venido cubriendo plazas renunciando a días libres y reorganizando turnos, una medida que los empleados reconocen insostenible a largo plazo. La jubilación reciente de una trabajadora, alertan, puede mover la lista de sustituciones y precipitar la contratación.

Antecedentes penales y posicionamiento de la administración

Los trabajadores supieron del pasado del eventual a través de informaciones publicadas en distintos medios. Según consta en los antecedentes, los hechos por los que fue juzgado afectaron a una niña de 4 años cuando el ahora condenado trabajaba en un centro de educación infantil; tras el proceso judicial cumplió una pena de siete años de cárcel en el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar, en Ourense.

Fuentes oficiales consultadas por la redacción recuerdan que, de momento, la Consellería de Política Social e Igualdade no ha solicitado la cobertura de ninguna vacante en la categoría de educador para el CAPD de Chapela, por lo que no estaría prevista la incorporación de personas que figuren en las listas. Esa respuesta administrativa calma en parte a quienes temían una contratación inminente, pero no disipa del todo la inquietud del personal ni de las familias.

La situación plantea cuestiones que trascienden el caso concreto: el equilibrio entre los derechos de quienes han cumplido condena y las garantías que exigen entornos residenciales para personas con discapacidad. En Galicia, como en el resto de España, la reinserción laboral es un objetivo del sistema penitenciario, pero convive con la necesidad de protocolos rigurosos en actividades que implican contacto con menores o colectivos especialmente protegidos.

Repercusiones, responsabilidades y próximos pasos

En el terreno práctico, la plantilla del CAPD pide que la administración valore alternativas laborales para esta persona que eviten el contacto directo con residentes vulnerables. Los educadores no plantean la negación absoluta de la reinserción, sino su canalización hacia puestos compatibles con las limitaciones que impone un antecedente por abuso a menores.

Las familias de los residentes, según relatan trabajadores, empiezan a mostrar signos de inquietud. En centros de atención a personas con discapacidad la confianza entre usuarios, familias y plantilla es un pilar; cuando esa confianza se ve afectada, el clima asistencial se resiente y la calidad de la atención corre riesgo. El miedo no siempre es racional, pero sí real: muchos usuarios apenas tienen recursos para expresar malestar o formular quejas, de modo que la prevención adquiere una dimensión adicional.

Los próximos pasos dependen en gran medida de las decisiones de la Consellería y de la gestión de las listas de contratación. Sería esperable que la Administración revisara los cauces de asignación de sustituciones en servicios esenciales y que ofrezca transparencia sobre los controles de antecedentes que se aplican a quienes desempeñan tareas con colectivos protegidos. También corresponde a los sindicatos y a la representación de trabajadores plantear medidas que garanticen tanto la seguridad de usuarios como los derechos laborales.

En Galicia, episodios similares han reavivado debates sobre el acceso al empleo público tras condenas por delitos sexuales y la necesidad de mecanismos que concilien reinserción y protección social. La experiencia muestra que la solución no es única: exige coordinación entre servicios sociales, recursos humanos y justicia, además de diálogo con familias y plantillas para reconstruir confianza.

Mientras tanto, en Chapela el reloj sigue su curso. El centro continúa atendiendo a sus residentes; los profesionales tratan de mantener la normalidad en el día a día, pero admiten que la sombra de una potencial incorporación altera turnos, aumentos de carga laboral y el ambiente laboral. A falta de movimientos administrativos, la plantilla aguarda una respuesta que despeje dudas y, sobre todo, garantice la seguridad de quienes viven allí. El reto es encontrar una salida que respete la ley, proteja a los más vulnerables y no deje a nadie en la periferia de la reinserción social.