El Gobierno español cesó ayer a la embajadora en Israel, Ana Sálomon, y rebajó la representación diplomática en Tel Aviv al nivel de jefa de negocios, una medida que, según explicó el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, responde a dos motivos principales: la reciprocidad diplomática y la reiteración de «injurias y calumnias» emitidas por miembros del Ejecutivo israelí. La decisión, anunciada tras contactos bilaterales y comunicada públicamente en una entrevista en RTVE, implica que España no tendrá embajador en Israel por tiempo indefinido y equipara la representación israelí en Madrid, que ya estaba encabezada por una encargada de negocios.

El primer motivo es estrictamente técnico: la legación israelí en Madrid se encuentra sin embajador y está dirigida por un número dos, por eso Madrid ha decidido responder con la misma fórmula en su misión en Tel Aviv. Esta forma de represalia, común en la práctica diplomática, reduce la visibilidad política de la relación sin llegar a romper completamente los canales oficiales. El Ejecutivo subraya que la medida pretende preservar la posibilidad de diálogo mientras manifiesta el malestar del Estado español por las actuaciones públicas de varios responsables israelíes.

Sobre el segundo motivo, Albares sostuvo que España ha tratado de mantener «las mejores relaciones posibles» con Israel pese a que, en su juicio, ha recibido reiteradas afrentas desde miembros del Gobierno de Benjamín Netanyahu. El ministro describió esas manifestaciones como ataques dirigidos contra España y su pueblo que han ido acumulándose en las últimas semanas y semanas, y cuya intensidad llevó al Ejecutivo a tomar una decisión que busca defender la dignidad y la posición del país. La explicación pública se produjo en un contexto marcado por una tensión diplomática que se alimenta de afirmaciones cruzadas y reproches sobre la política exterior española.

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En el origen inmediato de la tensión figura un mensaje difundido en la red social X por el ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar, que cuestionó públicamente al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, acerca de si estaba en el «lado correcto» de la historia, en relación con las posiciones españolas sobre el conflicto en Oriente Próximo y las denuncias sobre el uso de bases militares. Saar citó asimismo reacciones de terceros —según su relato— que habrían mostrado su agradecimiento a España por su postura, un argumento que ha contribuido a elevar el tono del enfrentamiento verbal entre ambos gobiernos.

Fuentes del Ejecutivo aclaran que la decisión no es una ruptura total de relaciones: los consulados y los servicios consulares seguirán funcionando y los canales técnicos de cooperación quedan abiertos, pero la retirada del embajador transmite con nitidez la protesta oficial. La medida tiene además un componente estratégico: al rebajar la representación se limita la presencia de interlocutores de más alto nivel, lo que puede complicar la coordinación en asuntos de seguridad y cooperación pero conserva la posibilidad de restablecer el nivel anterior si cambian las circunstancias.

El Gobierno español ha insistido en que su política exterior se apoya en el derecho internacional y en la defensa de los derechos humanos, y ha querido desvincular esta decisión de otros debates internos al subrayar que responde a un patrón sostenido de declaraciones públicas por parte de autoridades israelíes. En el lado israelí, la presencia prolongada de una encargada de negocios en la embajada de Madrid ya señalaba una distensión previa; la reciprocidad adoptada por España formaliza ahora esa desactivación temporal del nivel político más alto.

La reacción internacional no se ha hecho esperar: analistas diplomáticos señalan que la medida española es coherente con prácticas habituales entre Estados cuando se producen agravios mutuos, pero advierten de que puede endurecer tensiones en un momento de extrema sensibilidad en la región. Entre los riesgos están el enfriamiento de la cooperación en seguridad y antiterrorismo, y la complicación de iniciativas multilaterales en las que ambos países pueden tener intereses coincidentes.

En los próximos días, el Gobierno seguirá evaluando la evolución de los acontecimientos y las declaraciones que vayan produciéndose desde Tel Aviv, apostando por la proporcionalidad en sus respuestas, según explican en Moncloa. Albares dejó claro que la reversibilidad de la medida depende del comportamiento de las autoridades israelíes, y que cualquier restablecimiento de la normalidad diplomática requerirá gestos claros que permitan recuperar la confianza perdida. Mientras tanto, España afronta una fase de relaciones bilaterales marcadas por la prudencia y la voluntad de defender su posición pública en el escenario internacional.