El Instituto Nacional de Ciberseguridad ha alertado este 10 de marzo de 2026 sobre una campaña masiva de correos electrónicos fraudulentos que extorsionan a usuarios en toda España exigiendo el pago en criptomonedas para no difundir supuestos vídeos íntimos. Los mensajes, enviados de forma automatizada, amenazan con compartir el material con los contactos de la víctima y buscan forzar pagos mediante tácticas de miedo. La investigación del centro apunta a que no existe ningún material gráfico y que las amenazas responden a un montaje diseñado para provocar una reacción impulsiva.

Según el análisis técnico aportado por el instituto, los correos sostienen la coartada de haber instalado un software espía o de haber accedido a la cámara del dispositivo, pero carecen de pruebas que respalden esa afirmación. Los estafadores piden cantidades concretas en bitcoin que oscilan entre 750 y 950 dólares, y se apoyan en datos antiguos filtrados para dar apariencia de verosimilitud a sus textos. La estructura del ataque es homogénea: mensajes con fórmulas de intimidación, señuelos de autenticidad y exigencias de pago en plazos cortos.

Los expertos que han revisado los envíos destacan que se trata de un fraude automatizado y no de una intrusión real en los sistemas de las víctimas. En muchos casos los correos incorporan fragmentos de información personal obtenida en fugas de datos previas para sembrar dudas, pero el examen forense no ha detectado pruebas de acceso a cámaras ni de exfiltración de archivos multimedia. La ausencia de enlaces o ficheros comprometidos en el correo y la repetición de plantillas entre distintos afectados refuerzan la tesis del montaje.

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La estrategia de los delincuentes persigue provocar un estado de pánico y acortar el tiempo de reflexión: los mensajes suelen fijar plazos de entre 48 y 50 horas para efectuar el pago, lo que dificulta que la víctima contraste la información o reciba asesoramiento. Esa presión temporal se combina con amenazas verbales y referencias a contactos personales para multiplicar la sensación de vulnerabilidad. Las autoridades advierten de que ceder a la extorsión no garantiza la eliminación del supuesto material y que, además, financia redes delictivas.

El Incibe recomienda a quienes reciban este tipo de correos que no respondan ni realicen pagos y que remitan los mensajes al propio instituto para su análisis. Para las personas que ya han abonado la cantidad exigida aconseja conservar todas las pruebas posibles: correos, capturas de pantalla de transferencias y cualquier comunicación con los extorsionadores, y presentarlas ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La Guardia Civil también se ha hecho eco de la alerta en redes sociales, subrayando la importancia de no caer en el chantaje.

Además, el instituto sugiere medidas prácticas para comprobar la existencia real de material comprometedor: buscar el propio nombre en buscadores —ego surf— y verificar redes y servicios donde pudieran haberse publicado imágenes. En caso de localizar contenidos se puede solicitar la retirada cursando los procedimientos de eliminación de datos y ejerciendo los derechos de protección de la intimidad y del llamado “derecho al olvido”. Para muchos usuarios, solicitar asesoramiento legal o técnico antes de tomar decisiones económicas es clave.

Estos episodios de sextorsión se inscriben en una oleada más amplia de estafas por correo que afectan tanto a particulares como a empresas y en la que los delincuentes explotan el miedo a la exposición pública. Los especialistas alertan de que campañas similares han circulado en otros países y que los mecanismos de ingeniería social son cada vez más sofisticados en el uso de información filtrada. El impacto psicológico en las víctimas puede ser elevado, por lo que las autoridades recuerdan la importancia de ofrecer apoyo y canales seguros para denunciar.

La recomendación final de las autoridades es mantener la calma, no efectuar pagos y denunciar inmediatamente si se recibe una extorsión de este tipo, aportando toda la documentación disponible. Incibe y la Guardia Civil insisten en que el pago no garantiza la desaparición del supuesto material y que la colaboración ciudadana con los organismos de seguridad es esencial para detectar y frenar estas campañas. Con la alerta pública del 10 de marzo, los cuerpos técnicos esperan reducir nuevas víctimas y desactivar la maquinaria de estos fraudes.