La Sección Penal de la Audiencia Provincial de Lugo aplazó este martes el juicio contra nueve hombres acusados de vender vehículos fraudulentos en Sarria y otras provincias, después de que uno de los imputados no se presentara a la vista. La Fiscalía, que reclama penas de cárcel y multas, solicitó que el absentista sea conducido por las fuerzas y cuerpos de seguridad en la próxima convocatoria para garantizar su comparecencia. El procedimiento, relacionado con la llamada Operación Carroza, se instruye por una estafa que habría afectado a 37 compradores y asciende a 403.699 euros de perjuicio económico, según el escrito acusatorio.

El juicio, inicialmente fijado para septiembre de 2024 y ya suspendido entonces por una petición de la defensa, volvió a quedar sin fecha definitiva al acordar todas las partes un aplazamiento tras constatar la ausencia de uno de los procesados. Tanto acusaciones como letrados de la defensa solicitaron la suspensión, extremo que el tribunal aceptó; la Fiscalía pidió además que se adopten medidas para que en la próxima ocasión el acusado sea trasladado forzosamente si persiste su incomparecencia. La vista preliminar había congregado a los imputados y a sus abogados en la sede judicial de Lugo antes de la decisión.

La acusación pública imputa a los nueve procesados delitos de pertenencia a organización criminal, estafa continuada y blanqueo de capitales y reclama penas que oscilan entre los dos y los trece años de prisión. Además de las penas de privación de libertad, el ministerio fiscal solicita multas individuales que van desde 7.200 hasta 26.000 euros —cantidad que supera los ciento diez mil euros en su conjunto— y pide la responsabilidad civil por parte de varios integrantes de la trama. En concreto, la Fiscalía reclama que los dos supuestos cabecillas y cuatro miembros respondan mancomunadamente con más de 320.000 euros en concepto de indemnizaciones a las víctimas.

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El motivo central de la acusación es un entramado que, entre 2015 y 2016, publicó anuncios en portales de compraventa —y en algunos casos en páginas creadas por los propios imputados— ofreciendo vehículos importados de Alemania. Según el relato del fiscal, los anuncios promocionaban turismos de alta gama, principalmente de marcas como BMW, Audi y Mercedes, aunque los coches nunca eran entregados o, cuando se entregaban, presentaban características sensiblemente distintas a las pactadas, con el consiguiente menoscabo del valor real.

La trama habría funcionado con roles diferenciados: dos personas actúan como cabecillas, cuatro participan activamente en la ejecución de las ventas fraudulentas y los tres restantes facilitan cuentas bancarias para recibir transferencias. Estos últimos, sostiene la Fiscalía, recepcionaban los ingresos y después retiraban el efectivo o lo transferían a otras cuentas, pese a tener “serias y fundadas sospechas” sobre la procedencia ilícita de los fondos, según el escrito de acusación. Ese mecanismo, subrayan los investigadores, permitió camuflar el rastro del dinero y complicó la recuperación de fondos por parte de los perjudicados.

Las víctimas afectadas proceden de distintas comunidades autónomas, de modo que la actuación del grupo tuvo alcance nacional y provocó reclamaciones y denuncias en varias provincias además de Lugo. Los compradores, en muchos casos, adelantaron parte o la totalidad del precio pactado y nunca llegaron a recibir el vehículo anunciado. La complejidad de las transferencias y la participación de terceros titulares de cuentas han sido elementos relevantes en la instrucción para desligar la autoría y atribuir responsabilidades penales.

En la sala se pudo ver a varios acusados acompañados por sus abogados antes de la suspensión, aunque la ausencia del imputado que motivó el aplazamiento fue determinante para convocar una nueva fecha. La petición de la Fiscalía para que en la próxima vista el absentista sea trasladado por la policía responde al interés de evitar dilaciones y garantizar la celebración del juicio, han explicado fuentes judiciales. El juez deberá decidir ahora el calendario procesal y las medidas concretas para asegurar la comparecencia del imputado ausente.

El caso se enmarca en una serie de investigaciones por estafas vinculadas a la venta online de vehículos que en los últimos años han copado la atención de los tribunales en Galicia y en el resto de España. Para las víctimas, la suspensión vuelve a prolongar la espera de una resolución y la posibilidad de recuperar parte de lo perdido; para la Fiscalía, el aplazamiento no cambia la línea acusatoria ni las solicitudes de pena y reparación formuladas en el escrito de calificación.