La Prefectura Naval argentina sorprendió en los últimos días al arrastrero identificado como Hai Xing 2 dentro de la Zona Económica Exclusiva de Argentina (ZEEA), en lo que las autoridades sudamericanas consideran indicios de pesca ilegal. El hallazgo se produce en un caladero que es clave para la flota gallega, donde operan cerca de 60 barcos con licencia y en el que se han registrado capturas récord de calamar Illex en los dos primeros meses del año.

El hecho: un arrastrero de nueva construcción detectado en aguas argentinas

La embarcación intervenida, de 59 metros de eslora, navegaba con bandera de conveniencia de Vanuatu y figura, en los registros societarios a los que ha tenido acceso este diario, vinculada a la armadora Ever Fast Pte. Limited. Construida en 2025 y llegada al caladero desde Ciudad del Cabo, el Hai Xing 2 fue detectado a menos de seis nudos en el entorno del Golfo San Jorge, con patrones de desplazamiento que la Prefectura considera compatibles con maniobras de arrastre.

A falta de confirmación de sanciones todavía publicadas, la operación se suma a otro caso reciente: el arrastrero Bao Feng, de la misma sociedad y características similares, también fue interceptado en enero por la autoridad marítima argentina. Ambos buques son, según las fuentes consultadas, ejemplos de la nueva generación de arrastreros de gran capacidad que están recalando en caladeros del hemisferio sur.

En el terreno, la preocupación es doble: por un lado, la posible depredación de recursos; por otro, la presión sobre las embarcaciones con licencia, entre ellas numerosas con base en Galicia. No es la primera vez que las autoridades argentinas aperciben a pesqueros extranjeros por faenar cerca de la llamada Milla 201, la franja justo más allá de las aguas jurisdiccionales del país donde suelen concentrarse centenares de buques, mayoritariamente asiáticos según la estadística local.

Un caladero estratégico y datos que muestran abundancia —por ahora

El caladero en cuestión es un punto estratégico para la pesca de Illex (calamar) y de Hubbsi (merluza), especies que sostienen a buena parte de la flota gallega dedicada a faenas de altura. La Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Acuicultura de Argentina difundió a mitad de marzo que las capturas de Illex en enero y febrero alcanzaron las 123.679 toneladas, una cifra que, traducida a ritmo, supone que en solo dos meses se ha extraído el 60% de lo capturado en todo 2025. En paralelo, las descargas de merluza muestran subidas notables: un 21% en la zona sur (S41) y un 96% en el norte (N41).

«La captura del calamar del primer bimestre de 2026 es récord histórico y ya duplicó la del año pasado», reconoció la administración pesquera argentina.

Esos datos podrían leerse como un síntoma de buena productividad del caladero. Sin embargo, la abundancia actual no tranquiliza a los armadores que operan con cuotas y controles: la sostenibilidad solo se mantiene si la explotación se ajusta a los planes y a la normativa. En el caso de Galicia, comunidades y empresas llevan décadas de vínculos operativos y económicos con el caladero argentino; de Marín a Vigo, las tripulaciones y los astilleros siguen de cerca lo que sucede a varios miles de kilómetros.

Fuentes del sector gallego recuerdan que embarcaciones como el Fakir (Freiremar) y el Playa da Cativa (Moradiña) recibieron apercibimientos hace semanas durante refuerzos de vigilancia por parte de la Prefectura. Ese incremento de controles por parte de Argentina pretende, según sus declaraciones públicas, poner freno a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (IUU, por sus siglas en inglés) que agrede la coherencia de los planes de gestión.

Antecedentes, banderas de conveniencia y rutas desde África

Los casos recientes forman parte de una tendencia más amplia: embarcaciones asiáticas que, amparadas en registros en terceros países, circulan por caladeros lejanos y, en ocasiones, al margen de las normas. El uso de banderas de conveniencia como la de Vanuatu complica la trazabilidad y el ejercicio de sanción. Además, la llegada de buques de nueva construcción desde puertos africanos —en particular desde Ciudad del Cabo— subraya la internacionalización y el relevo tecnológico de gran parte de la flota que faena en el Atlántico sur.

Históricamente, Galicia ha mantenido una relación muy estrecha con las aguas argentinas. No solo por la presencia constante de pesqueros gallegos, sino también por la red de empresas auxiliares: suministros, reparaciones y tripulaciones que se forman a ambos lados del Atlántico. Por eso, cualquier cambio en la gestión del caladero o en la intensidad de la vigilancia tiene efectos inmediatos en comunidades como Vigo, Marín y A Coruña.

La Prefectura Naval, por su parte, ha ido incrementando la visibilidad de sus operativos y las notificaciones a embarcaciones que faenan en la franja exterior. Aún así, operadores y técnicos advierten sobre prácticas como el apagado o manipulación de sistemas de identificación automática (AIS), el empleo de pseudónimos societarios o el re-abanderamiento inmediato como brechas que deben cerrarse a escala internacional.

Repercusiones para la flota gallega y pasos a seguir

En el corto plazo, la respuesta más inmediata es la diplomática y la operativa: España y Argentina tienen canales de comunicación sobre pesca, pero la presión se traslada a foros multilaterales y a la exigencia de controles portuarios más estrictos. Los armadores gallegos, que operan con licencias y cuotas, no solo temen por la reducción de recursos: también por la competencia desleal que suponen estas prácticas para quienes cumplen la normativa y por el riesgo reputacional de ver enjuiciada la actividad en territorios donde históricamente han trabajado.

Desde el punto de vista técnico, el fortalecimiento del seguimiento por satélite, el intercambio de información AIS entre Estados ribereños y medidas más vulnerables a las banderas de conveniencia son pasos necesarios. A la vez, la Unión Europea podría intensificar controles en sus puertos para impedir que desembarquen capturas procedentes de actividades no autorizadas, una herramienta que ya ha mostrado eficacia en el pasado.

Para las comunidades gallegas ligadas al mar, la lección es clara: la sostenibilidad y la seguridad de la actividad no dependen únicamente de la gestión local, sino de la coordinación internacional. Quienes faenan legalmente en la ZEE argentina esperan que las autoridades ribereñas sigan afinando la vigilancia; a su vez, piden que los gobiernos y las organizaciones pesqueras eleven el listón de las reglas y la cooperación.

El episodio del Hai Xing 2 no es un hecho aislado, y alimenta un debate que combina biología pesquera, derecho marítimo y diplomacia. A falta de sanciones públicas definitivas, la industria gallega permanece atenta: de ello depende no solo la viabilidad de la campaña actual, sino también la conservación a largo plazo de un caladero que, manejado con mesura, sigue siendo un vergel en medio del Atlántico.