La Asociación de Empresarios del Transporte de Pontevedra (Asetranspo) alertó el 14 de marzo de 2026 de que el encarecimiento del gasóleo está tensando la actividad en la provincia y pidió a las empresas y autónomos que eviten paros que agraven la cadena logística. La organización atribuye la subida, en buena parte, a la crisis internacional derivada de la guerra en Oriente Medio, y reclama el uso de mecanismos contractuales para repercutir el sobrecoste. En su apelación, la patronal local combina la reclamación de medidas públicas con instrucciones prácticas para que el sector mantenga el flujo de mercancías.

El presidente de la agrupación provincial, Ramón Alonso, explicó que el combustible ha subido en torno a 43 euros por camión desde finales de febrero, lo que supone un aumento cercano al 40% en el gasto medio por vehículo. Ese salto, dijo la asociación, resulta ya «insostenible» para muchas empresas de la provincia, sobre todo para las pymes y los autónomos con contratos de márgenes ajustados. Asetranspo insiste en que existe una cláusula de revisión del precio del gasóleo en los contratos que debería activarse para no asumir íntegramente el impacto.

Ante los anuncios de algunos transportistas de interrumpir la actividad si el precio sigue escalando, la asociación ha optado por evitar medidas de fuerza masivas y, en su lugar, aconseja a los socios a solicitar apoyo para calcular y aplicar la revalorización de las tarifas. La entidad ofrece asesoramiento para que las reclamaciones sean precisas y ajustadas a lo que permita la ley, con el objetivo de que las facturas reflejen el coste real sin sobrecompensaciones. Según Asetranspo, coordinar estas actuaciones evitaría disputas comerciales que podrían derivar en cargas rechazadas en origen.

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En el plano estatal, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se reunió esta semana con representantes del sector para estudiar medidas de alivio puntuales. El Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) ha pedido auxilios directos para atenuar el golpe inicial, entre ellos una ayuda de 1.500 euros por vehículo y una bonificación por litro similar a la aplicada en 2022, que en su propuesta actual se sitúa en 0,25 euros por litro actualizada por IPC. Las propuestas buscan ofrecer un alivio inmediato mientras se evalúa una respuesta fiscal más estable.

El aumento del gasóleo no sólo afecta al transporte de mercancías: la pesca, la hostelería y otros servicios locales ya registran tensiones que podrían trasladarse a precios finales. El sector pesquero fue de los primeros en alzar la voz ante el incremento de costes operativos, y los hosteleros reclaman que se contemple la rebaja de impuestos especiales a la energía para contener la inflación. En Pontevedra, algunas asociaciones empresariales locales reconocen previsiones positivas para fechas concretas como el puente del Día del Padre, pero admiten inquietud por la evolución de la demanda en la Semana Santa si la tendencia alcista no se corrige.

El recurso a la cláusula del gasóleo en los contratos mercantiles se presenta, para Asetranspo, como la vía más inmediata para trasladar el coste al contratista que corresponda, evitando así paradas que causarían mayores perjuicios logísticos y económicos. En la práctica, sin embargo, la aplicación no es sencilla: existen empresas que se niegan a aceptar recargos y transportistas que temen perder clientes si elevan sus tarifas. Por ello, la asociación insiste en que cualquier ajuste vaya acompañado de documentación y cálculos transparentes para dirimir conflictos con rapidez.

Si el conflicto en Oriente Medio se prolonga, los analistas consultados por la patronal gallega advierten del riesgo de que el encarecimiento de los combustibles encadene subidas en costes de producción y transporte que terminen afectando al consumidor. La combinación de costes energéticos, presiones inflacionistas y cuellos de botella logísticos podría reducir márgenes empresariales y endurecer las condiciones de suministro en sectores sensibles. Por eso, las organizaciones empresariales reclaman a las autoridades una respuesta coordinada que combine medidas temporales y reformas estructurales en el mercado energético.

Mientras tanto, Asetranspo mantiene la recomendación de no recurrir a paros generalizados y se ofrece como intermediaria para que las reclamaciones tarifarias se tramiten de forma ordenada. La asociación subraya que el objetivo es proteger la actividad económica de la provincia y garantizar que el transporte siga abasteciendo a la industria y al comercio sin provocar rupturas en la cadena de suministro. La decisión final sobre ayudas y bonificaciones corresponde al Gobierno, pero en el ámbito local priman, por ahora, las llamadas a la contención y a la coordinación entre empresas y clientes.