En la segunda jornada del Debate sobre el estado de la nacionalidad canaria, celebrada el 11 de marzo de 2026 en Santa Cruz de Tenerife, Casimiro Curbelo, líder y portavoz de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), ofreció este miércoles su respaldo explícito al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y reclamó unidad para afrontar lo que definió como tiempos turbulentos en el Archipiélago. Curbelo apeló a priorizar la claridad en el diagnóstico y la adopción de decisiones concretas sobre el ruido político, y subrayó la necesidad de colocar a la ciudadanía por delante de las siglas partidarias.

El dirigente gomero recordó su trayectoria política y los apoyos que ha prestado en el pasado al Ejecutivo regional, en particular su participación en el conocido como ‘pacto de las flores’ en la anterior legislatura y el respaldo a Clavijo en 2017 cuando el entonces presidente rompió con el PSOE para gobernar en minoría. Ese antecedente, explicó Curbelo, justifica la posición de su formación a la hora de procurar estabilidad institucional en un escenario marcado por la polarización nacional.

Curbelo instó a los diputados autonómicos a que moderen la defensa de las siglas y se vuelquen en atender las demandas de quienes les votaron, en referencia a una percepción extendida de desconexión entre política y ciudadanía. A juicio del líder de ASG, las formaciones políticas están capacitadas para defenderse por sí mismas, pero quienes ocupan escaños deben recordar que su principal responsabilidad es resolver problemas concretos, no ganar batallas retóricas.

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Durante su intervención en el hemiciclo, el líder insular puso el acento en la estabilidad que, según él, ha aportado el actual acuerdo entre Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP), ASG y Asamblea Herreña Independiente (AHI). Curbelo afirmó que ese pacto ha permitido legislar y planificar con responsabilidad, aunque reconoció que aún persisten retos estructurales que exigen actuaciones decididas por parte del Ejecutivo.

Entre esas asignaturas pendientes destacó la que calificó como la gran contradicción de la economía canaria: la capacidad para generar riqueza que no se traduce en una distribución adecuada entre la población. El dirigente insistió en que la mejora de la gobernanza debe traducirse en políticas redistributivas y en medidas que ataquen la pobreza estructural que afecta a distintos sectores y territorios del Archipiélago.

Con la vista puesta en el horizonte electoral de 2027, Curbelo lanzó una advertencia: si dentro de tres años la comunidad sigue discutiendo con resignación las mismas carencias sociales, el balance será de fracaso compartido por todas las fuerzas políticas. Esa reflexión pretende, según él, incentivar acuerdos de largo recorrido y evitar que la agenda pública se reduzca a confrontaciones que no producen soluciones tangibles.

La intervención del líder de ASG se enmarca en una estrategia más amplia del Ejecutivo regional, que en los últimos meses ha reclamado consenso para responder a desafíos como la inflación, la crisis del mercado laboral y la precariedad en áreas clave de la economía canaria. El apoyo público de Curbelo fortalece la posición de Clavijo en el Parlamento, donde el presidente ha venido reclamando precisamente pactos amplios como antídoto frente a los discursos populistas.

Fuentes del grupo parlamentario de ASG subrayaron tras la sesión que la formación mantiene una posición de colaboración con el Gobierno siempre que se avance en medidas concretas para mejorar la vida de la ciudadanía y se preserve la autonomía insular en la toma de decisiones. Desde la oposición, por su parte, algunos portavoces han criticado que ese respaldo tape discrepancias internas, si bien no han cuestionado la necesidad de abordar los problemas sociales planteados por Curbelo.

La jornada en el Parlamento canario dejó, en definitiva, el mensaje de que la búsqueda de acuerdos y la priorización de políticas públicas sobre el ruido político serán determinantes en los próximos años. Curbelo concluyó su intervención instando a la sensatez y a la responsabilidad colectiva, con la advertencia de que el tiempo para actuar es limitado si se quiere evitar que la pobreza estructural marque el punto de inflexión negativo de la legislatura.