Entre 2019 y 2024 las autoridades españolas coordinaron la destrucción de más de 3.300 toneladas de drogas intervenidas, buena parte de ellas quemadas en la planta de tratamiento térmico de Cogersa, en Oviedo, según datos oficiales. El proceso se realiza bajo la coordinación del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) y con autorización judicial y fiscal, que exige la toma de muestras antes de la eliminación. Las instalaciones, concebidas para el tratamiento de residuos peligrosos, emplean hornos industriales a altas temperaturas para garantizar la destrucción efectiva de estupefacientes. Esta cadena de actuación busca impedir que los decomisos vuelvan al circuito delictivo y preservar pruebas para las investigaciones.

El Ministerio del Interior atribuye a la colaboración entre CITCO, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los órganos judiciales el volumen de material destruido en los últimos seis años. Además de Cogersa, existen otras instalaciones —incluida una en Toledo— donde se realiza la incineración, lo que amplía la capacidad de respuesta frente al incremento de decomisos. Las cifras oficiales evidencian que las infraestructuras destinadas al tratamiento térmico se han convertido en un eslabón central de la política contra el narcotráfico. Los protocolos de destrucción incluyen actas, custodia y testigos, para mantener la trazabilidad del material hasta su eliminación.

La planta de Cogersa, inaugurada en 2003, está catalogada como horno incinerador para residuos peligrosos y fue diseñada inicialmente para la gestión de residuos hospitalarios y subproductos cárnicos. Su capacidad de tratamiento se sitúa en torno a una tonelada por hora y dispone de un turbogrupo que permite recuperar parte de la energía generada, con una potencia declarada de 1.000 kilovatios. El proceso de destrucción consiste en introducir los estupefacientes en contenedores que son alimentados al horno o en alimentar los hornos a granel mediante sistemas mecánicos. Los hornos operan a temperaturas que oscilan entre los 850 y los 1.100 grados, bajo la supervisión técnica de los operadores y con controles de emisiones para cumplir la normativa ambiental.

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La logística para llevar las drogas a estas plantas incorpora medidas de seguridad especiales: convoyes custodios, embalajes precintados y documentación que acredita la procedencia y la cantidad del material. Antes de la incineración, peritos y fuerzas de seguridad someten las sustancias a muestreos forenses para preservar pruebas que puedan servir en procesos judiciales. A pesar de estos controles, las autoridades reconocen que la complejidad de las operaciones obliga a mantener protocolos estrictos y revisarlos periódicamente para evitar irregularidades. La implicación de múltiples organismos pretende reducir al máximo cualquier riesgo de sustracción o manipulación.

No obstante, la supuesta actuación irregular atribuida al jefe de Estupefacientes de Valladolid ha puesto en cuestión esa salvaguarda. Según informaciones publicadas por El Norte de Castilla, el investigado habría hecho creer que quemaba en Cogersa 50 kilos de cocaína que, más tarde, aparecieron en el domicilio de una presunta traficante. La Policía judicial mantiene una investigación para dilucidar cómo pudo producirse esa discrepancia y si existió manipulación de la cadena de custodia. El caso ha provocado que los mecanismos de control y supervisión estén bajo especial escrutinio.

Fuentes oficiales insisten en que la norma exige la intervención de jueces y fiscales en cada destrucción y que las muestras tomadas garantizan que parte del material quede a disposición de las investigaciones. Aun así, investigadores y expertos sostienen que episodios como el ahora investigado obligan a reforzar las auditorías internas, el seguimiento documental y los registros audiovisuales durante el proceso. La transparencia en estos procedimientos, subrayan, es clave para preservar la confianza pública y la eficacia de las operaciones contra el crimen organizado.

El volumen total de drogas destruidas en los últimos años refleja, por un lado, la eficacia de las operaciones policiales y, por otro, la magnitud del problema del narcotráfico en España. En la pasada década las plantas utilizadas para estas tareas llegaron a incinerar cerca de 300 toneladas al año, una cifra que ha obligado a diversificar y ampliar la capacidad técnica. Las autoridades defienden que contar con instalaciones adecuadas y coordinación interinstitucional es imprescindible para que los decomisos no terminen alimentando de nuevo el mercado ilícito.

Mientras la investigación sobre la presunta falsificación del acto de incineración sigue abierta, responsables del CITCO y de los cuerpos policiales han reiterado su compromiso con la trazabilidad y la legalidad de los procesos. Fuentes judiciales señalan que será la instrucción la que determine si se cometieron irregularidades y establecerá responsabilidades en su caso. En el plano institucional, la combinación de mejoras técnicas, controles más exhaustivos y cooperación entre administraciones aparece como la hoja de ruta para evitar que hechos como el denunciado pongan en peligro una herramienta clave en la lucha contra las redes de tráfico de drogas.