La Consellería de Sanidade y el sindicato médico O’Mega retomaron este lunes la mesa de negociación en Santiago con una reunión que se prolongó más de cuatro horas y que, según ambas partes, transcurrió en un clima de “voluntad negociadora”. La convocatoria indefinida, que se mantiene desde el 2 de marzo, sigue activa mientras las conversaciones prosiguen mañana; los servicios sanitarios y los pacientes sienten ya el impacto de las consultas suspendidas.
Un encuentro largo y, por ahora, tenso en su resultado
Los portavoces del sindicato describieron el cara a cara como celebrado en “un ambiente constructivo y de respeto”, una apreciación acompañada por la versión oficial de la Consellería, que en boca de su secretaria xeral técnica, Natalia Lobato, habló de “normalidad y cordialidad” y agradeció “la voluntad negociadora” del colectivo. No obstante, ambos coincidieron en que la huelga no se levantará hasta que haya un acuerdo por escrito que atienda las demandas planteadas por los médicos de Primaria.
Las reivindicaciones sobre la mesa incluyen, entre otras, la limitación de las agendas médicas, la equiparación de jornada entre distintos niveles asistenciales y la regulación de los turnos en los puntos de atención continuada (PAC). Medidas que el colectivo considera imprescindibles para sostener la atención primaria en poblaciones rurales y urbanas, donde la sobrecarga y el agotamiento del personal llevan años acumulándose.
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Conoce más →En la jornada de hoy el paro fue seguido por el 3,6 por ciento de los facultativos en la mañana y por el 2,8 por ciento en la tarde, cifras bajas en porcentaje, pero con efecto acumulado: el Servizo Galego de Saúde (Sergas) eleva ya a 65.722 las consultas suspendidas desde el inicio de la huelga, mientras que la organización convocante habla de más de 80.000. La semana pasada, por el conflicto paralelo por la reforma del Estatuto Marco, se registraron picos que dejaron cerca de 35.000 actos médicos cancelados en Galicia.
“A diferencia de anteriores conversaciones, ahora hay intención real de hablar y negociar”,
dijeron fuentes sindicales tras la reunión, una lectura que la Consellería matizó señalando la necesidad de “avanzar con responsabilidad” para preservar la atención a la ciudadanía. En Vigo y otros puntos de la comunidad, centros de salud como el de Rosalía de Castro han sido escenario de concentraciones que subrayan la tensión entre profesionales y administración.
Antecedentes: un malestar acumulado en Atención Primaria
El conflicto no nace de la nada. La Atención Primaria en Galicia arrastra deficiencias estructurales: falta de cupos estables, agendas interminables y dificultades para cubrir guardias en el medio rural. A ello se unen las resistencias a cambios laborales que afectan a modalidades de jornada y condición profesional, un debate que ha adquirido escala autonómica en paralelo al rechazo nacional a la reforma del Estatuto Marco.
Políticamente, la crisis ha colocado en el centro del tablero al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y al titular de la Consellería, Antonio Gómez Caamaño. Rueda pidió públicamente que la huelga termine “cuanto antes”, aludiendo al impacto en los tiempos de espera y en la percepción de la calidad asistencial. Desde la oposición, el PSdeG exige medidas inmediatas: un plan de choque con calendarios, auditoría de las derivaciones a la medicina privada y la comparecencia monográfica de Gómez Caamaño en el Parlamento gallego.
En términos de opinión pública, Galicia no sale mal parada del Barómetro Sanitario reciente: la Consellería subraya una valoración de 6,3 sobre diez para la Atención Primaria frente al 6 estatal, y arguye que la población sigue confiando mayoritariamente en la sanidad pública. Eso no impide, sin embargo, que pacientes y profesionales perciban cuellos de botella y desajustes organizativos que explican en buena medida la crispación actual.
Repercusiones y escenarios abiertos: del acuerdo técnico a la presión política
Si la negociación desemboca en cambios concretos —limitación de agendas, regulación de turnos y equiparación de jornadas—, la Xunta intentará presentar un resultado que alivie la presión asistencial y recupere la normalidad en los centros. Pero el calendario político y sanitario marca otros hitos: el Ministerio de Sanidad ha convocado a las comunidades a un Consejo Interterritorial monográfico el próximo 9 de abril para abordar la huelga médica por la reforma del Estatuto Marco, lo que añade una capa de complejidad nacional a lo que, en Galicia, tiene sabor autonómico.
Los colegios de médicos han pedido repetidamente retomar negociaciones y buscar soluciones que eviten seguir acumulando consultas suspendidas. En hospitales como el Chuvi, la tensión se ha trasladado a otras especialidades: hace semanas, el 85% de los cirujanos generales dejaron de realizar horas extraordinarias como protesta por la falta de diálogo, un síntoma de que el malestar se comparte más allá de Primaria.
Analistas sanitarios advierten que cualquier acuerdo puntual debe ir acompañado de medidas estructurales: refuerzos de plantilla, incentivos para la permanencia en áreas rurales y un replanteamiento de la organización de las agendas para garantizar accesibilidad y continuidad. Sin esas reformas, el riesgo de nuevas convocatorias no desaparece.
De cara a las próximas jornadas, la negociación será observada con lupa por profesionales y pacientes. La Xunta y O’Mega han dado un paso que muchos reclamaban: sentarse y hablar largo. Falta ahora traducir ese diálogo en compromisos verificables y calendarios que permitan recuperar la atención suspendida y, sobre todo, devolver cierta previsibilidad a un sistema que muchos gallegos siguen prefiriendo, pero cuyo funcionamiento cotidiano exige correcciones urgentes.
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