Jorge Azcón, presidente de Aragón en funciones y líder del PP autonómico, anunció este miércoles que revisará «todo aquello que sea sospechoso de duda» relacionado con los proyectos que Forestalia desarrolla en la comunidad autónoma. La declaración se produjo durante el homenaje a las víctimas del terrorismo y llega en pleno escándalo por las indagaciones de la Guardia Civil sobre la trama vinculada a las renovables. Azcón vincula el origen del caso al Ministerio para la Transición Ecológica y mostró su disposición a apoyar la reapertura de la comisión de investigación en las Cortes de Aragón.

El jefe del Ejecutivo aragonés en funciones insistió en que el Gobierno autonómico y las Cortes, ahora con presidencia popular, colaborarán «activamente» con la Guardia Civil y la justicia para aclarar los hechos. Azcón subrayó que el PP fue quien propuso la comisión que ya investigó las renovables y sostuvo que, si emergen nuevos datos, la reapertura de esa comisión debe contemplarse. A pesar de las críticas al Ejecutivo central, evitó entrar en medidas concretas sobre contratos o adjudicaciones vinculadas a la empresa aragonesa.

Preguntado sobre el futuro de la relación de la DGA con Forestalia, el presidente no ofreció detalles sobre si se congelarán o revisarán convenios vigentes ni aclaró el destino de dos proyectos estratégicos: el suministro energético previsto para la futura gigafactoría de Stellantis y el ambicioso proyecto Búfalo, destinado a centros de datos. Ambas iniciativas fueron citadas por distintos actores como ejemplos de la presencia industrial y energética de la compañía en la comunidad, pero Azcón no especificó si esas iniciativas sufrirían modificaciones o suspensiones mientras avanza la investigación.

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La causa en la que trabaja la Guardia Civil, conocida como operación Perserte, ha centrado su atención en expedientes de energías renovables aprobados en los últimos años, y Azcón responsabilizó de la «raíz» del problema al Ministerio de Transición Ecológica, que dirigía el Gobierno central bajo la presidencia de Pedro Sánchez. El presidente autonómico lanzó duras críticas al Ejecutivo central por lo que consideró un «escándalo de corrupción», aunque los investigadores no han imputado a ninguna administración autonómica de forma generalizada y la instrucción permanece abierta.

Más contundente en el terreno técnico se mostró la portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, al descartar la realización de una auditoría interna al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga). Vaquero explicó que una revisión administrativa del organismo autonómico «se solaparía» con la investigación policial en curso, y defendió que lo procedente es mantener la colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad para no interferir en las diligencias.

Forestalia, descrita por la propia clase política como un actor relevante en el desarrollo de proyectos de renovables en la comunidad, se halla ahora en el centro del debate sobre transparencia y control de procedimientos. La compañía ha impulsado parques eólicos y plantas solares cuyo encaje en planes industriales como el de Stellantis ha sido explícito en la agenda política; sin embargo, las preguntas sobre la tramitación administrativa y la supervisión de las autorizaciones han vuelto a primer plano a raíz de las actuaciones policiales.

La posible reapertura de la comisión de investigación en las Cortes genera un enfrentamiento político latente: el PP presiona para explorar posibles responsabilidades y el Gobierno autonómico evita por ahora medidas internas que puedan entorpecer la investigación penal. Azcón defendió que su objetivo es «saber la verdad» sobre lo que ocurrió en etapas anteriores de gobierno y reiteró la necesidad de transparencia, aunque sin anunciar cronogramas ni pasos concretos para comprobar contratos o actas administrativas vinculadas a los expedientes cuestionados.

En los próximos días, Aragón seguirá de cerca el avance de la operación Perserte y la respuesta de los partidos en las cámaras autonómicas, que deberán decidir si admiten la reapertura de la comisión propuesta por el PP. Mientras tanto, la DGA apuesta por la cooperación con la justicia y evita actuaciones paralelas que puedan perjudicar la investigación, una postura que mantiene en tensión la demanda de explicaciones públicas y la cautela ante posibles interferencias en las diligencias en curso.