El Ayuntamiento de Alicante, dirigido por el alcalde Luis Barcala, ha pospuesto la constitución de la comisión municipal que investigará el escándalo de las viviendas protegidas en Les Naus, prevista para esta semana. El gobierno local ha decidido esperar a la conclusión de los expedientes informativos abiertos a funcionarios vinculados con la promoción, cuyos trámites aún no han finalizado. La decisión se adoptó ante la expectativa de que se completen los interrogatorios en las próximas jornadas y así poder fijar una fecha definitiva. La paralización ha reavivado las críticas sobre la gestión y la transparencia del proceso.

El vicealcalde y portavoz adjunto del equipo de gobierno, Manuel Villar, admitió que la intención era iniciar la comisión esta misma semana, pero que los expedientes internos impiden avanzar. Según fuentes municipales, algunos de los interrogatorios pendientes se han retrasado por bajas médicas y por la necesidad de cerrar las averiguaciones formales antes de llevar el caso al órgano investigador. Villar trasladó que, si los expedientes se concluyen en los próximos días, el Ayuntamiento fijará la fecha de la comisión. Esta posición pone el foco en la tensión entre la urgencia política y las garantías procesales.

Aun así, el ejecutivo local ya ha tomado medidas parciales contra funcionarios con relación a la promoción de Les Naus. El arquitecto municipal Francisco Nieto fue apartado de sus responsabilidades en la redacción del futuro Plan General, mientras que la técnica Elsa Lloret recibió la instrucción de no intervenir en expedientes relacionados con Vivienda de Protección Pública. Estas decisiones, comunicadas por el Ayuntamiento, se producen pese a que el gobierno popular había sostenido en un primer momento que no aplicaría sanciones hasta conocer las conclusiones de las investigaciones. La discrepancia entre la retórica inicial y los actos concretos ha generado críticas y preguntas sobre los criterios empleados.

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El origen del conflicto se sitúa en la promoción de Les Naus, cuya gestión y reparto de viviendas protegidas fue desvelada por el periódico INFORMACIÓN y divulgada en distintos medios, lo que motivó la apertura de pesquisas. El caso saltó a la opinión pública tras conocerse que algunas plazas vinculadas al régimen de protección habrían sido adjudicadas a personas relacionadas con la administración, y ya se han registrado renuncias a adjudicaciones en las primeras unidades. La polémica ha tenido un efecto inmediato en la presión política y social para aclarar si hubo irregularidades en el proceso de asignación.

Además de la comisión, hay otros frentes abiertos que el gobierno municipal no ha cerrado. No se han registrado avances significativos en el convenio con la Generalitat que regularía el derecho de tanteo y retracto sobre estas viviendas, una herramienta que permitiría al ejecutivo autonómico o local intervenir en determinadas transmisiones. Tampoco está lista la normativa que prohibiría de forma expresa que cargos públicos accedan a Vivienda de Protección Pública, un requisito que muchos consideran esencial para evitar conflictos de interés. Estos asuntos administrativos y normativos se han convertido en piezas clave para reconstruir confianza en la gestión de la vivienda pública.

La demora en avanzar estos expedientes ha suscitado reproches de los grupos de la oposición y de asociaciones vecinales, que exigen mayor celeridad y una investigación exhaustiva y transparente. Desde el gobierno de Barcala rechazan que la paralización responda a una voluntad de dilación y defienden que se prioriza el cumplimiento de los trámites administrativos para no perjudicar la investigación. Ciudadanos y colectivos sociales han reclamado que la comisión, cuando se constituya, tenga acceso a toda la documentación y la capacidad de llamar a comparecer a los responsables municipales implicados.

Más allá de la política local, el caso de Les Naus plantea preguntas sobre los mecanismos de control en las promociones de vivienda protegida y sobre la necesidad de blindar procedimientos para evitar que cargos públicos se beneficien de recursos públicos. Expertos consultados en otros casos similares señalan que una comisión con plenos poderes de investigación y un convenio claro con la Generalitat pueden acelerar la resolución y, si procediera, facilitar actuaciones disciplinarias o judiciales. En cualquier caso, la reputación institucional y la confianza ciudadana parecen estar en juego.

Por ahora, el Ayuntamiento mantiene la previsión de concluir los expedientes informativos antes de cerrar la fecha de constitución de la comisión, una decisión que, según fuentes municipales, podría materializarse antes del fin de la semana. Mientras tanto, la demanda social por explicaciones y soluciones prácticas —entre ellas la entrega efectiva de las viviendas para los solicitantes legítimos— no cesa. El retraso en la investigación será, en los próximos días, la prueba de fuego de la capacidad del gobierno local para conjugar garantías administrativas con la exigencia pública de transparencia.