El Ayuntamiento de Benidorm ha pactado con los propietarios de los terrenos del APR7 en Serra Gelada el pago en 30 años de una deuda reconocida de 353.856.523,66 euros para evitar la quiebra municipal, según el plan que se someterá a aprobación en el pleno el próximo martes. La propuesta, presentada la pasada semana por el despacho representante de los propietarios, debe formalizarse en un acuerdo de colaboración que se remitirá al Juzgado de Primera Instancia de Alicante. El convenio busca responder a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que obligó al Ayuntamiento al cumplimiento de los convenios del suelo en ese sector.

Las mercantiles propietarias de los suelos, seis sociedades según el documento registrado en el Consistorio el 4 de marzo, reclaman una cantidad total de 353.856.523,66 euros, de los que 283.055.750,12 euros corresponden al principal reconocido y el resto constituyen intereses acumulados. El plan de pagos presentado por el representante de los empresarios, identificado como Murcia Puchades, establece un calendario a tres décadas con un periodo inicial de carencia y obligaciones anuales vinculadas al presupuesto municipal. Técnicos del Ayuntamiento han constatado que el planteamiento es asumible y coinciden en casi todos sus términos con la propuesta de los tenedores del crédito.

Como primer paso, el acuerdo prevé un abono inicial de 60 millones de euros antes del 31 de diciembre de 2026, una medida que el Consistorio pretende cubrir con un préstamo de 55 millones solicitado al fondo de impulso del Ministerio de Hacienda. Ese ingreso inicial permitiría liberar a Benidorm de la situación de déficit forzoso que se derivaría de la ejecución inmediata de la sentencia. La empresa acreedora, además, ofrece una exención de intereses desde la firma del convenio hasta el 31 de diciembre de 2026, lo que facilita un margen para cerrar la financiación y ordenar las cuentas municipales.

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Tras el periodo de carencia, la propuesta establece que el Consistorio abonará anualmente, antes del 31 de diciembre, una cantidad que nunca podrá ser inferior al 8% del presupuesto municipal aprobado en cada ejercicio. Fuentes municipales han estimado que ese porcentaje equivaldría aproximadamente a unos 24 millones de euros al año, salvo variaciones por prórrogas presupuestarias en cuyo caso se aplicaría sobre el último presupuesto definitivamente aprobado. El carácter vinculado del pago compromete a las arcas locales a largo plazo y condiciona la planificación financiera del Ayuntamiento durante las próximas tres décadas.

En la fase de carencia, los deudores deberán abonar los intereses devengados por la suma principal, aunque la mercantil ha señalado que no se devengarán intereses adicionales entre la firma y el cierre de 2026. El convenio también incluye una cláusula por la que, si algún pago anual no se satisficiera, la cantidad pendiente se incrementaría con el interés legal más dos puntos, añadiendo una penalización que pretende garantizar el cobro eventual. El acuerdo deberá firmarse en un plazo muy corto: el Ayuntamiento y los propietarios disponen ahora de tres días para rubricar el documento que luego pasará por la vía judicial.

La sentencia del TSJCV sobre los convenios del suelo en APR7 ha sido el detonante de meses de negociación y de una amenaza real sobre la estabilidad económica municipal. De no alcanzarse un pacto, la ejecución de la condena podría haber precipitado a Benidorm a una situación de quiebra técnica, con efectos inmediatos en servicios y operaciones financieras. Por eso, desde el equipo de gobierno se ha defendido que el acuerdo es la fórmula menos lesiva para los vecinos y para la gestión municipal.

Los propietarios han presentado la reclamación mediante documento con entrada en el registro municipal el 4 de marzo, y su oferta se percibe como una vía pragmática para materializar una deuda ya reconocida judicialmente sin acudir a embargos o ejecuciones. En el pleno previsto para el martes se debatirán las condiciones finales del plan de pagos; la aprobación será el siguiente paso administrativo antes de su elevación al Juzgado. Los técnicos municipales han trabajado en la redacción de los informes técnicos y financieros que avalan la viabilidad del calendario propuesto.

El acuerdo pone sobre la mesa una carga financiera sostenida durante décadas que condicionará las prioridades presupuestarias de Benidorm. La previsión de pagos anuales, las obligaciones de mantenimiento de servicios y la eventual necesidad de recurrir a préstamos adicionales para afrontar los importes hacen que la operación sea, al mismo tiempo, una solución inmediata y un compromiso a largo plazo. El proceso judicial y administrativo que sigue tendrá que certificar ahora la legalidad y la suficiencia del convenio para cerrar definitivamente un capítulo que ha generado incertidumbre en la ciudad turística.