La campaña de boicot a ChatGPT suma ya, según la organización QuitGPT, al menos 4 millones de desinstalaciones en la última semana tras el anuncio de un contrato entre OpenAI y el Pentágono. La decisión llega después de que la administración de Donald Trump y el secretario de Defensa Pete Hegseth pusieran en lista negra a la empresa rival Anthropic, cuyo modelo Claude estaba en uso en sistemas militares clasificados.

La reacción pública ha sido inmediata: críticas en redes, campañas de rechazo y un aumento notable de desinstalaciones de la app móvil de ChatGPT.

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## El contrato con el Pentágono

Fuentes públicas y comunicados recogidos por los medios sitúan el conflicto en torno a la negativa de Anthropic a permitir que su tecnología se utilice para ciertos fines militares o de vigilancia, lo que le valió una sanción que incluye la cancelación de un contrato valorado en 200 millones de dólares.

Horas después del bloqueo a Anthropic, OpenAI anunció que asumiría parte de las tareas para el Departamento de Defensa, un movimiento que ha generado alarma en grupos civiles y entre usuarios particulares.

El temor central es que las mismas herramientas que mejoran productividad y accesibilidad puedan servir para la vigilancia masiva o el desarrollo de armas autónomas si se integran en entornos militares sin garantías claras.

## La campaña QuitGPT y las cifras del boicot

QuitGPT, la iniciativa que promueve el boicot, calcula en al menos 4 millones las cancelaciones o abandonos del servicio en una semana. La cifra advierte del impacto reputacional que puede provocar un contrato con fines militares.

Datos de la firma Sensor Tower reflejaron además que, tras las tensiones, la app de Claude llegó a superar a ChatGPT como la aplicación más descargada en EE. UU. tanto en App Store como en Google Play.

Entre las razones que citan los promotores del boicot destacan:

• Vínculos con el sector militar y la posibilidad de usos bélicos.
• Riesgo de vigilancia sobre ciudadanos y violación de privacidad.
• Pérdida de confianza en empresas que operan modelos de IA.
• Falta de transparencia sobre los términos de uso y supervisión.

## Reacciones y consecuencias en el ecosistema

La decisión ha desatado un debate entre expertos en ética tecnológica, responsables políticos y usuarios. Algunos defienden la colaboración con las instituciones públicas para mejorar seguridad; otros alertan del riesgo de militarizar tecnologías civiles.

Para OpenAI —liderada por Sam Altman— la operación supone tanto una oportunidad comercial como un reto en términos de imagen pública. Las reacciones en redes muestran mensajes contrarios y una subida del 295% en desinstalaciones durante un pico concreto, según informes citados por medios.

El episodio también pone en primer plano la política de listas negras del Departamento de Defensa y su efecto sobre la cadena de suministro tecnológica, tradicionalmente aplicada a empresas extranjeras y ahora extendida a firmas con sede en Estados Unidos.

## Hacia dónde va el debate público

El choque entre seguridad nacional y control ético de la IA obliga a repensar marcos regulatorios. Organizaciones civiles piden mayor transparencia y límites claros sobre usos militares de la inteligencia artificial.

Mientras tanto, la batalla por la confianza de los usuarios continuará condicionando descargas, suscripciones y el posicionamiento de las compañías en los mercados internacionales.

En un sector donde la rapidez tecnológica suele superar al marco legal, el caso OpenAI-Anthropic-Pentágono podría convertirse en precedentes para futuras decisiones sobre quién controla y con qué límites las IAs que usamos a diario.