Al menos cuatro millones de usuarios han dejado de usar o han desinstalado ChatGPT en la última semana en respuesta al acuerdo alcanzado entre OpenAI y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, según la organización promotora del boicot, QuitGPT. La reacción masiva, concentrada en plataformas de descarga y redes sociales, se ha producido tras la sustitución de la compañía que hasta ahora proveía servicios al Pentágono y en un contexto de creciente preocupación por el posible uso militar de la inteligencia artificial. La campaña de rechazo se ha intensificado en los últimos siete días y ha tenido un impacto inmediato en las cifras de descargas y desinstalaciones.

QuitGPT, grupo que coordina las llamadas a cancelar suscripciones y retirar la aplicación, cifra en cuatro millones el número de bajas acumuladas en ese periodo y denuncia que muchas se han producido tanto por acabar suscripciones de pago como por la simple eliminación de la app en móviles. La organización atribuye el éxodo a la actitud de la filial tecnológica ante el contrato militar y a la sensación de que la IA podría emplearse en tareas de vigilancia masiva o en el desarrollo de sistemas armados autónomos. Los promotores del boicot han difundido guías para desactivar cuentas y han animado a compartir capturas y testimonios en redes.

El desencadenante directo fue la decisión del Pentágono de apartar a la hasta ahora proveedora, Anthropic, tras tensiones con la administración. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, incluyó a la empresa en una lista negra al considerarla un riesgo para la cadena de suministro, medida que supuso la anulación de un contrato militar valorado en 200 millones de dólares. Anthropic había rechazado permitir usos de su modelo generativo que, según su criterio, facilitaran tareas de espionaje sobre ciudadanos o la creación de armas autónomas, una postura que chocó con la línea marcada por la Casa Blanca.

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El movimiento de la Casa Blanca a favor de su nueva socia tecnológica también tuvo efecto en las tiendas de aplicaciones. Datos de la consultora Sensor Tower mostraron que, tras la polémica, la app basada en el modelo rival superó a ChatGPT en descargas en Estados Unidos, y que las desinstalaciones de la aplicación de OpenAI se dispararon un 295% en determinados días de la última semana. Ese repunte alimentó la sensación de que el foco del debate ya no es solo técnico sino sobre la confianza pública y la gobernanza de las plataformas.

En la compañía, su máximo responsable trató de atajar el incendio. En un mensaje interno, Sam Altman pidió disculpas por la forma y el momento del anuncio del acuerdo con el Pentágono y reconoció que la comunicación fue precipitada. Altman defendió que el objetivo era calmar tensiones y asegurar continuidad operativa, pero admitió que la jugada había sido interpretada como oportunista y había empeorado la percepción pública. Esa rectificación no ha bastado para frenar las críticas en redes y foros especializados.

Las quejas se han centrado en el temor a que tecnologías de IA se integren en sistemas de control y armamento sin las suficientes salvaguardias legales y éticas. Organizaciones civiles y expertos en privacidad han alertado del riesgo de normalizar contratos militares sin debates públicos amplios y sin marcos claros de responsabilidad. La discusión ha reabierto cuestiones sobre quién decide los usos sensibles de algoritmos potentes y sobre la necesidad de límites que impidan su utilización para la vigilancia de poblaciones.

Desde la perspectiva del Pentágono, la decisión de cambiar de proveedor se enmarca en criterios de seguridad nacional y de continuidad del suministro, según fuentes vinculadas a la administración. La inclusión de Anthropic en la lista negra fue justificada por el departamento por posibles vulnerabilidades en la cadena de suministro que, a juicio de sus responsables, obligaban a replantear los contratos. Ese argumento, sin embargo, ha sido cuestionado por quienes subrayan que las restricciones son medidas extraordinarias normalmente reservadas a firmas extranjeras con vínculos geopolíticos complejos.

Más allá de Estados Unidos, el episodio puede acelerar la presión regulatoria sobre el sector en mercados como la Unión Europea y España, donde ya existen debates abiertos sobre la transparencia y el control de las grandes compañías de inteligencia artificial. Para muchos usuarios, la polémica es una prueba de fuego sobre la confianza en estos servicios: el futuro inmediato dependerá de la capacidad de las empresas para explicar usos, garantías y límites, y de que las autoridades articulen respuestas que conjuguen innovación y seguridad. En tanto, el boicot ha demostrado que la opinión pública puede seguir influyendo de forma rápida en la trayectoria comercial de la IA.