El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha iniciado una ronda de contactos telefónicos con los grupos parlamentarios para recabar propuestas y preparar un posible escudo social ante la escalada bélica en Oriente Próximo. Las conversaciones comenzaron este martes, diez días después del estallido del conflicto en Irán, y persiguen calibrar el impacto económico en España y definir medidas contra la inflación. El Ejecutivo trabaja contra reloj para articular un real decreto ley que deberá ser convalidado en el Congreso, aunque no se espera su aprobación antes de la cumbre del Consejo Europeo del 19 y 20 de marzo.

Las llamadas de Bolaños se han centrado, según fuentes parlamentarias consultadas, en los portavoces de ERC, EH Bildu, PNV y BNG, formaciones con las que el Gobierno necesita cerrar acuerdos para garantizar la entrada en vigor de cualquier paquete normativo. El objetivo explícito del ministro ha sido tanto transmitir la evaluación de riesgos que maneja el Ejecutivo como recopilar propuestas concretas que permitan acelerar la tramitación. La iniciativa nace además con la intención de rebajar la tensión entre el Gobierno y sus socios, alarmados por la posible repercusión en precios y suministros.

Desde Moncloa han abierto la puerta a medidas de carácter antiinflacionario semejantes a las adoptadas tras la guerra en Ucrania, aunque la concreción del paquete está supeditada a los contactos parlamentarios y al calendario europeo. Fuentes del Ejecutivo admiten que se está elaborando un documento técnico con opciones de intervención en sectores clave, ayudas directas y medidas fiscales, pero insisten en que la urgencia no debe sacrificar la búsqueda de consenso. En paralelo, el partido Sumar ha afeado públicamente la demora del Gobierno en presentar un paquete integral que responda con rapidez a las consecuencias del conflicto.

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Entre los aliados, el que ha avanzado con mayor detalle sus propuestas ha sido el PNV. Voces de la formación nacionalista explicaron a Bolaños que el pasado viernes registraron en el Congreso una proposición no de ley orientada a «garantizar la sostenibilidad de la industria», una prioridad que, según argumentan, es clave para mantener el empleo en sectores estratégicos. Esas medidas serán la base de las aportaciones que remitirán al ministro, con algunos añadidos para ajustarlas a la coyuntura actual, explican las mismas fuentes.

Por su parte, fuentes de ERC han trasladado que plantearán iniciativas similares a las que ya defendieron en el contexto de la guerra en Ucrania, con atención a la protección de la renta de las familias y la contención de los precios energéticos. EH Bildu ha señalado igualmente que sus propuestas se asemejarán a las aplicadas en crisis previas, incluyendo instrumentos para proteger la capacidad adquisitiva y apoyar a los sectores productivos más expuestos. El BNG, por su parte, ha anunciado que hará llegar sus planteamientos entre este jueves y viernes, sumándose así a la entrega de propuestas parlamentarias.

El telón de fondo de estas consultas es una economía global que, según analistas y responsables políticos, observa con inquietud las repercusiones de la guerra en cadenas de suministro, mercados energéticos y niveles de inflación. El Ejecutivo español teme que una escalada prolongada pueda traducirse en nuevos encarecimientos de la energía y materias primas, lo que obligaría a articular respuestas fiscales y ayudas directas para hogares y empresas. Por ello, la búsqueda de un «escudo social» responde tanto a razones económicas como a la necesidad de preservar la estabilidad política en el Congreso.

La responsabilidad de coordinar esa respuesta recae en Bolaños, en su papel de interlocutor con los grupos parlamentarios, y en el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que supervisa la estrategia del Ejecutivo ante la crisis. El reto técnico y político consiste en conciliar demandas variadas —desde apoyos a la industria hasta protección social— con las limitaciones presupuestarias y la urgencia que impone la evolución internacional. El Gobierno necesita, además, asegurar que cualquier decreto pueda superar el trámite parlamentario sin fracturas entre sus socios.

En los próximos días se espera que las formaciones remitan sus propuestas y que el Ejecutivo afine un paquete que, según fuentes cercanas al proceso, podría concretarse tras la reunión del Consejo Europeo. La negociación será determinante para acelerar medidas de mitigación y para dar una respuesta coordinada que reduzca el impacto sobre las familias y el tejido productivo. Hasta entonces, Moncloa mantiene el diálogo abierto con la intención de incorporar cuantas aportaciones permitan blindar a la economía española frente a una crisis que sigue en desarrollo.