La parroquia santiaguesa de Busto decidió este domingo posponer la simbólica solicitud de segregarse de Santiago y anexarse al municipio de Trazo. En una asamblea extraordinaria convocada por la Asociación de Veciños Campo das Escolas, alrededor de 40 vecinos otorgaron un «voto de confianza» a la alcaldesa, Goretti Sanmartín, pero lo condicionaron al cumplimiento de peticiones concretas: la conexión de la parroquia al nuevo servicio de autobús urbano y actuaciones en infraestructuras rurales como asfaltado, abastecimiento y saneamiento.
La asamblea y la exigencia de responsabilidades
La reunión, celebrada este domingo en Santiago, tenía como punto central una propuesta para solicitar formalmente la segregación del término municipal de Santiago y la anexión a Trazo. Aunque la petición figuraba en el orden del día como medida de presión, los vecinos optaron por la cautela: aplazaron la votación y decidieron dar un margen al gobierno municipal, a cambio de compromisos verificables.
El portavoz del colectivo fue José Antonio Montaos, presidente de la asociación, que explicó a los presentes y a este diario que el aplazamiento supone «un voto de confianza a la alcaldesa… condicionado, eso sí, al cumplimiento de una serie de peticiones básicas formuladas ya desde hace mucho tiempo». Montaos subrayó que la regidora se comprometió a que las líneas alimentadoras del rural previstas en el nuevo contrato de transporte llegarán hasta Busto, pese a que no figure de forma explícita en los pliegos.
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Conoce más →«Vieron que los caminos están asfaltados y relativamente en buen estado», dijo Montaos tras las visitas de responsables municipales y de la empresa, pero añadió que eso no bastó para incluir la parada en los pliegos.
A la vez que concedían ese margen, los vecinos aprobaron por unanimidad reclamar la dimisión del concelleiro de Mobilidade, Xan Duro, y exigir el cese del gerente de Tussa, José Ramón Mosquera. Montaos justificó la medida por la ausencia de garantías escritas en el contrato y por la sensación de que las explicaciones técnicas no han sido suficientes para resolver la demanda histórica de la parroquia.
El contrato de transporte y las «dificultades técnicas»
El debate pivota sobre el diseño del nuevo contrato de transporte urbano que tramita el Concello de Santiago. El gobierno local insiste en que se trata de un contrato de servicios y no de una concesión, de modo que «no tiene líneas preestablecidas»: el Ayuntamiento contrata kilómetros de prestación y podrá adaptarlos según las necesidades que vayan surgiendo una vez adjudicado el contrato. Esa flexibilidad, sin embargo, no satisface a quienes exigen compromisos por escrito.
Desde Raxoi se trasladó a los vecinos que existen «dificultades técnicas» para que los autobuses entren en Busto, alegando problemas de maniobra y trazado. Montaos replicó que la existencia del servicio de transporte escolar —que diariamente entra y sale de la parroquia— demuestra viabilidad y que, por tanto, esas objeciones no deberían impedir la inclusión de Busto en el mapa del urbano. Fuentes municipales apuntan a que la llegada a Busto será «una de las primeras cuestiones que se hablarán» con la empresa adjudicataria cuando finalice el procedimiento.
En un encuentro celebrado el 12 de marzo, según los vecinos, los responsables señalaron que «los caminos no eran correctos y las maniobras que había que hacer tampoco eran las apropiadas», una apreciación que alimentó la indignación del colectivo, que entiende que se está ante una cuestión de voluntad política más que de imposibilidad técnica.
Antecedentes y el contexto rural gallego
La protesta de Busto se inscribe en un contexto más amplio: la dispersión poblacional y la necesidad de servicios básicos en las parroquias gallegas llevan años sobre la mesa. En 2023 se promovieron acuerdos que pusieron el saneamiento, el agua potable y el transporte entre las prioridades rurales, pero muchos núcleos siguen esperando actuaciones concretas. En ese escenario, la ausencia del autobús urbano se percibe como un síntoma de desigualdad entre la ciudad y su entorno rural.
La opción de segregarse y unirse a Trazo ha sido utilizada por la asociación como una carta de presión; los vecinos mismos reconocen que una segregación efectiva tiene un recorrido legal y administrativo complejo y poco inmediato. Aun así, la mera posibilidad sirve para dramatizar la situación y obligar a dar explicaciones públicas en el pleno municipal, que es lo que reclaman para que todos los grupos se pronuncien y asuman responsabilidades.
Repercusiones y próximos pasos
Las decisiones de la asamblea tienen efectos políticos inmediatos. La petición de dimisión de Xan Duro y el cese de José Ramón Mosquera colocan a los responsables de la movilidad y de la operadora en el foco, y si el contrato se adjudica sin incluir garantías concretas sobre la conexión de Busto la protesta podría radicalizarse de nuevo: desde reactivar la vía de la segregación hasta concentraciones o reclamaciones administrativas.
En las próximas semanas, los vecinos esperan que el Ayuntamiento lleve la cuestión al pleno y que el compromiso con la conexión de Busto quede, al menos, formalizado. La empresa que resulte adjudicataria mostrará capacidad técnica para evaluar maniobras y recorridos; pero, como suele ocurrir, la solución sólo será completa si se combinan esa capacidad con una voluntad política sostenida y cronogramas claros. Si una de las dos falta, la paciencia vecinal habrá llegado a su límite.
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