El Parlamento de Canarias celebra este 11 de marzo la segunda jornada del estado-de-la-nacionalidad-canaria/" title="Debate">Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria, en una sesión marcada por el balance del presidente del Gobierno regional sobre la gestión y las críticas de la oposición. El presidente abrió el último año de la legislatura situando la vivienda, la inmigración y la crisis de los servicios públicos como los asuntos prioritarios. La sesión llega tras una primera jornada dividida en dos sesiones en la que se expusieron las líneas generales del Ejecutivo y las respuestas de los grupos parlamentarios. El debate pretende fijar la hoja de ruta política y medir fuerzas de cara al tramo final de la legislatura.

El presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, defendió en su intervención el llamado «modo canario» y reclamó unidad a las fuerzas políticas para afrontar los retos del Archipiélago, según fuentes parlamentarias. Clavijo trazó un repaso de las prioridades de su Ejecutivo en materia de financiación, vivienda, empleo, dependencia y universidades, y subrayó avances que, a su juicio, justifican una continuidad en las políticas iniciadas. Su discurso buscó también blindar la acción del Ejecutivo en un contexto de críticas por la gestión de los servicios públicos y la presión sobre el mercado de la vivienda. El presidente insistió en la necesidad de acuerdos con el PSOE para cerrar pactos de solvencia ante los desafíos que vienen.

Desde la oposición, el grupo Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC) defendió un modelo de nacionalismo activo y acusó al Gobierno de adoptar una actitud “desarrollista” que, en su opinión, renuncia a profundizar en el autogobierno. El portavoz del grupo, Luis Campos, aseguró que la gestión del Ejecutivo se ha alejado de la realidad de muchas islas y puso el acento en la necesidad de políticas que respondan de forma efectiva a problemas estructurales. Los parlamentarios nacionalistas criticaron también la falta de medidas contundentes para atajar la problemática migratoria y las tensiones en los servicios básicos. Para NC-BC, la retórica no basta sin cambios concretos en la política territorial y social.

CONTENIDO PATROCINADO

Salado Golf & Beach Resort

Descubre la oportunidad de inversión más exclusiva del Caribe. Villas de lujo con retorno garantizado del 12% anual en Punta Cana.

Conoce más →

Por su parte, los socialistas mantuvieron una línea de crítica dura aunque con una oferta de diálogo. El portavoz del PSOE en el Parlamento, Sebastián Franquis, señaló que la comunidad no es pobre por naturaleza, sino que está mal gestionada, y reprochó al Ejecutivo un elevado volumen de inversiones pendientes de ejecutar. Franquis cifró en 3.349 millones de euros las partidas que, según el PSOE, permanecen sin ejecutar y que evidenciarían una gestión ineficiente y un Gobierno caro. Aun así, el socialista dejó la puerta abierta a la colaboración en cuestiones de Estado para Canarias, como la vivienda y la financiación autonómica, si hay voluntad política.

La sesión de tarde, retransmitida por los canales institucionales, sirvió además para que los grupos concretaran sus propuestas y exigieran respuestas sobre planes y calendarios concretos. Los debates se centraron en la urgencia de medidas para el acceso a la vivienda, la creación de empleo de calidad y la mejora de la atención a la dependencia, sectores que los partidos sitúan en el centro del conflicto político. También emergieron las diferencias sobre la política migratoria y las competencias del Gobierno autonómico frente al Estado. Los portavoces pusieron ejemplos locales para ilustrar los efectos de las políticas autonómicas en distintos municipios y comarcas.

Fuentes parlamentarias destacan que el Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria, en su formato anual, funciona como termómetro de la legislatura y como escenario para forjar pactos puntuales. En este último año de mandato, la capacidad del Ejecutivo para cerrar acuerdos será determinante para la ejecución de proyectos y la llegada de inversiones. Los grupos de la oposición insisten en vincular el apoyo a medidas concretas con calendarios de ejecución y mecanismos de control. La tensión entre urgencia política y plazo administrativo quedó patente durante las intervenciones.

Más allá de las cifras y las críticas, el choque de discursos subrayó la fragilidad del contexto socioeconómico canario: vivienda inaccesible en muchas áreas, presión sobre los servicios públicos y un empleo que en ocasiones no alcanza estándares de estabilidad ni calidad. Los intervinientes apelaron tanto a soluciones inmediatas como a reformas estructurales, aunque discreparon sobre responsabilidades y prioridades. El debate avivó la discusión sobre si las políticas deben orientarse a corto plazo para mitigar tensiones sociales o a largo plazo para transformar el modelo productivo insular.

La segunda jornada se prolongará con intervenciones de todos los grupos y la prevista réplica del presidente al cierre del pleno. Más allá del intercambio de reproches, el resultado político que se derive de este Debate marcará la agenda del último año de la legislatura y las condiciones para posibles acuerdos de gobierno. La sesión será también una referencia para la opinión pública y para los actores locales, que observan la capacidad del Parlamento para traducir las palabras en medidas efectivas. Canarias afronta así meses de intenso debate legislativo y político, con la vivienda y los servicios públicos en el centro del desencuentro.