El Gobierno ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que refuerce de forma inmediata la supervisión de los precios energéticos en España para evitar posibles abusos en plena escalada de la crisis internacional. La petición fue formalizada en una carta enviada el 6 de marzo y firma la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que reclama una “supervisión máxima” del funcionamiento de los mercados mayoristas y del traslado de esas subidas al consumidor final. El objetivo explícito es vigilar, sobre todo, la evolución de los carburantes y la respuesta de las empresas ante la volatilidad provocada por el conflicto en Oriente Medio. El Ejecutivo argumenta que una mirada atenta del regulador es clave para que la factura que soportan los hogares refleje únicamente los movimientos de mercado y no incrementos indebidamente amplificados.

Según fuentes del Ministerio, la carta remitida a la presidenta de la CNMC busca que el organismo analice con detalle cómo se forman los precios en los distintos eslabones de la cadena energética y si existe un traspaso proporcional de las alzas desde los mercados mayoristas hasta los surtidores. En una entrevista concedida a un diario nacional, Aagesen explicó que la supervisión debe atender tanto a la electricidad como a los productos petrolíferos, pero que hay una atención específica en el precio de los carburantes por su efecto inmediato en el bolsillo de la ciudadanía y en la economía cotidiana.

Desde la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se admiten movimientos de control y monitorización, aunque las fuentes oficiales del organismo sostienen que esta actividad forma parte de sus funciones habituales. La CNMC confirma que está analizando en tiempo real la evolución de los precios de los carburantes y que dispone de sistemas para detectar desviaciones anómalas en márgenes comerciales, diferencias territoriales inexplicadas o prácticas que puedan distorsionar la competencia.

CONTENIDO PATROCINADO

Salado Golf & Beach Resort

Descubre la oportunidad de inversión más exclusiva del Caribe. Villas de lujo con retorno garantizado del 12% anual en Punta Cana.

Conoce más →

La instrucción a Competencia llega en un contexto de elevada volatilidad en los mercados internacionales del petróleo y del gas, que también tienen impacto en los precios mayoristas de la electricidad. Las turbulencias recientes han provocado aumentos en las cotizaciones y, por tanto, riesgos de que parte de ese encarecimiento se incorpore a los precios minoristas con incrementos adicionales por márgenes comerciales. El Ejecutivo expresa su preocupación por que situaciones excepcionales den lugar a comportamientos oportunistas que no respondan a variaciones reales de costes.

En las estaciones de servicio ya se han observado subidas dispares entre distintos operadores y territorios, lo que dificulta a los consumidores identificar si los incrementos se deben a costes o a decisiones de precio. Esa heterogeneidad es uno de los parámetros que la CNMC vigila con especial empeño: comparar márgenes, analizar la evolución temporal y contrastar la formación de precios entre cadenas mayoristas y pequeños expendedores. La intención pública del Ministerio es que esa monitorización detecte patrones anómalos y facilite actuaciones rápidas si procede.

La CNMC dispone de herramientas administrativas para profundizar en casos concretos y, en su caso, incoar expedientes cuando encuentre prácticas anticompetitivas o abuso de posición de mercado. Fuentes del propio organismo recuerdan que, además de la vigilancia estadística, pueden activarse investigaciones pormenorizadas que incluyan requerimientos de información y, si procede, sanciones administrativas. Ese abanico de recursos es el que el Gobierno pretende que se aplique con mayor intensidad hasta que la tensión en los mercados se modere.

Para el Ministerio para la Transición Ecológica, la petición responde también a una prioridad política: minimizar el impacto de la coyuntura internacional en los hogares y garantizar que las medidas de protección al consumidor funcionen en escenarios de presión externa. La carta de Aagesen a la dirigencia de la CNMC se enmarca, según el Ejecutivo, en un esfuerzo coordinado entre administraciones para ofrecer transparencia sobre los precios y certidumbre sobre la conducta de los operadores.

En las próximas semanas se espera que la CNMC amplíe sus informes y que sus observaciones permitan al Gobierno evaluar si son precisas medidas regulatorias adicionales o recomendaciones para mejorar la transparencia y la competencia en el sector. Mientras tanto, la llamada al control busca trasladar un mensaje claro: la Administración vigilará de cerca la evolución de los precios en los surtidores para que los consumidores no asuman sobrecostes que no estén justificados por la dinámica de los mercados.