El Gobierno ha pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que refuerce de forma urgente la supervisión de los precios energéticos en España ante la escalada de tensiones en Oriente Medio, con especial atención a las estaciones de servicio para evitar posibles abusos. La instrucción, trasladada por carta el pasado viernes desde el Ministerio para la Transición Ecológica, busca comprobar cómo las subidas en los mercados mayoristas se están trasladando al precio que pagan los consumidores en surtidores y facturas. La petición se produce en un contexto de fuerte volatilidad en el petróleo, el gas y, de forma creciente, en la electricidad. Madrid es el epicentro de la gestión pública de esta alerta, aunque el impacto se espera en todo el territorio nacional.

La solicitud la formuló en primera instancia la vicepresidenta y titular de Transición Ecológica, Sara Aagesen, que comunicó su preocupación por teléfono y por escrito a la presidenta del regulador. La misiva reclama una “supervisión máxima” sobre los operadores energéticos y pide información detallada sobre la transmisión de precios desde los mercados mayoristas a los consumidores finales. Aagesen hizo pública la demanda en una entrevista reciente y subrayó la necesidad de prevenir prácticas que encarezcan injustificadamente el suministro. La iniciativa del Ejecutivo llega en plena impulsión alcista de las cotizaciones internacionales.

Desde la CNMC, su presidenta Cani Fernández y técnicos del organismo han reiterado que la vigilancia forma parte de sus competencias habituales, pero admiten que en el actual escenario extremarán el seguimiento, en particular del sector de combustibles. El regulador asegura que mantiene herramientas de monitorización continuada para detectar movimientos anómalos en márgenes comerciales y en la formación de precios minoristas. Fuentes del organismo explican que ya se han intensificado cruces de datos y análisis sectoriales para identificar prácticas oportunistas. Si detectan irregularidades pueden incoar expedientes sancionadores.

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En los mercados internacionales, la presión alcista se ha dejado notar con rapidez: el barril de crudo ha vuelto a superar los umbrales que no se veían desde 2022 y el petróleo cotiza por encima de 100 dólares por barril en varias referencias. El gas natural de referencia europeo ha mostrado también subidas relevantes en las últimas semanas, hasta niveles que han elevado el coste del mercado mayorista eléctrico. Expertos consultados apuntan que el efecto sobre los recibos domésticos suele llegar con cierto desfase, pero recuerdan que las estaciones de servicio responden más rápidamente a las variaciones del mercado internacional.

El Ejecutivo teme que, en un entorno de alta volatilidad, algunos operadores aprovechen para ampliar sus márgenes y trasladar incrementos no justificados a los consumidores. Por ello, además de la petición formal a la CNMC, los ministerios implicados están recabando datos sobre márgenes por litro, márgenes de refinado y estructura de precios en surtidor. El objetivo oficial es que los aumentos que experimenten los consumidores respondan exclusivamente a la evolución de los mercados y no a prácticas abusivas. Las autoridades insisten en que cualquier movimiento que suponga distorsión será investigado y, en su caso, sancionado.

En paralelo, la CNMC ha señalado que centrará su monitorización “en particular” en el circuito de comercialización de carburantes, un eslabón especialmente sensible ante alteraciones internacionales del crudo. Los equipos del regulador analizan cadenas de valor, márgenes por operador y diferencias geográficas en los precios dentro de España para detectar comportamientos atípicos. El organismo evita vincular su actividad exclusivamente a la petición ministerial y la enmarca en su función permanente de control de mercados. No obstante, admite que la actual coyuntura requiere una vigilancia reforzada.

Entre las herramientas que puede emplear la CNMC figuran la solicitud de documentación a empresas, la apertura de expedientes informativos y la incoación de investigaciones formales que pueden culminar en multas si se prueban prácticas contrarias a la competencia. Además, la supervisión permite a la Administración identificar cuellos de botella en la cadena de suministro y proponer medidas de carácter económico o regulatorio. Fuentes técnicas señalan que la rapidez en la entrega de datos por parte de los operadores será clave para una respuesta eficaz.

Si la tensión en Oriente Medio continúa y las cotizaciones internacionales se mantienen elevadas, tanto la factura de la luz como la de gas podrían registrar aumentos en los próximos meses, aunque con mecanismos de amortiguación ligados a tarifas reguladas y a intervenciones temporales. A corto plazo, sin embargo, el foco está en las gasolineras y en que los usuarios no experimenten subidas adicionales por prácticas comerciales que no respondan al mercado. Gobierno y regulador han activado una doble alerta para controlar el tránsito de precios y proteger a los consumidores.