La provincia de Pontevedra atraviesa un alza sostenida de precios que deja a sus habitantes con menos capacidad de compra: según el Instituto Nacional de Estadística, desde 2020 los precios se han encarecido en torno al 28%. Este martes, 10 de marzo de 2026, economistas y autoridades locales advierten de que la escalada bélica en el Golfo tras el ataque de Estados Unidos a Irán y el cierre del Estrecho de Ormuz puede disparar de nuevo la inflación y agravar la pérdida de poder adquisitivo. Las causas son múltiples: la pausa del consumo por la pandemia, la guerra en Ucrania y la actual tensión en Oriente Medio, que afectan a la energía, los alimentos y las cadenas de suministro. El resultado es una presión sobre los bolsillos que las nóminas no han logrado compensar.

Los datos del INE reflejan que la subida acumulada de precios en la provincia desde 2020 se aproxima al 28%, un incremento de carácter estructural que no se explica por un solo episodio coyuntural. En paralelo, los pontevedreses han visto reducir su poder adquisitivo cerca de un 15% en los últimos seis años, mientras que los salarios medios provincialmente sólo han avanzado alrededor de un 13% en el mismo periodo. Esa divergencia entre precios y remuneraciones sitúa a muchas familias en una situación de ajuste permanente, con mayor incidencia en los hogares con rentas más bajas.

La última sacudida procede del Golfo Pérsico: el cierre del Estrecho de Ormuz hace seis días elevó el precio del petróleo en torno a un 15% en apenas una semana, con el barril de Brent tocando momentáneamente los 118 dólares. La electricidad y el gas también repuntaron, situando el megavatio hora cerca de 65 euros en los mercados. Estos movimientos encarecen los combustibles y la energía industrial, trasladando costes a la producción, el transporte y, finalmente, a la cesta de la compra.

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En términos alimentarios, la provincia ha sufrido un encarecimiento acumulado que ronda el 34% en los últimos años y subidas aún mayores en determinados capítulos, como las bebidas no alcohólicas. Ese alza no sólo afecta a productos frescos, sino también a procesados y bienes básicos, y se traduce en un mayor desembolso mensual para las familias. Para los hogares con gastos fijos elevados, la comida y la energía se llevan una parte creciente del presupuesto, lo que reduce el consumo en otros capítulos y puede frenar la actividad local.

El tejido industrial de Pontevedra tampoco ha quedado al margen. La planta de Stellantis en Vigo sufrió episodios de desabastecimiento tras el estallido de la guerra en Ucrania, lo que arrastró al sector auxiliar de la automoción en toda la provincia y puso de manifiesto la fragilidad de las cadenas globales. Ahora, ante la posibilidad de nuevas restricciones de suministro por la tensión en el Golfo, los analistas advierten de que la producción podría contraerse y aumentar la presión sobre el empleo en sectores dependientes de materias primas y logística.

Los economistas consultados por este diario dibujan dos escenarios: uno en el que la crisis en Oriente Medio se acota y la inflación poco a poco pierde intensidad, y otro más adverso en el que la duración del conflicto dispara costes energéticos y provoca nuevas perturbaciones en el abastecimiento. En este contexto, Javier Touza, experto en economía regional, sostiene que «el principal riesgo es un efecto inflacionario muy importante; ahí salimos todos perjudicados», y subraya la necesidad de medidas coordinadas para mitigar el impacto sobre hogares y empresas.

El coste de la vida y la insuficiente recuperación salarial obligan a revisar políticas públicas de protección: desde ayudas directas a familias vulnerables hasta incentivos a la industria para diversificar proveedores y acercar suministros. Especialistas en mercado laboral recuerdan que si la inflación vuelve a acelerarse, el margen de maniobra de los hogares se estrechará aún más y se podrían ver incrementos en la morosidad y en la demanda de servicios sociales.

Para Pontevedra, una provincia con fuerte presencia industrial y una estructura de pymes vinculadas a cadenas globales, la duración del conflicto en el Golfo será clave para determinar si nos enfrentamos a una nueva ola inflacionaria o a un ajuste temporal. En lo inmediato, las familias ya perciben el esfuerzo: salarios que no alcanzan a cubrir subidas sostenidas de precios, facturas energéticas más altas y una incertidumbre que condiciona decisiones de consumo e inversión. En ese escenario, el seguimiento de la evolución del crudo, las políticas energéticas europeas y las respuestas fiscales y monetarias marcarán el horizonte económico de la provincia en los próximos meses.