La Unidade de Policía Adscrita de Galicia desplegó el pasado 11 de marzo de 2026 un dispositivo en Santa Comba para evitar el consumo de alcohol entre menores, que se saldó con 34 inspecciones, cuatro actas de infracción y 11 personas identificadas. El operativo, coordinado desde la jefatura en Santiago, se centró en locales de ocio y zonas de concentración juvenil con el objetivo de vigilar el cumplimiento de la normativa vigente. Según fuentes policiales, la actuación persigue tanto sancionar incumplimientos como prevenir el suministro y la venta a menores. La intervención forma parte de una campaña regional para hacer efectiva la Ley 11/2010, dirigida a combatir el acceso de menores a bebidas alcohólicas.

Los agentes realizaron inspecciones en una diversidad de establecimientos que van desde bares, pubs y discotecas hasta supermercados y tiendas 24 horas que comercializan alcohol y tabaco. Además de los controles en locales, la Unidad llevó a cabo patrullajes y actuaciones en la vía pública para disolver concentraciones donde suele producirse consumo masivo, conocido coloquialmente como botellón. La decisión de combinar inspecciones a puntos de venta con presencia en la calle responde a la experiencia policial sobre las vías habituales de suministro y consumo entre jóvenes. El objetivo es cortar tanto la oferta irregular como la demanda entre menores.

De las 34 actuaciones, cuatro terminaron en la redacción de actas por incumplimientos vinculados a las obligaciones de prevención y control en materia de venta y suministro a menores, según el balance oficial. Las sanciones se dirigieron a personas jurídicas responsables de establecimientos que incumplieron la normativa sobre expendeduría y prevención, aunque las diligencias abiertas no implican en todos los casos multas inmediatas; en ocasiones se inician expedientes para comprobar responsabilidades. Por otro lado, las 11 identificaciones respondieron sobre todo a controles de documentación y a la detección de menores en situaciones de riesgo, sin que en la nota se concrete la imposición de sanciones administrativas sobre los jóvenes identificados.

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La actuación se enmarca en la aplicación de la Ley 11/2010, de 17 de diciembre, que regula la prevención del consumo de bebidas alcohólicas en menores y establece obligaciones para los establecimientos expendedores. La norma contempla medidas dirigidas a evitar la venta y el suministro a menores y obliga a los locales a adoptar mecanismos de control de acceso y de información. Los agentes recordaron que la normativa afecta a comercios, hostelería y cadenas de distribución y que su incumplimiento puede acarrear sanciones económicas y administrativas, además de la obligación de corregir las deficiencias detectadas.

Más allá del marco legal, las autoridades sanitarias advierten del impacto del consumo temprano de alcohol en la salud de la juventud, asociado a riesgos neuropsicológicos y a un mayor probabilidad de conductas de riesgo. Los responsables del dispositivo destacaron que estas campañas buscan no solo sancionar, sino también disuadir y promover hábitos saludables en adolescentes, así como sensibilizar a los responsables de los establecimientos. En este sentido, las actuaciones suelen ir acompañadas de recomendaciones sobre formación del personal y controles de identificación en el punto de venta.

Los controles en Santa Comba siguen a otras iniciativas municipales y autonómicas que combinan inspección, comunicación y colaboración con la comunidad educativa y las asociaciones vecinales. En distintos puntos de Galicia se han reforzado los operativos en fines de semana y fechas señaladas, cuando aumenta la afluencia de jóvenes a las zonas de ocio nocturno. La Policía autonómica subraya la importancia de la coordinación con las policías locales y con los ayuntamientos para maximizar la eficacia de las medidas y reducir la itinerancia de la oferta hacia municipios con menos control.

Fuentes cercanas a la seguridad ciudadana señalan que las actuaciones preventivas suelen incluir también charlas informativas y campañas dirigidas a familias y a comerciantes para recordar las responsabilidades legales. Asociaciones vecinales y parte de la comunidad educativa han reclamado en ocasiones mayor vigilancia en torno a centros escolares y espacios de ocio para cortar posibles redes de suministro. La presión social y las campañas informativas completan la respuesta administrativa frente a un problema que, según expertos, requiere medidas sostenidas en el tiempo.

El balance en Santa Comba será remitido a las instancias administrativas competentes para la tramitación de los expedientes correspondientes, y la Policía autonómica mantiene que estos dispositivos se repetirán en otros municipios con el fin de consolidar el cumplimiento de la ley y proteger a la población joven. La información fue elaborada por Marcos Manteiga Outeiro y recoge los datos facilitados por la Unidade de Policía Adscrita de Galicia en Santiago el 11 de marzo de 2026.