La Xunta ha iniciado este mes la tramitación de las primeras solicitudes para el nuevo reconocimiento de dependencia extrema, el grado III+, que abre la puerta a las ayudas estatales específicas para enfermos de esclerosis lateral amiotrófica (ELA). En estos momentos hay cuatro expedientes en gestión en Galicia, mientras asociaciones y familias esperan saber cuántos afectados podrán beneficiarse de unas prestaciones diseñadas para los casos más severos y publicadas en el BOE junto al Real Decreto 969/2025.

Cómo funciona la nueva vía y quién puede solicitarla

El Real Decreto desarrolla la adaptación del sistema de dependencia para pacientes con ELA y concreta los criterios clínicos que permiten acceder al grado III+, destinado a pacientes que requieren apoyos intensivos en su domicilio. La Consellería de Política Social ha dictado una instrucción interna para agilizar la gestión y rebajar trámites, con el objetivo de acelerar la respuesta a los casos más urgentes.

Según la instrucción, podrán optar al nuevo grado las personas que cumplan al menos dos de tres condiciones: soporte ventilatorio durante más de ocho horas al día, inmovilidad del tren superior o necesidad diaria de aspiración de secreciones. Esos umbrales han sido calificados por la Xunta y por algunas asociaciones como “estrictos”, porque dificultan el acceso a quienes padecen un deterioro intenso pero no encajan exactamente en esos parámetros.

Las ayudas económicas que se vinculan a este reconocimiento se articulan para sufragar servicios de atención domiciliaria o la contratación de un asistente personal. Para su cobro será necesario presentar un presupuesto previo del servicio contratado; el importe máximo por beneficiario se fija en 9.850 euros y el mínimo en 3.200 euros, cantidades que, tal y como subrayan las organizaciones, nunca habían sido tan concretadas hasta ahora.

Entre los casos que ilustran la complejidad de la norma está el de Manuel Rodríguez Castro, de Vigo, que a sus 72 años y con más de dos décadas de convivencia con la enfermedad sigue vinculado a la asociación de pacientes. Manuel, cuya trayectoria personal mezcla supervivencia inusual y necesidades cambiantes, resume la incertidumbre de muchos afectados:

«Solicitaremos a Política Social el grado III+», explica Manuel, aunque reconoce que no todos los enfermos encajan en los nuevos criterios estatales.

Antecedentes y el debate sobre el alcance de la cobertura

La aprobación de la ley ELA y su desarrollo normativo ha reavivado un debate viejo en Galicia: cuándo deben activarse las prestaciones y hasta qué punto deben ser flexibles para adaptarse a una enfermedad heterogénea. La Xunta insiste en que el diseño aprobado por el Gobierno central deja fuera a buena parte de los pacientes, porque solo ampara a quienes se encuentran en la fase más avanzada de la enfermedad y porque liga la ayuda a servicios concretos en el hogar, sin abrir el acceso al conjunto de prestaciones del sistema de dependencia.

A nivel autonómico, Galicia mantiene desde hace cuatro años una línea de apoyo propia que contempla ayudas de hasta 12.000 euros para cubrir gastos derivados de la ELA —desde cuidados y productos de apoyo hasta reformas en la vivienda— y presenta esa prestación como compatible con la ayuda estatal. Ese colchón autonómico compensa en parte los vacíos que la Xunta denuncia en la norma estatal, pero no elimina la necesidad de una respuesta homogénea y ágil para los afectados.

Las asociaciones, entre ellas Agaela, han trabajado en coordinación con la Consellería para que las ayudas estatales lleguen “lo antes posible” a quienes cumplan los requisitos. En sus encuentros con la Secretaría Xeral, han recibido información y asesoramiento para priorizar los casos más urgentes y preparar la documentación necesaria —Informe médico, presupuestos de servicios y certificados de necesidades— que exige la nueva tramitación.

Repercusiones prácticas y próximos pasos

La puesta en marcha en Galicia de estas cuatro solicitudes tiene consecuencias prácticas inmediatas. Por un lado, pone a prueba el funcionamiento administrativo: comprobar la coincidencia entre los informes clínicos y los criterios del Real Decreto, valorar solicitudes que incorporen ventilación nocturna o tratamientos específicos, y certificar presupuestos para servicios domiciliarios. Por otro, tensiona la conversación pública sobre hasta dónde debe llegar la solidaridad institucional con una enfermedad que consume capacidades en semanas o meses.

En la comparativa territorial se observan diferencias notables. Mientras Galicia arranca con expedientes en tramitación y su línea autonómica de apoyo, otras comunidades han adoptado soluciones complementarias. Un ejemplo citado por las familias es Cataluña, donde el Govern prevé un despliegue que incluye un complemento que podría elevar la cobertura hasta casi 15.000 euros mensuales en los casos más graves. Esa disparidad alimenta demandas de mayor coordinación y de un criterio de cobertura más amplio que evite desigualdades según la comunidad autónoma de residencia.

En las próximas semanas será clave comprobar cuántos de los expedientes iniciados en Galicia superan la fase administrativa y obtienen la resolución favorable. También lo será la reacción del Gobierno central ante las críticas sobre la estricta delimitación de los supuestos y la petición expresa de la Xunta de que la cobertura pueda activarse desde el diagnóstico y aplicarse a cualquier recurso reconocido por el sistema de dependencia.

Mientras tanto, las familias continúan organizándose para reunir documentación, adaptar domicilios y contratar servicios en espera de la resolución. La tensión entre criterios técnicos, la urgencia de los cuidados y las limitaciones presupuestarias dibuja un escenario complejo. Para muchos afectados y sus cuidadores, la clave no será solo cuánto dinero se destina, sino que ese dinero llegue con rapidez y se adapte a la variedad de necesidades que la ELA presenta en Galicia y en el resto del país.