El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, anunció este jueves, 12 de marzo de 2026, que el Gobierno prepara un real decreto ley para mitigar el impacto de la guerra en Oriente Próximo en los precios de la energía y para ofrecer ayudas concretas a los sectores más damnificados, especialmente el agrícola y el transporte por carretera. La iniciativa, avanzada tras una reunión con sindicatos y la patronal a la que acudieron también las vicepresidentas y la ministra de Seguridad Social y portavoz, pretende contener subidas de costes que empezarían a notarse en breve en hogares y empresas. El Ejecutivo argumenta que es necesario actuar con rapidez para amortiguar efectos inmediatos y preservar la actividad económica.

Según lo explicado por el ministro tras el encuentro con agentes sociales, el decreto incluirá principalmente medidas de carácter fiscal orientadas a paliar el encarecimiento de la energía eléctrica y otros suministros. Además del paquete de medidas fiscales, el Gobierno anuncia auxiliares específicos para el campo y para las compañías de transporte por carretera, dos sectores que han trasladado su preocupación por el alza de costes a las autoridades. A la reunión asistieron representantes de los principales sindicatos y de la patronal, que han exigido respuestas rápidas y eficaces ante la nueva inestabilidad geopolítica.

Cuerpo rechazó por ahora soluciones como la bonificación directa al combustible que se aplicó durante la guerra en Ucrania —la ayuda de 20 céntimos por litro— y la rebaja del IVA de los alimentos, medidas que, según dijo, los interlocutores sociales han valorado como poco eficaces. El ministro matizó que el Ejecutivo sigue evaluando todas las opciones, pero que las fuentes consultadas priorizan instrumentos fiscales y actuaciones más dirigidas a reducir el coste final de la energía. Desde el Gobierno sostienen que las intervenciones deben estar bien calibradas para no distorsionar mercados ni generar incentivos contraproducentes.

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En relación con el calendario, Cuerpo no confirmó que el texto vaya a llegar a tiempo para su aprobación en el Consejo de Ministros del próximo martes, aunque aseguró que la “prioridad” es cerrar el contenido en los próximos días para que esté listo para su tramitación. El ministro subrayó la urgencia de concluir el articulado con la máxima celeridad, pero insistió en que es necesario perfilar bien las medidas antes de su presentación formal. Los técnicos del ministerio trabajan con distintas alternativas fiscales y de apoyo sectorial que deben armonizarse con criterios de sostenibilidad presupuestaria.

El “esqueleto” del plan, en palabras del propio ministro, se apoya en tres ejes: medidas estructurales para fomentar las renovables y la electrificación, actuaciones para minimizar el impacto en el coste de la electricidad y respuestas fiscales puntuales que reduzcan el efecto sobre empresas y hogares. El Ejecutivo defiende que avanzar en la transición ecológica y en la generación propia de energía actúa como un seguro frente a choques externos, al tiempo que disminuye la exposición a las fluctuaciones de los mercados internacionales. Estas líneas combinarán instrumentos a medio y largo plazo con medidas de corto alcance destinadas a dar un alivio inmediato.

En concreto, las medidas fiscales anunciadas se diseñan para contener el precio de la energía y la electricidad, y el Gobierno ha avanzado que habrá disposiciones adicionales para reducir el impacto económico del conflicto en sectores vulnerables. Además, se reforzará la vigilancia sobre la evolución de los precios, con la participación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que monitorizará el comportamiento del mercado para detectar posibles abusos o desviaciones. El objetivo es que las intervenciones vayan acompañadas de un seguimiento estrecho para ajustar el alcance en función de la evolución real de los costes.

El campo y el transporte por carretera recibirán una “atención especial”, según fuentes del ministerio. En el caso de la agricultura, la preocupación se centra en el aumento del coste de insumos como fertilizantes y energía para riego y maquinaria, mientras que el transporte demanda herramientas para paliar la volatilidad de los precios del combustible y los sobrecostes operativos. El Gobierno trabaja en fórmulas que permitan ayudas directas y medidas fiscales específicas que atenúen la presión sobre estas actividades sin comprometer la estabilidad fiscal.

Representantes sindicales y empresariales han valorado que el Ejecutivo haya convocado la mesa, aunque reclaman concreciones y rapidez en la adopción de medidas. Fuentes consultadas señalan que las decisiones tendrán que equilibrar el alivio inmediato con la prudencia presupuestaria y la necesidad de no generar distorsiones duraderas en el mercado energético. El Gobierno promete flexibilidad para adaptar las herramientas según cómo evolucione la crisis geopolítica y anuncia que en los próximos días dará más detalles sobre la composición final del paquete.