El patinete eléctrico, símbolo de la movilidad urbana que conquistó calles y aceras en pocos años, deja una factura creciente en las estadísticas. Galicia cerró 2025 con 40 accidentes en los que estuvo implicado un vehículo de movilidad personal (VMP), un incremento del 8,1% respecto al año anterior. Al menos 7 de esos siniestros provocaron heridas graves y se registraron 2 incendios de dispositivos, un aviso sobre las baterías que los responsables municipales ya no pueden obviar.

Un balance que confirma tensiones en el espacio público

Las cifras, recogidas en el avance estadístico sobre siniestralidad e incendios de VMP de 2025, reflejan una realidad que muchos vecinos vienen constatando: cuantos más patinetes circulan, más conflictos afloran en calles, plazas y carriles bici. No es la primera vez que los ayuntamientos gallegos han de adaptar normas para contener el fenómeno, pero el ritmo de implantación del vehículo privado ligero ha desbordado en ocasiones la respuesta municipal.

De los 40 siniestros, además de los heridos graves y los dos incendios —fenómenos asociados habitualmente a baterías de litio dañadas o mal manipuladas—, no se han registrado víctimas mortales en la comunidad, algo que contrasta con las 19 muertes atribuibles a patinetes en el conjunto de España. Las autoridades regionales consideran esa ausencia de fallecimientos en Galicia una circunstancia afortunada, aunque subrayan que la gravedad de algunos episodios obliga a pasar de la tolerancia a la gestión.

La reciente regulación estatal ha impuesto por primera vez obligaciones claras: seguro de responsabilidad civil, inscripción en el Registro Nacional de Vehículos de la Dirección General de Tráfico y uso del casco. Las matriculaciones arrancaron con fuerza —de 1.500 inscripciones diarias en los primeros días hasta 3.000 dos meses después—, pero Tráfico calcula que cerrará el año con unos 225.000 VMP registrados, muy lejos del parque real que se estima en más de 4.000.000 de unidades circulando por las ciudades.

Ordenanzas municipales: un mapa desigual

La normativa estatal llega, por tanto, en un momento en que Galicia ya vivía un mapa regulatorio fragmentado. Ciudades y ayuntamientos han aprobado ordenanzas propias para adaptarse a su geografía urbana y preservar espacios peatonales. En Vigo, por ejemplo, el uso de ropa reflectante es obligatorio y está prohibido el tránsito por grandes avenidas como la Gran Vía o la de Castelao, medidas pensadas para reducir superposición con el tráfico rodado intenso en horas punta.

La postura de A Coruña y Ferrol se ha mostrado más estricta en lo relativo a las zonas peatonales; parques y plazas suelen ser territorios vedados o con límites claros de velocidad. En Ourense existe la limitación de 10 km/h en zonas peatonales, una cifra que responde a la necesidad de convivir con desplazamientos a pie y a una ciudad con recorridos cortos y mucha presencia de peatones mayores. Santiago y Pontevedra tienen además restricciones específicas: en la capital gallega el uso en la zona monumental está prohibido, mientras que Pontevedra, que impulsó hace años la peatonalización amplia del casco histórico, impide la circulación en las calles de plataforma única.

La diversidad normativa supone, sin embargo, desafíos de cumplimiento y de comunicación. Los usuarios que se mueven entre municipios encuentran reglas distintas a pocos kilómetros, lo que complica la concienciación y aumenta la percepción de impunidad. En este punto, fuentes municipales consultadas señalan que la combinación de inspección, educación y diseño urbano será clave: “no basta con prohibir, hay que ofrecer alternativas seguras y mecanismos de control”, dicen desde departamentos de movilidad.

Riesgos eléctricos, sanciones y la asignatura pendiente de la infraestructura

Los incendios de patinetes, aunque minoritarios, han puesto el foco en la seguridad de las baterías. Las averías derivan tanto de defectos de fabricación como de manipulaciones o recargas inadecuadas. Técnicos municipales y bomberos advierten sobre la complejidad del fuego de litio y la necesidad de protocolos para su extinción, así como de campañas informativas para usuarios y operadores de servicios compartidos.

En el plano sancionador, la ley sobre responsabilidad civil contempla multas por carecer del seguro que oscilan entre 202 y 610 euros. Circular sin seguro puede suponer sanciones de entre 250 y 800 euros, en función de si el vehículo es considerado personal ligero o vehículo a motor por peso y velocidad. Esa dualidad normativa —y la distinción técnica entre categorías— complican la tarea de policías locales a la hora de aplicar las sanciones con coherencia.

La otra asignatura pendiente es la infraestructura. En muchas calles gallegas faltan carriles bici continuos y protegidos; los carriles que existen suelen fragmentarse y obligan a maniobras incómodas. La convivencia segura exige no solo normas, sino redes de vías que permitan a ciclistas y usuarios de VMP desplazarse sin invadir aceras ni exponerse a colisiones con vehículos pesados.

Qué viene ahora: regulación, control y convivencia

En los próximos meses habrá que observar cómo se traslada la nueva normativa a la realidad local. Los registros avanzan, pero todavía hay millones de patinetes sin identificar. Los ayuntamientos deberán coordinar inspecciones, campañas de educación vial y medidas urbanísticas. También tocará revisar licencias de las empresas de alquiler para garantizar mantenimiento y respuesta ante incidentes.

La senda parece clara: mayor control administrativo y sancionador, acompañado de incentivos para la seguridad y planificación urbana. No es descartable, además, que se impulsen acuerdos supramunicipales en Galicia para homogeneizar limitaciones y facilitar el cumplimiento. Para muchos vecinos, la prioridad es sencilla: poder caminar por una acera sin sortear vehículos y usar la calle sin miedo a choques; para las ciudades, encontrar el equilibrio entre movilidad sostenible y orden público.

Si algo dejan las cifras de 2025 es que la transición hacia un modelo de micromovilidad generalizada tiene coste, pero también oportunidades. Con normativa, datos más fiables y voluntad política será posible reducir la siniestralidad y ordenar un fenómeno que nació como novedad y se ha convertido en parte indiscutible del paisaje urbano gallego.