La Fiscalía Provincial de Ourense presentó el 16 de marzo de 2026 una denuncia contra dos clínicas privadas de la provincia por presunta falsedad documental y estafa al Sergas, al facturar sedaciones que, según el escrito fiscal, no se habrían practicado. Las actuaciones afectan al Centro Médico El Carmen de Ourense y al Grupo Recoletas Salud Orense, así como a los responsables de ambos centros y a un cirujano de cirugía oral y maxilofacial. La denuncia se basa, entre otros elementos, en un informe policial que habría detectado discrepancias entre lo facturado y los tratamientos realmente realizados.
Según el Ministerio Fiscal, el centro al que deriva el Sergas a pacientes para intervenciones maxilofaciales habría emitido facturas en las que se consigna la prestación de sedación cuando en realidad el paciente solo recibió anestesia local. Ese cambio en la codificación del acto implicaría una subida del importe facturado en cada intervención.
La Fiscalía aporta ejemplos concretos en su denuncia y señala que en lugar de facturar 76,44 euros por la intervención, se habría facturado 110,89 euros al Sergas, lo que supone un perjuicio directo para el erario público. El escrito incluye, además, el análisis de la documentación clínica y administrativa que sería objeto de investigación.
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Conoce más →La denuncia y los acusados
En la denuncia figuran como denunciados el propio Centro Médico El Carmen de Ourense y el Grupo Recoletas Salud Orense, así como los directores o gerentes de ambos y el cirujano responsable del área de cirugía oral y maxilofacial del citado centro. La Fiscalía les atribuye, de forma provisional, delitos de falsedad documental y estafa en perjuicio del Sergas.
El procedimiento, según la nota fiscal, se apoya en peritajes y en un informe policial que habría detectado la práctica reiterada de esta supuesta metodología en la facturación. No se ha precisado, por el momento, el número total de intervenciones afectadas ni el periodo concreto durante el cual se habrían cometido las irregularidades.
La denuncia fue registrada ante la autoridad competente y abre la vía a que se incoen diligencias judiciales que investiguen tanto la posible responsabilidad penal de personas concretas como la responsabilidad civil respecto al daño económico causado.
Impacto económico y respuesta de Sanidade
El incremento de importe por cada intervención, según los cálculos incluidos en la denuncia, supone una diferencia de 34,45 euros por acto cuando se sustituye la codificación de anestesia local por la de sedación. Aunque la cifra por procedimiento puede parecer reducida, la Fiscalía advierte del efecto acumulado sobre las arcas públicas si la práctica fue sistemática.
Ante la denuncia, la Consellería de Sanidade ha declarado que, por el momento, «no tiene constancia» de la comunicación formal de la Fiscalía. Esa respuesta oficial figura en las diligencias públicas y ha sido incluida en la cobertura informativa sobre el caso.
«No tiene constancia»
Fuentes sindicales y del sector sanitario consultadas advierten de que las relaciones contractuales entre centros privados y el Sergas suelen incluir controles y auditorías, pero reconocen que detectar este tipo de prácticas exige cruzar registros clínicos con las facturas y, en ocasiones, análisis periciales.
Por ahora no se han difundido nombres propios de profesionales imputados ni comparecencias públicas de los gestores de los centros señalados. Tampoco ha trascendido si el Sergas ha iniciado un procedimiento administrativo paralelo para revisar los pagos realizados a los centros implicados.
La apertura de la causa conlleva, en cualquier caso, la obligación de mantener la presunción de inocencia de los denunciados hasta que un tribunal determine lo contrario. La investigación deberá aclarar si se trató de un error contable, una práctica fraudulenta aislada o un esquema repetido que justificara las acusaciones de estafa y falsedad documental.
El caso pone de nuevo sobre la mesa el control de la contratación y la facturación en el marco de conciertos sanitarios entre administración pública y centros privados, un ámbito que las instituciones sanitarias y los tribunales siguen monitorizando con especial atención.
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