Una vecina de O Porriño, identificada por sus iniciales como L. R. D., y su hija de diez años fueron realojadas de urgencia la semana pasada después de que un procedimiento de desahucio ejecutado por impago dejara la vivienda con la cerradura cambiada. El suceso se produjo el martes pasado cuando la mujer regresó del trabajo y encontró una notificación judicial en la puerta; según explica, el pago del alquiler corría a cargo de su expareja, que dejó de abonar la renta. El contrato estaba a nombre del padre de la menor y el impago acumulado llevó al propietario a solicitar el desalojo, que se materializó sin previo aviso a la madre. Desde entonces, ambas viven temporalmente en domicilios de familiares y de compañeras del colegio a la espera de una solución estable.

L. R. D.

llegó a O Porriño procedente de Barcelona y convivió con su entonces pareja y la niña durante seis años; la separación se formalizó en enero de 2024. Mantiene la custodia de la menor aunque no existe una sentencia firme que lo refleje, puesto que el convenio regulador que pactaron y que ella intentó formalizar quedó sin ratificar en el juzgado por la ausencia del padre. La mujer trabaja a media jornada y asegura que desconocía por completo los impagos del alquiler hasta la ejecución del desahucio. El acuerdo verbal con su expareja era que él asumiría la cuantía mensual de la renta, fijada en 425 euros, y que por ello no sería necesaria ninguna pensión alimenticia.

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La ejecución del desahucio sorprendió a la madre y a la niña en pleno día laboral: «Fui a trabajar a las ocho de la mañana y, al volver sobre las dos, no teníamos casa», relata, todavía conmocionada. La diligencia incluyó el cambio de cerradura y la colocación de la notificación; la mujer critica que el juzgado no llegó a tener constancia de la presencia de una menor en el inmueble en el momento de ejecutar el lanzamiento. En las horas siguientes recibió la ayuda de otras madres del colegio y de familiares que le prestaron un techo provisional mientras busca alojamiento definitivo. La situación, dice, ha obligado a reorganizar horarios y a compaginar la búsqueda de vivienda con su empleo a media jornada.

Según cuenta, intentó regularizar la situación mediante abogado, redactando y firmando un convenio con la expareja para fijar custodia y responsabilidades económicas, pero la falta de comparecencia de él ante el juzgado impidió que el acuerdo tuviese efecto jurídico. La ausencia de esa ratificación dejó a la madre sin las garantías que esperaba y facilitó que los impagos derivaran en un procedimiento contra quien figuraba en el contrato de arrendamiento. La mujer asegura que el padre continúa residiendo en O Porriño y que no dio explicaciones sobre la deuda acumulada ni sobre la falta de pago al propietario.

Tras el desahucio, la madre ha intentado gestionar respuestas institucionales y el apoyo del entorno escolar. Las familias del colegio, explica, se han volcado para ayudar con la mudanza y con ropa y enseres básicos; varias vecinas colaboraron durante la recogida de pertenencias. En paralelo, L.

R. D. resta apoyo en los servicios sociales y en asociaciones locales que atienden casos de emergencia habitacional, aunque subraya que el proceso para obtener una solución estable es lento. La prioridad para ella es garantizar la continuidad escolar y el bienestar emocional de su hija.

Legalmente, los procedimientos de desahucio por impago se dirigen contra el inquilino que figura en el contrato; en este caso la titularidad a nombre del padre complicó la situación de la madre pese a su custodia de facto. Fuentes jurídicas consultadas recuerdan que la existencia de menores puede condicionar algunas actuaciones, pero que la tramitación depende de la documentación aportada y de la actuación de las partes implicadas. La mujer afirma que no fue informada con antelación suficiente ni se le ofrecieron medidas de mediación antes de la ejecución.

El relato de esta familia pone de manifiesto la fragilidad de los hogares monoparentales y las consecuencias directas de los impagos sobre los menores. En Galicia, como en otras comunidades, organizaciones sociales insisten en la necesidad de mecanismos que eviten desalojos exprés con hijos a cargo y que faciliten alternativas habitacionales inmediatas. Para la afectada, la experiencia ha supuesto un golpe económico y emocional que lejos de resolverse en días exige trámites legales y búsqueda de recursos que ella afronta mientras mantiene su empleo.

En las próximas semanas, L. R. D. pretende retomar las gestiones legales para asegurar la custodia y reclamar responsabilidades por los acuerdos incumplidos, además de intensificar la búsqueda de una vivienda en alquiler. Mientras tanto, se apoya en la red de solidaridad del colegio y de su familia para que su hija pueda continuar con la rutina escolar y recuperar cierta normalidad lo antes posible. La madre lanza un llamamiento para visibilizar estos casos y reclama mayor coordinación entre administraciones, servicios sociales y la comunidad para evitar que una noche de trabajo se convierta en perder el hogar.