Una operación conjunta del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil ha desarticulado una red dedicada al transporte ilegal de residuos peligrosos que, según la investigación, llegó a enviar contenedores con hasta 650 toneladas desde el puerto de Santa Cruz de Tenerife a varios países africanos. En el dispositivo, ejecutado recientemente, han sido detenidas 32 personas y se investigan además cuatro sociedades con domicilios en Tenerife, Gran Canaria y Mallorca. Las actuaciones se enmarcan en una causa por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.
La investigación arrancó tras las primeras alertas por movimientos irregulares de mercancía y documentación sospechosa en consignaciones portuarias. Los agentes constataron que la organización utilizaba la fórmula del transporte marítimo en contenedor para ocultar la verdadera naturaleza de los materiales. La UE y las autoridades españolas han intensificado el control sobre la exportación de residuos peligrosos por el riesgo que suponen para el medio ambiente y la salud pública.
Fuentes oficiales describen las pruebas recabadas, entre las que figuran registros documentales y seguimientos logísticos que han permitido rastrear la cadena de envío desde el origen en Tenerife hasta los puertos de destino en África. La investigación continúa abierta para identificar el papel exacto de cada detenido y la posible implicación de otras empresas y transitarios. La causa está instruida por la fiscalía competente en delitos medioambientales.
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Conoce más →La operación y las detenciones
El operativo, coordinado por la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, incluyó inspecciones en instalaciones logísticas y registros en domicilios y sedes empresariales. Según las fuentes, la estructura criminal contaba con contactos en diferentes islas y con operadores capaces de manipular la documentación aduanera. Los detenidos presentan perfiles diversos: responsables de empresas de transporte, gestores de residuos y falsos intermediarios.
Los agentes intervinieron documentación que, según la investigación, falseaba la naturaleza y el destino real de los residuos para evitar controles más exhaustivos. Los contenedores afectados contenían materiales que, al ser clasificados correctamente, requerirían tratamiento especializado y no podrían exportarse libremente. Las autoridades han asegurado que continuarán las pesquisas para localizar otros envíos potenciales.
La Fiscalía y los juzgados estudiarán ahora la imputación de los delitos y las medidas cautelares, que podrían incluir la imputación por tráfico ilícito de residuos y por delitos contra el medio ambiente. Los detenidos están siendo puestos a disposición judicial en los próximos días, conforme avancen las diligencias policiales.
Alcance ambiental y marco legal
El volumen citado de 650 toneladas sitúa el caso entre las investigaciones más relevantes por tráfico de residuos en los últimos años en Canarias. La exportación ilegal de residuos peligrosos implica no sólo un delito administrativo, sino riesgos de contaminación en los países destinatarios y la vulneración de normas internacionales sobre gestión de residuos. Expertos consultados por fuentes oficiales subrayan la necesidad de reforzar controles aduaneros y de gestión en origen.
La normativa europea y la Convención de Basilea regulan la exportación de residuos peligrosos y obligan a controles estrictos para evitar el traslado a países con menor capacidad de gestión ambiental. Las autoridades españolas han manifestado su compromiso de colaborar con organismos internacionales y con las administraciones de los países receptores para clarificar el destino y el tratamiento final de los materiales intervenidos.
Por el momento, la operación ha supuesto un revés importante para la trama desmantelada, pero las investigaciones prosiguen para determinar la totalidad del entramado y garantizar la adecuada depuración de responsabilidades. La causa seguirá su curso en los juzgados y las autoridades anuncian nuevas actuaciones si aparecen indicios adicionales.
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