El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, fue detenido este viernes en Alicante en el marco de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre la gestión de los bonos consumo de los ejercicios 2022 y 2023. La Policía Nacional ha registrado asimismo la sede de la Federación de Comercios y Pymes (Facpyme) y permanece en su interior recogiendo documentación. Los hechos se producen en relación con la ejecución de programas promovidos por la Diputación provincial en una veintena de municipios. La investigación indaga un posible fraude en la aplicación de las subvenciones destinadas a reactivar el comercio local.

Agentes de la Policía Nacional han entrado esta mañana en las oficinas de Facpyme, ubicadas en la primera planta de la sede de la Confederación Empresarial de la Provincia (CEV), donde están efectuando un registro. Fuentes próximas al caso señalan que los efectivos están copiando información y recabando contratos y justificantes relacionados con las campañas de bonos. La intervención forma parte de unas pesquisas abiertas desde hace meses por la Fiscalía especializada en corrupción y criminalidad organizada.

El arresto ha obligado a suspender actos previstos por el detenido: Baño había convocado para esta mañana la presentación de un programa turístico y no acudió al evento. Desde la Cámara de Comercio se ha confirmado que el presidente ha cancelado toda su agenda, sin facilitar más detalles al respecto. Por el momento no se ha hecho pública ninguna declaración formal por parte del propio Baño ni de sus abogados.

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La Fiscalía abrió la investigación para esclarecer si la patronal del comercio de pequeñas y medianas empresas de la provincia, Facpyme, se benefició indebidamente de la contratación y ejecución de las campañas de bonos a través de una sociedad instrumental. Los fiscales examinan si se produjo un perjuicio patrimonial al erario público en la gestión de las ayudas y si hubo irregularidades en la selección o facturación de los servicios relacionados con la puesta en marcha de los bonos.

El programa de bonos consumo fue impulsado por la Diputación de Alicante cuando la presidencia provincial correspondía a Carlos Mazón, y se desarrolló con la aspiración de impulsar las compras en el comercio de proximidad tras la pandemia. A mediados de 2023 la presidencia de la Diputación pasó a manos del también del Partido Popular Toni Pérez, quien continúa al frente de la institución. Las campañas afectadas alcanzaron a una veintena de localidades de la provincia y se desplegaron durante los ejercicios indicados por la Fiscalía.

Según el contrato tipo suscrito por los ayuntamientos con las entidades colaboradoras, la Diputación sufragaba la mitad del importe de los bonos adquiridos por los consumidores, una aportación del 50 % que el gobierno provincial transfería a las corporaciones locales. Estas, a su vez, concertaban con una entidad colaboradora la ejecución práctica: desde la contratación de la pasarela de compra online hasta la transferencia de fondos a los comercios adheridos y la difusión de la campaña.

En los expedientes figuran como ejecutoras las entidades Facpyme y la propia Cámara de Comercio de Alicante, ambas presididas por Baño, aunque en el caso de la Cámara no consta por ahora que se estén practicando diligencias similares a las de Facpyme. Fuentes judiciales remarcan que la investigación pretende determinar con precisión el flujo de fondos y las responsabilidades administrativas o penales que pudieran derivarse.

En el período 2022-2024, la Diputación destinó a estas iniciativas de bonos un total de 58 millones de euros, según las cifras oficiales de las convocatorias, con el objetivo declarado de fidelizar clientela, captar nuevos consumidores y dinamizar el tejido comercial. El volumen de recursos y la concurrencia de contratos externos han sido factores que motivaron el interés de la Fiscalía por revisar la legalidad y transparencia del proceso.

La causa sigue en fase de investigación y los responsables judiciales mantienen abiertas diversas líneas de indagación. La Policía Nacional ha trasladado documentación al Juzgado y a la Fiscalía, que decidirán en los próximos días las medidas adicionales a adoptar, mientras las partes implicadas se remiten a su derecho a la presunción de inocencia. El caso podría derivar en diligencias complementarias que aclaren el alcance de las posibles irregularidades en la gestión de los bonos.