Agentes de la Comisaría General de Información y el Centro Nacional de Inteligencia detuvieron el 14 de marzo de 2026 en Melilla a un hombre de 40 años acusado de dirigir una red destinada a captar y radicalizar a mujeres jóvenes de confesión musulmana para enviarlas a zonas de conflicto. Fuentes policiales señalan que el arrestado ya cumplió una pena de cinco años por delitos similares y que, tras salir de prisión, retomó la actividad de captación pese a haber pasado por un proceso de desradicalización. La operación, dirigida por el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, persigue desmantelar la estructura y determinar el alcance de sus contactos y posibles destinos de las reclutas. Las pesquisas se centraron en barrios vulnerables de Melilla y en la actividad en redes sociales que habría servido de gancho para las víctimas.

Según las mismas fuentes, el detenido actuaba en estrecho contacto con varias intermediarias femeninas que se encargaban de ganarse la confianza de las jóvenes antes de introducirlas en reuniones de grupo. No es habitual, subrayan los investigadores, que un varón lidere de forma tan directa un proceso de captación entre mujeres; por ello la red combinaba la presencia de mediadoras que facilitaban el acceso a círculos cerrados. Las autoridades valoran ese uso de interpuestas como una táctica destinada a reducir las sospechas y a instrumentalizar vínculos de confianza comunitaria. La investigación trata ahora de identificar a todas las personas que formaron parte del entramado y su grado de implicación.

La Policía explica que la captación se producía en espacios públicos de barrios con altos niveles de vulnerabilidad social y en plataformas digitales, donde el detenido y sus colaboradoras creaban perfiles y mensajes para detectar y seducir a posibles adeptas. Una vez establecido el contacto, los encuentros presenciales servían para impartir una versión distorsionada de preceptos religiosos que legitimara la adhesión a la causa. El método combinaba adoctrinamiento, control emocional y promesas de pertenencia, según las fuentes consultadas; elementos habituales, añaden, en procesos de radicalización que terminan por convertir a reclutas en activas promotoras del mensaje extremista.

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Investigadores policiales subrayan que el arrestado aludía, como referencia ideológica, a las principales siglas del terrorismo islamista, entre ellas Al Qaeda y el autodenominado Estado Islámico, y que su discurso integraba tanto ensalzamiento de acciones violentas como la preparación logística de envíos a zonas de conflicto. Los agentes que han participado en el operativo califican al detenido de “particularmente peligroso” por su capacidad para sostener un proceso continuado de autorradicalización y por haber retomado la actividad nada más cumplir condena. La operación respondió a un seguimiento prolongado que permitió reunir indicios suficientes para proceder a la detención y a la entrada y registro de inmuebles vinculados al caso.

La colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia fue clave para perfilar la dimensión de la red y concretar la jurisdicción competente, explicaron fuentes judiciales. La instrucción está abierta en el Juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional, que asume causas relacionadas con terrorismo y coordina las diligencias para determinar cargos que podrían incluir captación, enaltecimiento y adoctrinamiento con fines terroristas. En las próximas semanas la causa avanzará hacia la toma de declaraciones de testigos y víctimas, así como al análisis del material incautado en los registros.

El caso reactiva el debate sobre la eficacia de los programas de desradicalización y la dificultad de la reinserción de quienes han cumplido condena por delitos relacionados con el terrorismo. Especialistas consultados en ocasiones anteriores han señalado que la intervención penitenciaria debe ir acompañada de seguimiento comunitario, apoyo psicológico y medidas que reduzcan la vulnerabilidad social, factores que las fuerzas de seguridad consideran cruciales para cortar la cadena de captación. Las autoridades, además, insisten en la necesidad de vigilancia en el entorno digital, donde se detectan fórmulas cada vez más sofisticadas para atraer a perfiles jóvenes.

Fuentes policiales no descartan nuevas detenciones a medida que avancen las diligencias, y mantienen abiertas las líneas de investigación para localizar a todas las personas implicadas y posibles contactos internacionales. La Audiencia Nacional continuará con los trámites procesales y la Fiscalía evaluará las medidas cautelares oportunas. Por su parte, agentes especializados en terrorismo han reforzado los controles en puntos de riesgo para impedir que posibles reclutas sean trasladadas a zonas de conflicto.

La operación pone de nuevo en evidencia la persistencia de la amenaza yihadista y la capacidad de adaptación de sus métodos de captación, así como la importancia de la cooperación entre cuerpos policiales y servicios de inteligencia. Mientras la investigación sigue su curso, las autoridades han pedido cautela en la difusión de detalles que puedan entorpecer las diligencias y han reiterado el llamamiento a la colaboración ciudadana para detectar y denunciar señales de radicalización en el entorno local.