La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 55 años y vecino de Tomiño por su presunta implicación en el incendio que el pasado 6 de marzo calcinó una nave industrial en la parroquia de Amorín, próxima a una vivienda habitada. La actuación, coordinada por la comandancia local y el Equipo de Investigación de Tui, se ha saldado con la detención por un supuesto delito de daños tras una investigación iniciada a raíz de la denuncia del propietario. El fuego afectó de manera total a la edificación y obligó a los servicios de emergencia a actuar ante el riesgo para los moradores de la vivienda contigua. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para esclarecer la dinámica que provocó el siniestro.
Los agentes iniciaron las pesquisas tras recibir la denuncia del titular de la nave y, tras diversas gestiones de investigación en el entorno, lograron identificar al presunto autor. Las fuentes policiales citadas indican que la detención responde a las conclusiones de las inspecciones y al cruce de datos practicado por los investigadores del puesto de Tomiño y del equipo de Tui. La colaboración vecinal y las pruebas recogidas en el lugar fueron determinantes para trazar la autoría del incendio, que tuvo lugar durante la madrugada del 6 de marzo.
Los bomberos que acudieron al lugar consiguieron apagar las llamas, pero la estructura resultó prácticamente destruida. La nave, dedicada en su mayor parte al almacenamiento de diverso material, quedó calcinada y gran parte de su contenido quedó inservible. La cercanía de la edificación a una vivienda habitual incrementó la gravedad del incidente y provocó momentos de tensión entre los residentes hasta que el fuego fue controlado por los equipos de emergencia.
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Conoce más →El valor estimado de los daños materiales, incluyendo la pérdida de la estructura y todo su contenido, supera los 150.000 euros, según las primeras valoraciones efectuadas por el propietario. Esa cifra recoge tanto la reconstrucción de la nave como la reposición de los bienes almacenados, aunque las tasaciones oficiales permanecen pendientes de peritaje. Además del coste económico, el siniestro ha dejado a la familia afectada sin parte de sus enseres y ha obligado a revisar las condiciones de seguridad del entorno.
Fuentes de la investigación han señalado que el detenido cuenta con antecedentes penales, dato que figura en los atestados policiales y que ha sido tenido en cuenta durante las diligencias. Por el momento, el arrestado permanece a disposición de la autoridad judicial mientras se instruyen las actuaciones por un presunto delito de daños; no se han informado cargos adicionales en relación con la tentativa de poner en peligro la vida de las personas, si bien la proximidad de la vivienda fue un factor relevante durante la intervención. La Guardia Civil no ha facilitado por ahora más detalles sobre el móvil del autor.
El suceso ha generado preocupación en la parroquia de Amorín, donde vecinos y comerciantes se han mostrado consternados por la magnitud de la pérdida. Algunos residentes reclamaron mayor presencia preventiva de los cuerpos de seguridad tras el incendio, mientras que otros expresaron su sorpresa por la posibilidad de que el fuego fuera intencionado. Las autoridades locales han evitado pronunciarse públicamente hasta que las diligencias judiciales aclaren todos los extremos del caso.
La investigación continuará con la práctica de nuevas diligencias periciales y la toma de declaraciones que los agentes consideren necesarias para esclarecer plenamente los hechos. Los especialistas en investigación de incendios y los técnicos forenses tendrán que determinar el origen exacto del fuego y si hubo elementos que facilitaran su propagación. La Guardia Civil ha reiterado su compromiso de agotar las líneas de investigación para ofrecer una respuesta judicial eficaz a un siniestro que puso en riesgo a personas y bienes.
Mientras tanto, el propietario de la nave formalizó la denuncia que dio inicio a las actuaciones y colabora con la policía en la evaluación de las pérdidas. En el vecindario se espera conocer en los próximos días los resultados de los peritajes y la evolución del procedimiento judicial. El caso deja abierta la reflexión sobre la protección de infraestructuras y viviendas en zonas rurales y la necesidad de medidas que reduzcan la vulnerabilidad ante incendios de este tipo.
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