La Policía Nacional de República Dominicana ha arrestado a seis personas, entre ellas la esposa del empresario sevillano, acusadas de planear y financiar el asesinato ocurrido en septiembre de 2025 en la provincia de Valverde. La víctima, el empresario de viveros de Dos Hermanas, murió por un disparo en la cabeza dentro de su vehículo en la localidad de Damajagua, y las autoridades consideran que se trató de un crimen por encargo. Entre los detenidos figuran quienes habrían gestionado y abonado los pagos para ejecutar el homicidio. El caso está siendo instruido por la Dirección Central de Investigación (Dicrim) en coordinación con el Ministerio Público dominicano.
Según el expediente policial, entre los arrestados está la dominicana Patria Eridania Gómez Jiménez, identificada como la esposa del fallecido y señalada por la Policía como una de las promotoras del plan. La investigación apunta además a la participación de varios individuos vinculados a la organización y financiación del asesinato, que habrían coordinado los contactos necesarios para contratar al autor material del disparo. Las autoridades sostienen que la implicación de la mujer era clave para la preparación del homicidio, aunque no han trascendido detalles sobre el móvil concreto más allá de la contratación. La detención de los implicados se produjo tras una serie de allanamientos y operativos de búsqueda.
En la lista de detenidos aparecen también nombres como Ángel Simeón Ramírez y Leonardo Cruz, a quienes la policía considera organizadores y financiadores del encargo criminal. La secuencia investigadora describe la entrega de adelantos y la promesa de pagos adicionales para consumar el asesinato en una zona rural del noroeste del país. Los investigadores han reconstruido transferencias y entregas de dinero que, según la acusación, sirvieron para reclutar al autor material y garantizar la ejecución del plan sin contratiempos. En los autos constan varios testimonios y pruebas que, de confirmarse en el proceso, apuntarían a una estructura de complicidades entre los arrestados.
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Conoce más →La averiguación de los pagos aportó cifras concretas: un intermediario habría recibido un primer pago de 400.000 pesos (unos 5.600 euros) dividido en dos entregas, la primera como adelanto y la segunda tras consumarse el crimen. Ese dinero, según la versión policial, se empleó para contratar al ejecutor y cubrir los gastos logísticos de la operación. Los agentes detallan que el acuerdo económico es un elemento determinante para catalogar el hecho como un homicidio por encargo. Las sumas y los destinatarios de los pagos siguen siendo objeto de comprobación para poder ligar a cada acusado con su papel en la cadena de ejecución.
El supuesto autor material del disparo ha sido identificado por la Policía como Julio César López, a quien se le atribuye el homicidio en el interior del vehículo de la víctima. Además, las fuerzas dominicanas recuperaron el arma presuntamente utilizada, una pistola de calibre nueve milímetros, en la residencia de otro de los detenidos, identificado como Jesús Ramiro Fernández, que fue arrestado por colaborar en la ocultación del arma. Ese hallazgo balístico ha servido para fortalecer la hipótesis investigadora y relacionar a varios imputados con la escena del crimen. Las pruebas periciales, incluida la cotejo balístico, forman parte del expediente que instruye el Ministerio Público.
La víctima, Antonio Jiménez López, era propietario de viveros en la localidad sevillana de Dos Hermanas y había viajado a República Dominicana, donde fue hallado sin vida el 20 de septiembre de 2025. El empresario apareció muerto dentro de su vehículo en la comunidad de Damajagua, en la provincia de Valverde, con una herida de bala en la cabeza. Desde el primer momento, las autoridades dominicanas trabajaron con la hipótesis de un asesinato planificado, dadas las circunstancias del hallazgo y las evidencias recogidas en el lugar. Familiares y allegados en España fueron informados por las autoridades, que mantienen el caso bajo reserva en varios puntos de la instrucción.
La investigación, según nota oficial de la Policía, incluyó el análisis de cámaras de videovigilancia, entrevistas a testigos, registros domiciliarios y otras diligencias propias del Dicrim. Los operativos permitieron trazar la cadena de pagos y localizar a los implicados en distintas zonas, lo que desembocó en las detenciones realizadas en los últimos días. La Fiscalía dominicana coordina ahora las actuaciones para formalizar las imputaciones y decidir medidas cautelares. Las autoridades no han hecho públicas aún todas las pruebas para preservar la marcha de la investigación y evitar la contaminación de testimonios.
El caso, que ha generado atención tanto en República Dominicana como en España por la condición de la víctima, sigue abierto y se espera que en los próximos días se concreten las acusaciones formales. Los detenidos están a disposición del Ministerio Público dominicano y podrían enfrentarse a cargos por homicidio, asociación delictiva y ocultación de pruebas, entre otros. Desde España no se han comunicado por ahora actuaciones judiciales paralelas, y la instrucción principal continúa en territorio dominicano mientras se esclarecen las responsabilidades de cada implicado.
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