Las comarcas de Deza y Tabeirós-Terra de Montes registran actualmente 313 perros considerados potencialmente peligrosos en el Registro gallego de animales de compañía, dependiente de la Consellería de Medio Ambiente. El incremento es especialmente notable en Deza, que ha pasado de 56 a 184 altas en diez años, más del triple que hace una década. Los municipios de A Estrada y Lalín concentran la mayor parte de los registros, con 119 y 93 ejemplares respectivamente. El aumento plantea desafíos de gestión local y control en zonas rurales que hasta ahora presentaban cifras moderadas.

La distribución territorial muestra un claro foco en A Estrada y Lalín: juntos suman 212 animales, es decir, más de dos tercios del total en ambas comarcas. Tras estos dos municipios, aparecen Silleda con 31 perros, Agolada con 26 y Vila de Cruces con 22. En la parte baja de la tabla figuran Forcarei y Rodeiro con diez cada uno, mientras Dozón aparece con solo dos registros, el número más reducido en la provincia.

Según los datos oficiales, la evolución en la última década es inequívoca en todos los concellos de Deza. Lalín ha pasado de 36 a 93 registros; Silleda, de ocho a 31; Vila de Cruces, de siete a 22; Agolada, de seis a 26; y Rodeiro, de uno a diez. Dozón, que no contaba con altas hace diez años, ahora figura con dos ejemplares dados de alta en el registro autonómico.

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Evolución y proporciones

El incremento absoluto en Deza es de 128 animales frente al dato de hace diez años, lo que representa un aumento superior al 228% y sitúa el censo actual en más de tres veces el anterior. A pesar de este crecimiento, las cifras siguen siendo inferiores a las de los grandes núcleos urbanos y de la franja atlántica, donde la concentración de registros en parroquias y barrios es mayor. No obstante, el cambio es llamativo en el interior pontevedrés, donde anteriormente predominaban los rottweiler y los american staffordshire.

Varios factores pueden explicar esta subida: mayor cumplimiento de la obligación de inscripción en el registro, adquisición creciente de razas catalogadas y, en algunos casos, cambios demográficos que llevan a mascotas a entornos rurales. Las administraciones locales coinciden en la necesidad de reforzar campañas informativas y de control, aunque la gestión concreta varía entre ayuntamientos en función de recursos y prioridades.

Razas predominantes y comparación provincial

Entre las razas más habituales en estas comarcas figuran el american staffordshire terrier, el pit bull terrier y el rottweiler, que concentran un volumen importante de altas en el registro. Estas razas, por su tipología, están sujetas a normativas de tenencia que incluyen obligación de seguros, medidas de seguridad y control de identificación. Las administraciones insisten en que el cumplimiento estricto de esas normas es clave para prevenir incidentes.

En el contexto provincial, A Estrada iguala a municipios costeros como Baiona con 119 registros y supera a localidades de referencia como Caldas de Reis, O Grove o A Guarda. Lalín, por su parte, supera a concellos de tamaño medio como Vilaboa, Ribadumia, Salceda de Caselas o Salvaterra. Estas comparaciones evidencian que el fenómeno ya no se circunscribe únicamente a los grandes centros urbanos.

En 2023, una protesta en A Estrada por mejoras en el parque canino puso de relieve la demanda ciudadana de infraestructuras adecuadas para perros y sus propietarios. Los colectivos locales reclaman espacios seguros y normas claras que permitan la convivencia sin poner en riesgo a terceros. Para los ayuntamientos, la planificación de zonas caninas y el control del cumplimiento normativo se perfilan como cuestiones prioritarias.

La Consellería de Medio Ambiente mantiene el registro autonómico como herramienta básica para la trazabilidad y el control, pero la coordinación con los municipios resulta esencial para traducir los datos en medidas prácticas. La tendencia al alza obliga a intensificar campañas de concienciación, supervisión y políticas preventivas que incluyan formación a propietarios, inversión en infraestructuras y sanciones disuasorias cuando corresponda.

En las próximas semanas distintos ayuntamientos de la zona deberán valorar la incorporación de recursos y protocolos que respondan al crecimiento del censo, siempre con el objetivo de garantizar la seguridad y la convivencia. La evolución de los próximos años dirá si se trata de un cambio estructural en la tenencia de animales o de un ajuste estadístico por mayor cumplimiento del registro.