Duelo en el Congreso entre Sánchez y Feijóo en plena tensión por la guerra en Irán y con la convalidación del decreto anticrisis a la vuelta de la esq

En la tarde de este miércoles, 25 de marzo de 2026, el hemiciclo del Congreso volvió a convertirse en escenario de choque directo entre el presidente del Gobierno y el principal líder de la oposición. Frente a frente se situaron Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, en un debate marcado por la escalada de la violencia en Irán y por la inminente votación de la convalidación del llamado decreto anticrisis, que incorpora medidas fiscales destinadas a mitigar el impacto económico del conflicto en Oriente Próximo.

Un cara a cara con carga internacional y efectos domésticos

La intervención de ambos líderes no sólo abarcó reproches habituales entre Ejecutivo y oposición; sobre la mesa estaba la respuesta de España a una crisis que se percibe ya en los mercados y en los bolsillos. Sánchez defendió las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros como un paquete pensado para contener subidas de precios, especialmente en carburantes y energía, y subrayó la necesidad de preservar la estabilidad económica en un momento de elevada incertidumbre internacional.

Feijóo, por su parte, atacó la gestión del Gobierno, sugiriendo que las medidas llegan tarde y son una reacción electoralista. No es la primera vez que el líder del PP convierte la política económica en su principal arma de crítica. Esta vez, además, el mensaje tiene un matiz muy gallego: Feijóo, ex presidente de la Xunta y natural de Ourense, reclamó concreciones sobre el impacto en puertos y sectores clave para Galicia —pescado, automoción y el turismo que se prepara para Semana Santa— y pidió garantías para evitar acelerones inflacionistas que perjudiquen a las familias y a las pequeñas empresas.

La atmósfera en el Congreso fue tensa pero medida; ambos dirigentes midieron sus intervenciones ante las cámaras y ante el voto inminente. Los grupos parlamentarios siguieron con atención, conscientes de que el resultado de la convalidación marcará el pulso político de las próximas semanas.

El decreto anticrisis y la tramitación parlamentaria

El Gobierno remitió a la Cámara Baja un paquete que, según fuentes oficiales, contempla rebajas fiscales y ayudas directas enfocadas a paliar el encarecimiento derivado del conflicto en Oriente Próximo. Aunque el detalle concreto de partidas y su cuantía ya fue objeto de polémica en los pasillos, la urgencia que ha impuesto la situación internacional precipita la convalidación: la sesión de este miércoles sirve de antesala al debate y a la votación que oficialmente se celebrará en las próximas 24 horas.

Importa recordar que la aprobación de decretos-ley exige sustento parlamentario inmediato; en ese sentido la anunciada disposición de Junts a respaldar el decreto allanó el camino para que el Ejecutivo confíe en sacar adelante la medida. Es una dinámica conocida: el Gobierno central necesita sumar mayorías puntuales en temas de urgencia económica, y los acuerdos con fuerzas independentistas o regionales vuelven a cobrar relevancia, con todas las implicaciones políticas que ello conlleva.

Fuentes parlamentarias consultadas por este diario señalan que, además del debate sobre la materia económica, la sesión funcionó como un test de imagen. Para Sánchez supone una oportunidad para mostrarse como gestor pragmático ante una crisis externa; para Feijóo, un escaparate para presentarse como alternativa creíble en materia económica y de seguridad internacional.

Repercusiones en Galicia y el tablero político nacional

Desde Galicia se sigue con especial atención cada movimiento. No sólo por la proveniencia geográfica de Feijóo, sino por la exposición de la economía gallega a variables como el precio del combustible, los costes logísticos en puertos como Vigo o A Coruña, y la sensibilidad del sector pesquero ante cambios en comercio y costes energéticos. Empresarios y armadores, dicen, miran con inquietud los vaivenes internacionales: un encarecimiento del transporte o una escalada de precios puede golpear con rapidez la cadena de exportación gallega.

En términos políticos, el cara a cara devuelve a la primera línea la pugna por la narrativa económica. Feijóo insiste en que el PP será la alternativa que devuelva seguridad y previsibilidad; Sánchez, que lidera un Ejecutivo en coalición con una agenda social y verde, apuesta por la intervención pública para amortiguar golpes externos. La dependencia de apoyos parlamentarios para aprobar medidas urgentes convierte a cada voto en moneda política de alto valor.

En Galicia, donde el PP mantiene fuerza territorial y el rastro del bipartidismo histórico aún pesa, el debate nacional tiene ecos locales. Los próximos movimientos de los partidos en la comunidad —incluidos pactos o gestos hacia formaciones regionales— serán observados como señales sobre cómo se articula la respuesta a la crisis y qué presión ejercerán las políticas centrales sobre las autonomías.

Más allá de Galicia, la sesión refleja la dificultad de gobernar en tiempos turbulentos: la política interior y la respuesta internacional no pueden desligarse. La oposición critica la gestión exterior porque condiciona la confianza interior; el Ejecutivo, a su vez, exige dedos más firmes en el arco parlamentario para ejecutar las soluciones urgentes que reclama la calle.

En la jornada de hoy quedaron patentes dos mensajes contrapuestos: por un lado, la necesidad de medidas inmediatas que estabilicen precios y energías; por otro, la denuncia de que esas mismas medidas no bastan y pueden esconder una estrategia de desgaste político. Lo que parece claro es que la convalidación del decreto —y, sobre todo, su posterior desarrollo normativo— marcará los próximos capítulos de la política española.

El Congreso cierra temporalmente esta fase con miradas puestas en la votación y con la convicción de que la crisis internacional seguirá dictando la agenda. Para Galicia, la preocupación es tangible: cada euro en la factura de la luz o en el depósito del coche afecta a familias y empresas; para los partidos, la próxima semana será un campo de pruebas para ver hasta qué punto la política nacional responde con eficacia y con respaldo parlamentario a una crisis que tiene nombre propio en el mapa y consecuencias en la economía local.