Un informe de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) con datos recogidos hasta marzo de 2026 revela que una proporción significativa de estudiantes universitarias en Galicia ha sufrido agresiones sexuales cuando estaban bajo los efectos de alcohol u otras sustancias. La investigación, realizada entre los siete campus de la comunidad y con más de 3.500 participantes, apunta a una relación estrecha entre consumos elevados en contextos de ocio y situaciones de riesgo. Los autores vinculan estos episodios a dinámicas de machismo estructural que convierten a las jóvenes en un colectivo especialmente vulnerable.

Los resultados muestran que el 12,4% de las personas encuestadas declaran haber sido aprovechadas sexualmente en algún momento mientras estaban intoxicadas; al desagregar por sexos, la cifra sube al 16,4% en mujeres y se sitúa en el 4,8% entre los hombres. Más del 94% de las víctimas reconocen haber consumido alcohol en la ocasión en la que sufrieron la agresión, y los patrones de borracheras colectivas y consumo por atracón aparecen de forma destacada en las respuestas. Pese a la gravedad del problema, las denuncias y las consultas en Urgencias son residuales: en ningún caso llegan al 5% y solo el 1,6% de las mujeres afirma haber interpuesto una denuncia.

La investigación distingue entre agresiones oportunistas, en las que la víctima había bebido por voluntad propia y otra persona se aprovecha de esa situación, y agresiones proactivas, en las que alguien administra drogas a propósito para facilitar el abuso. Para la coordinadora del estudio, Nuria García Couceiro, este perfil confirma que no se trata solo de consumos individuales sino de un fenómeno que se sostiene en relaciones de poder y en normas sociales que normalizan la violencia masculina. En su análisis, la combinación de alcohol generalizado y ambientes de ocio intensifica la exposición a conductas agresivas.

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Los testimonios recogidos y los datos del sondeo subrayan además un problema añadido: la memoria fragmentada o ausente tras la intoxicación dificulta tanto la identificación de los hechos como la construcción de pruebas. Este vacío explicaría en parte la baja tasa de denuncia y la reticencia a acudir a servicios sanitarios o a la policía. La investigadora advierte de que esa falta de recuerdo no invalida la experiencia de la víctima, sino que exige un abordaje judicial y sanitario adaptado a estas circunstancias.

Los autores del informe reclaman medidas de prevención que no se limiten a advertencias individuales sobre el consumo, sino que aborden las raíces sociales del problema. Entre las propuestas figura la formación específica en los campus sobre consentimiento y agresiones vinculadas a sustancias, campañas de sensibilización dirigidas a la comunidad universitaria y la promoción de intervenciones de compañeras y compañeros en espacios de ocio. El objetivo es reducir la normalización de comportamientos que hacen a las personas más vulnerables en entornos festivos.

En el ámbito sanitario, el estudio subraya la necesidad de protocolos que permitan atender correctamente a personas intoxicadas víctimas de agresión sexual, garantizando la recogida de pruebas en los plazos adecuados y una atención forense y psicológica sensible a la situación. Los investigadores señalan también la importancia de formar a los equipos de Urgencias y a los servicios de atención primaria para que no revictimicen a quien denuncia y faciliten el acceso a recursos de apoyo.

Los datos sitúan el fenómeno en el seno de prácticas sociales extendidas entre la juventud, como los botellones y el binge drinking, que aumentan las oportunidades de agresión. Frente a ello, las instituciones universitarias, los ayuntamientos y los establecimientos de ocio tienen responsabilidades concretas: mejorar la iluminación y vigilancia en puntos de encuentro nocturno, regular y ofrecer alternativas de ocio seguro, y articular mecanismos de denuncia y apoyo rápidos y accesibles.

El estudio de la USC pretende, en definitiva, desmontar la idea de que estos episodios son casuales o aislados y promover respuestas colectivas. Con más de 3.500 voces analizadas y cifras que sitúan a una de cada seis mujeres universitarias en Galicia como víctima de este tipo de agresiones, los autores piden que los hallazgos sirvan para diseñar políticas públicas y protocolos que protejan a las personas y desmonten las estructuras que permiten estas violencias.