El gobierno municipal de Baiona vive un pulso discreto pero relevante. El alcalde, Jesús Vázquez Almuiña, salió públicamente en defensa de su concejal de Urbanismo, José Ángel Bahamonde, tras las informaciones sobre la vinculación de este último con una empresa constructora que está instalando apartamentos turísticos en el municipio. La discusión, que mezcla convivencia de actividad privada y mando público, se ha concentrado en la rúa Pouquena, en el barrio de Sabarís, donde la firma está montando módulos prefabricados encargados por otra sociedad promotora.

El caso y la defensa del alcalde

La empresa en cuestión, Encaixa Modular, con sede en Gondomar, tiene entre sus socios a Bahamonde y a otro exedil, Daniel García Acuña, que ya coincidió con él en la etapa de gobierno entre 2015 y 2019. Los trabajos afectan a un proyecto de alojamientos turísticos que, según la versión del concejal, ha sido contratado por la promotora Servicios Turísticos Val Miñor y no comporta por ahora solicitud de licencia al Concello por parte de su empresa.

Ante estas consultas, Almuiña defendió la compatibilidad de ambas actividades y subrayó la integridad del concejal: «No hay ninguna interferencia entre esta otra actividad y la del Concello. Es una persona honrada y trabajadora», afirmó, según fuentes municipales. El regidor explicó además que, en su criterio, Bahamonde actúa con las cautelas habituales cuando puede existir conflicto: «Cuando hay una concesión de licencia en la que él pueda tener implicación no forma parte de este punto, sale de la sala, igual que otros concejales que puedan tener relación con otro punto del orden del día, se ausentan», dijo.

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«En caso de que la empresa Encaixa solicitase una licencia al Concello de Baiona tendría que abstenerme, pero no es el caso, nosotros no hemos solicitado nada, estamos actuando como constructora»

El propio concejal justificó su papel en las obras como el de contratista que ejecuta una obra encargada por un tercero y no como solicitante de permisos. Aun así, la situación plantea cuestiones prácticas: la figura de la «dedicación exclusiva», que Bahamonde mantiene, implica una presencia y responsabilidad importante en la gestión municipal, lo que alimenta el debate sobre percepciones y límites éticos incluso cuando, técnicamente, no exista vulneración formal.

Contexto: urbanismo, turismo y la construcción modular en el Val Miñor

Baiona no es un caso aislado en la ría de Vigo. El impulso turístico de los últimos años, con picos estivales pronunciados y demanda de oferta alojativa, ha puesto el urbanismo local en primera línea de la agenda política. El municipio, con su casco histórico, el castillo y la estampa del puerto que recibe a miles de visitantes, vive la tensión entre conservar tejido residencial y aprovechar oportunidades económicas. En ese tejido, la construcción modular ha irrumpido con fuerza: promete reducir plazos y costes y, por ello, atrae tanto a promotores como a administraciones que buscan agilizar trámites.

El proyecto instalado en Sabarís se presenta además como un ejemplo de esa tendencia: módulos prefabricados que se ensamblan en poco tiempo y ocupan menos meses de obra que una vivienda tradicional. El alcalde llegó a calificar la iniciativa como un «proyecto innovador que no influye en su actividad en el Concello. Se está utilizando ya en otros sitios y lo que hace es tratar de reducir tiempos, que muchas veces es una limitación a la hora de construir vivienda», señaló.

No obstante, la novedad técnica no desconecta de la política. Tiempo atrás la gestión del urbanismo ha obligado a rendir cuentas en concellos gallegos cuando la distancia entre lo público y lo privado no quedó suficientemente delimitada. Por eso, aunque la intervención de Bahamonde se ajuste a la legalidad formal —según recuerda el equipo de gobierno—, su doble condición de socio y responsable municipal activa la sensibilidad ciudadana sobre transparencia y buen gobierno. A falta de un informe explícito del área de personal o de intervención, la explicación pública del alcalde es la que, por ahora, neutraliza la controversia interna.

Repercusiones y próximos pasos

La decisión del alcalde de no adoptar medidas políticas contra Bahamonde responde, en su versión, a la valoración de que se trata de «una pieza importante» en el equipo y a la convicción de que no existe incompatibilidad. No obstante, en el ámbito práctico, su permanencia en el cargo obliga al gobierno local a extremar la transparencia: registro de intereses actualizado, actas de abstenciones más detalladas y, si procede, informes jurídicos por escrito que despejen cualquier duda ante posibles recursos o reclamaciones.

En la oposición municipal y en sectores de la sociedad civil local la figura del concejal que mantiene actividad empresarial relacionada con su área siempre despierta recelos. La política municipal en el Val Miñor suele ser de proximidad: todos conocen a los protagonistas, los oficios y los barrios, y esa cercanía convierte la sospecha en asunto sensible. Por eso, más allá de la literalidad de la norma, la política municipal requiere medidas que no solo cumplan la ley, sino que también calmen la percepción pública.

En términos prácticos, el Ayuntamiento puede reforzar su posición con dos movimientos sencillos: documentar públicamente las reuniones y decisiones en las que Bahamonde se ha abstenido y solicitar, si procede, un dictamen externo sobre compatibilidades que quede a disposición de la ciudadanía. Eso contribuiría a apagar recelos y, al mismo tiempo, a establecer un marco claro para casos similares en el futuro, cuando la innovación constructiva y la actividad privada se crucen con la responsabilidad pública.

La sombra de la sospecha no siempre se conjura con explicaciones; exige hechos y transparencia. En Baiona, un municipio donde el urbanismo marca en gran medida la calidad de vida y la economía local, los siguientes pasos del equipo de gobierno serán observados con lupa. El alcalde ha apostado por la confianza en su concejal; ahora toca que esa confianza se traduzca en prácticas visibles que sostengan la normalidad administrativa y disuelvan dudas en la plaza pública.