Jesús Vázquez Almuiña, alcalde de Baiona, ha salido públicamente en defensa de su concejal de Urbanismo, José Ángel Bahamonde, después de que trascendiera que es socio de una constructora —Encaixa Modular, radicada en Gondomar— que está ejecutando la obra de nuevos apartamentos turísticos en la rúa Pouquena, en el barrio de Sabarís. La polémica pone sobre la mesa el delicado equilibrio entre la dedicación exclusiva de un cargo público y la actividad privada en el sector al que el edil está adscrito.

El caso y la defensa del alcalde

El conflicto no es nuevo en el mapa municipal: Bahamonde, que ocupa un puesto relevante en el gobierno local y fue el número tres en la lista electoral de Almuiña en las pasadas elecciones, figura como socio de Encaixa Modular junto a, entre otros, el exedil de Vías y Obras Daniel García Acuña, con quien compartió mandato en la etapa de 2015 a 2019. La empresa se dedica a la construcción de viviendas prefabricadas y ha sido contratada por otra sociedad promotora, Servicios Turísticos Val Miñor, para levantar apartamentos turísticos de gama alta en Baiona.

Ante las críticas y las preguntas sobre posible conflicto de intereses, el alcalde ha defendido la compatibilidad de ambas actividades. «No hay ninguna interferencia entre esta otra actividad y la del Concello. Es una persona honrada y trabajadora», ha dicho de forma explícita. Además, remarcó que cuando exista una concesión de licencia que pueda implicar al concejal, este se abstendrá y abandonará la sala, como hacen otros ediles cuando se trata de puntos en los que tienen relación directa.

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Fuentes municipales consultadas por este periódico confirman que, hasta ahora, la tramitación urbanística relacionada con la obra de la rúa Pouquena ha corrido a cargo del procedimiento habitual y que no consta que Encaixa haya solicitado licencia alguna para su propia cuenta en Baiona. Desde el equipo de gobierno se insiste en que la sociedad actúa como contratista de la promotora y no como solicitante directo de permisos.

La empresa y el proyecto en Sabarís

Los trabajos que se están ejecutando en Sabarís corresponden a un proyecto de apartamentos turísticos prefabricados de alto standing que, según los promotores, agiliza plazos y reduce costes. Encaixa Modular, con sede en Gondomar, ha hecho de la vivienda industrializada su especialidad; su participación en el Val Miñor combina experiencia técnica con una apuesta por soluciones constructivas que, dicen, encajan bien en municipios con fuerte presión turística como Baiona.

La iniciativa ha recibido elogios desde el gobierno local por su carácter «innovador» y por la promesa de acortar tiempos en la construcción de vivienda, un reto persistente en la comarca. No obstante, vecinos de Sabarís y representantes de la oposición han planteado dudas sobre la idoneidad de que el responsable municipal de Urbanismo tenga intereses empresariales en obras que afectan al término municipal, aunque la promotora encargada sea otra firma.

En la narrativa oficial se subraya un matiz: Bahamonde, según el propio alcalde, no recibe salario ni figura contratado por la empresa constructora. También se recuerda que cualquier beneficio económico derivado de su condición de socio deberá constar en las declaraciones de bienes y actividades a las que están obligados los cargos públicos. Aun así, esas explicaciones no apagan la discusión política y ciudadana sobre transparencia.

Dudas, normas y repercusiones

El debate toca una cuestión más amplia y reiterada en Galicia: el peligro de mezclar urbanismo y negocio privado. No es la primera vez que la gestación de proyectos turísticos o residenciales en la costa levanta suspicacias por la proximidad entre quien decide y quien puede beneficiarse. En esa línea, la normativa sobre incompatibilidades y abstenciones obliga a los responsables municipales a apartarse cuando existan intereses directos, pero no siempre atenúa la percepción pública de favoritismo.

La alcaldía insiste en que no adoptará medidas políticas contra Bahamonde porque lo considera una pieza importante de su equipo y confía en su «seriedad y responsabilidad». Otros actores locales, sin embargo, piden controles más claros: revisiones de expedientes, transparencia sobre adjudicaciones y la publicación puntual de las declaraciones patrimoniales para que la ciudadanía pueda cotejar eventuales solapamientos.

En paralelo, la oposición podría llevar el asunto a los plenos o incluso a instancias superiores si consideran que existe vulneración de normas. En Galicia, las polémicas urbanísticas suelen traducirse en debates en ayuntamientos y en la prensa, y en ocasiones motivan expedientes que clarifican límites legales y éticos. A falta de una denuncia formal, ahora pesará en el terreno político la percepción y la narrativa pública.

Para Baiona, localidad que vive de la combinación entre turismo, patrimonio y vivienda, la manera en que se resuelva este episodio tendrá consecuencias prácticas. Si el proyecto sigue adelante sin incidencias administrativas, habrá viviendas turísticas nuevas en una calle de Sabarís; si afloran irregularidades o reproches, puede abrirse una crisis de confianza que afecte al equipo de gobierno y al debate sobre cómo preservarse de conflictos en un sector tan sensible.

Queda por ver si la tranquilidad con la que el alcalde defiende a su concejal bastará para calmar las aguas o si la política local pedirá pasos adicionales para blindar el procedimiento. En un municipio donde el urbanismo ha marcado decisiones clave en la última década, la vigilancia ciudadana y la claridad documental serán, como siempre, la mejor vacuna contra la sospecha.