El Arzobispado de Burgos ha denunciado el «estado muy deteriorado» en que ha encontrado el Monasterio de Santa Clara de Belorado (Burgos) tras ser abandonado por las denominadas monjas cismáticas horas antes de un desalojo ordenado por la autoridad judicial. Los abogados de las religiosas entregaron este jueves las llaves a los representantes de la Iglesia, en cumplimiento de una sentencia del pasado 31 de julio que obligaba a las exmonjas a desalojar el inmueble. Según la diócesis, en el recinto faltan muebles, documentación y piezas del archivo e incluso retablos y enseres de valor.

Las llaves fueron traspasadas a la delegación nombrada por Mario Iceta, comisario pontificio para los monasterios de Belorado, Orduña y Derio, según informó el Arzobispado. La entrega se produjo tras la intervención de la letrada de la Administración de Justicia, que levantó acta de la situación y supervisó el inventario inicial. La actuación judicial responde a un procedimiento acumulado después del conflicto entre la comunidad local y la jerarquía eclesiástica.

Desde la institución han remitido a los medios imágenes que, asegura, acreditan la falta de numerosos enseres y el estado de suciedad general en el convento: ollas con restos de comida, estanterías vacías y electrodomésticos desaparecidos son algunas de las muestras que describen los responsables eclesiásticos. El Arzobispado lamenta la pérdida de documentación, que en buena parte formaba parte del archivo histórico de la iglesia, y advierte del riesgo para bienes de patrimonio religioso.

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La Fiscalía y la Guardia Civil mantienen abierta una investigación relacionada con la desaparición de objetos de valor del monasterio; esa investigación ya provocó la detención de dos exmonjas, según fuentes citadas por la diócesis. El Arzobispado insistió en que la sustracción de piezas de interés cultural está siendo aclarada por los cuerpos de seguridad. La posible ocultación o retirada irregular de bienes es uno de los ejes del expediente penal en curso.

Tras la entrega de las llaves, la letrada de la Administración de Justicia levantó acta de lo acontecido y se procedió a realizar un inventario de los bienes que permanecían en el inmueble. Los servicios jurídicos de la diócesis analizarán esa relación de efectos para iniciar las acciones precisas destinadas a recuperar aquellos elementos que pertenecen a la comunidad religiosa y que no se localizaron en el monasterio. El proceso, subrayan, incluirá reclamaciones civiles y, si procede, medidas penales.

El futuro inmediato del Monasterio de Santa Clara de Belorado dependerá de lo que decida la Federación de Clarisas Nuestra Señora de Aránzazu, organismo al que sigue integrado el convento afectado. La comunidad considerada legítima propietaria está formada por las religiosas mayores que no secundaron el cisma y que permanecen acogidas en distintos monasterios de la federación. La federación deberá determinar la gestión y la restauración del espacio, así como el destino de los restos patrimoniales recuperables.

El conflicto en Belorado forma parte de una ruptura más amplia dentro de la orden en algunos centros, donde una parte de las comunidades se ha desvinculado de la autoridad eclesiástica y ha desobedecido órdenes de la Santa Sede y de las diócesis. La sentencia del 31 de julio que obligaba al desalojo cristalizó la vía judicial para recuperar la titularidad del inmueble, pero la salida precipitada de las monjas y la remoción de objetos complican la reparación del daño patrimonial.

En su comunicado, la Oficina del Arzobispo señaló con pesar que «se han llevado prácticamente todo», expresión que ha circulado en las reproducciones de las imágenes enviadas a los medios. La diócesis subraya la gravedad de que obras de arte, documentos y elementos litúrgicos puedan haberse destinado a usos particulares o hayan sido dispersados, lo que podría suponer una pérdida irreparable para el patrimonio de la provincia.

Fuentes próximas al expediente indican que las monjas que promovieron la ruptura se han trasladado a un pueblo de la provincia, donde continúan agrupadas fuera del monasterio desalojado, mientras se dirimen las responsabilidades judiciales y administrativas. El Arzobispado y las autoridades civiles avanzan en los trámites para la reposición de bienes y la evaluación de los daños, y seguirán actuando para recuperar y proteger el legado histórico y religioso de Belorado.