El máximo responsable del astillero vigués declaró este martes ante el juzgado que el cable de acero implicado en el accidente mortal que costó la vida a un operario en noviembre de 2022 llevaba en las instalaciones desde la década de 1980, según su versión. La comparecencia se produjo en el juicio que se celebra en Vigo contra cuatro trabajadores del astillero, acusados de negligencia tras la caída de una pieza de gran tamaño el 24 de noviembre. La empresa sostiene que el elemento no había causado problemas anteriormente y que, tras el siniestro, se decidió canalizarlo. Las declaraciones se escucharon en una vista que busca aclarar responsabilidades laborales y penales.

Los cuatro procesados, entre ellos el responsable del departamento de prevención y seguridad —que es hijo del dirigente—, el jefe de equipo, el jefe de buque y el director de producción, se enfrentan a penas que podrían rondar los tres años de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores y otro de homicidio por imprudencia grave. La acusación particular señala especialmente al director de producción entre los implicados y todos han solicitado intervenir tras la presentación de los informes periciales y testimoniales. La vista busca determinar si se incumplieron protocolos y quién asumió la obligación de seguridad en el momento del suceso.

La víctima, identificada en la causa como Iván C.C., tenía 42 años y trabajaba para una empresa auxiliar subcontratada; llevaba apenas diez días en el puesto cuando ocurrió el accidente. Según la instrucción, el operario se encontraba en el astillero de la avenida de Beiramar cuando una gran plancha de acero, que estaba siendo transportada, se precipitó sobre él. El accidente provocó la apertura de diligencias penales y generó un intenso debate sobre las condiciones de trabajo y la supervisión de las maniobras en los muelles vigueses.

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Un compañero, identificado en la causa como David S.G.I., relató en sede judicial que el jefe de equipo pidió ayuda para que un camión con una pieza de siete toneladas accediera por la vía pública y que, para facilitar la maniobra, cortaron el tráfico y acompañaron al vehículo. Según su testimonio, la pieza entró marcha atrás y realizó un «movimiento superextraño» que terminó provocando la caída sobre la víctima. Tras el siniestro, el testigo aseguró que observó en el suelo un cable de varada de considerables dimensiones, lo que ha centrado parte de la atención sobre el estado de los elementos fijos del astillero.

En su intervención como testigo, el empresario y máximo responsable del astillero, Mario Cardama, explicó el organigrama de la compañía y se definió como el «responsable final» de la entidad. Afirmó que había nombrado a un delegado de prevención y riesgos —su hijo— con el fin de analizar y corregir situaciones peligrosas, y señaló que la empresa cuenta además con un servicio de prevención externo prestado por la patronal Asime. Cardama defendió que la función externa es la de asesorar y preparar la documentación técnica que, posteriormente, la empresa revisa y autoriza según sus procedimientos.

Con respecto al cable implicado, el testigo aseguró que ese elemento llevaba en el astillero desde los años ochenta y que aproximadamente la mitad de su vida útil estuvo situada en la zona donde ocurrió el siniestro. Tras el accidente, dijo, se optó por canalizar el cable para evitar riesgos, una actuación que habría tenido carácter correctivo. El técnico del servicio de prevención externo matizó en su declaración que su labor fue fundamentalmente de asesoramiento y de generación de documentación técnica, pero que la implementación y validación final correspondía a la dirección de la empresa.

La causa también investiga si la pieza que se cargó en el camión fue asegurada correctamente antes del transporte, una cuestión que varios testigos han puesto en duda. En sede judicial se ha apuntado que «nadie» habría asegurado la plancha de acero tras elevarla con una grúa, extremo que la acusación utiliza para sostener la existencia de imprudencia grave. La defensa plantea que la maniobra se realizó en condiciones complejas y que correspondía a varios eslabones de la cadena de trabajo asegurar la integridad de la operación.

El proceso judicial se celebra en un contexto en el que la empresa atraviesa además otras controversias, entre ellas la rescisión de un contrato con Uruguay para la fabricación de dos patrulleras, lo que ha aumentado la presión mediática y económica sobre el astillero. La acumulación de problemas ha reabierto el debate sobre la competitividad del sector naval gallego y la necesidad de reforzar protocolos de seguridad y control en las subcontrataciones habituales en los diques. Sindicatos y organizaciones de seguridad laboral siguen de cerca la vista, reclamando responsabilidades y reformas.

El juicio continuará con la aportación de peritajes técnicos y más testimonios para esclarecer la dinámica exacta del accidente y fijar responsabilidades penales y laborales. La familia de la víctima y los representantes legales de los trabajadores demandan que la investigación arroje luz sobre posibles fallos en la prevención y sobre quién debía garantizar la seguridad en esa maniobra concreta. Sea cual sea la resolución, el caso apunta a marcar un precedente sobre la gestión de riesgos en los astilleros de la ría y a forzar a empresas y administraciones a revisar medidas de prevención.