Francisco Nieto, arquitecto municipal, ha sido separado de sus funciones en la redacción del nuevo Plan General de Alicante después de que el Consistorio confirmara que es propietario de una vivienda de protección oficial en el residencial Les Naus. La decisión del gobierno local, liderado por Luis Barcala, se ha adoptado esta semana antes de que culminen las investigaciones internas sobre la adquisición y las diligencias penales abiertas contra el técnico. El cambio responde, según fuentes municipales, a la necesidad de preservar la imagen y la normalidad del proceso de renovación del planeamiento urbanístico. Nieto ha sido sustituido por otro arquitecto procedente del área de Infraestructuras.

La sustitución llegó después de un periodo de debate interno: a finales de febrero el ejecutivo municipal aseguró, por boca del vicealcalde, que no tomaría medidas hasta concluir los expedientes de averiguación, algo que estaba previsto que ocurriera esta misma semana. No obstante, según fuentes consultadas por este diario, el equipo de Gobierno del Partido Popular optó finalmente por actuar antes de ese plazo para evitar que la polémica afectase a la tramitación del Plan General. El relevo operativo pretende, además, mantener la continuidad técnica del proyecto mientras se esclarecen los hechos.

Según los registros consultados, Nieto adquirió la vivienda el 13 de agosto y figura inscrita a su nombre desde el 6 de octubre de 2025. Se trata de un piso de 80,66 metros cuadrados útiles situado en una tercera planta del residencial Les Naus y, en su caso, el importe declaradono alcanzó los 200.000 euros. La compra ha generado preguntas sobre la idoneidad del arquitecto para seguir participando en asuntos relacionados con política de vivienda y planeamiento, por lo que el Ayuntamiento ha preferido apartarlo temporalmente de esas competencias.

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La causa penal que afecta a Nieto se arrastra desde febrero de 2024, cuando fue detenido en el marco de una instrucción por supuestos favores a un presunto jefe de una red de narcotráfico. La investigación le atribuye la agilización de trámites urbanísticos que habrían permitido rentabilizar inmuebles supuestamente adquiridos con dinero procedente de la venta de marihuana. El procedimiento sigue abierto y en fase de instrucción, por lo que las autoridades municipales insisten en que la separación de funciones no equivale a una sanción administrativa formal, sino a una medida cautelar.

Fuentes del Ayuntamiento han señalado, además, que Nieto ya había sido relevado previamente de su puesto como suplente en la comisión de seguimiento del Plan Vive, una junta vinculada a la gestión de vivienda protegida. Ese relevo se suma a la sustitución ahora aplicada en el equipo del Plan General, lo que refleja la intención del Gobierno municipal de limitar la presencia de funcionarios investigados en órganos decisorios relacionados con urbanismo. A juicio de la alcaldía, la premura responde a la necesidad de evitar conflictos de interés y preservar la confianza ciudadana.

El caso se enmarca en una sacudida más amplia dentro de la estructura técnica del Consistorio. Está previsto que María Pérez-Hickman continúe, en principio, al frente del servicio de Contratación tras anunciar su salida como directora general, un movimiento que forma parte de una reorganización que el equipo de Gobierno ha ido comunicando en las últimas semanas. La decisión de apartar a Nieto del Plan General, no obstante, revela que el Ejecutivo está dispuesto a adoptar medidas puntuales cuando la exposición pública de un expediente pueda comprometer la normalidad administrativa.

Desde el Ayuntamiento no se han facilitado declaraciones públicas extensas sobre la sustitución más allá del comunicado interno que recoge la reasignación del responsable del expediente del planeamiento. La alcaldía sostiene la necesidad de preservar la neutralidad técnica del proceso y remarca que la investigación penal sigue su curso en los juzgados competentes. En el ámbito político local, la maniobra podría tener repercusiones sobre la percepción ciudadana de la gestión urbanística en una ciudad que ha vivido en los últimos años varios escándalos vinculados a la materia.

La tramitación del nuevo Plan General de Alicante continuará ahora con el nuevo equipo técnico designado por Infraestructuras, que deberá asumir un proyecto que marca el horizonte urbanístico de la ciudad. Las investigaciones internas municipales, cuyo cierre se esperaba esta semana, y la instrucción penal determinarán posibles pasos procesales o disciplinarios contra los implicados. Mientras tanto, la corporación insiste en que la actuación busca garantizar transparencia y evitar que la paralización de trámites por razones reputacionales afecte a la planificación urbana de la ciudad.