Higini Cierco, exconsejero delegado de la Banca Privada d’pujol/" title="Andorra">Andorra (BPA), declaró este miércoles ante la Audiencia Nacional en el juicio por la fortuna oculta de la familia del expresidente catalán. Su testimonio se centra en las cuentas andorranas de los Pujol y en cómo la policía española y la Fiscalía tuvieron conocimiento de esas posiciones bancarias. Cierco compareció como testigo clave después de haber aportado documentos que, según la acusación, demuestran movimientos y órdenes de transferencias relacionados con la familia. La sesión, celebrada el 11 de marzo de 2026, continúa la investigación sobre el origen y la gestión de esos fondos.

El banco que dirigió Cierco, junto con su hermano, fue la entidad a la que la familia Pujol llevó parte de su patrimonio en 2010, una operación que sitúa a los banqueros en el centro del procedimiento. Fueron, además, los propios directivos de la BPA quienes presentaron una querella en Andorra que acabó provocando la imputación del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y de dos de sus ministros por supuestas coacciones para obtener información bancaria. Esos pasos procesales abrieron vías de investigación tanto en Andorra como en España sobre el tratamiento de la información financiera de políticos catalanes.

En el sumario, Cierco aportó un documento manuscrito atribuido a Marta Ferrusola fechado el 19 de diciembre de 1995, en el que se aprecia una instrucción sobre transferencias a una entidad que entonces se denominaba Banca Reig y posteriormente pasó a ser Andbank. El escrito usa expresiones religiosas, como la referencia a la remitente como «madre superiora de la congregación», y a palabras como «misales» que los investigadores interpretaron como eufemismos para cantidades de dinero. El justificante bancario relacionado refleja un movimiento de 2.000.000 pesetas, y los peritos sitúan el saldo de la cuenta 81089 en 902.067 euros a fecha del 29 de diciembre de 2010.

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Durante su intervención, Cierco también afirmó que las fuerzas policiales solicitaron información no solo sobre la familia Pujol, sino sobre otros actores relevantes del panorama político catalán, como los expresidentes y líderes regionales. Según su versión, los investigadores manifestaron interés en expedientes relacionados con nombres como Mas y Junqueras, además de los propios Pujol. Esa búsqueda de datos bancarios y patrimoniales es precisamente uno de los ejes de controversia que ha marcado la instrucción y ha llevado a distintos recursos y apelaciones en sede judicial.

La Audiencia Nacional tiene previsto escuchar además a otros testigos vinculados a la compra de una sociedad andorrana por parte de miembros del clan Pujol, aunque la agenda de comparecencias ha sufrido dificultades logísticas y retrasos. Varias defensas han intentado limitar o desacreditar pruebas alegando defectos en la investigación, y el tribunal ha adoptado medidas para evitar que cuestiones procesales desvíen el contenido probatorio principal del juicio. El interés se mantiene en dilucidar si las estructuras societarias y las cuentas permitieron ocultar rentas o bienes al fisco español.

Fuentes policiales citadas en la instrucción sitúan el origen de buena parte de la fortuna familiar en operaciones vinculadas al entorno del Grand Tibidabo en Barcelona, un argumento que los investigadores han tratado de sostener con cruces de datos bancarios y documentación intervenida. El caso ha arrancado testimonios del núcleo de investigación policial, incluida la UDEF, que han señalado la influencia y capacidad de la familia más allá de su filiación política. Esas declaraciones buscan dar contexto a los movimientos financieros y a las decisiones que apuntan a una gestión discreta de patrimonios.

El alcance de la querella presentada en Andorra trasciende la investigación sobre los Pujol y ha generado repercusiones diplomáticas y jurídicas entre ambos países, al obligar a coordinar procedimientos sobre secreto bancario y cooperación judicial. La imputación de altos cargos del ejecutivo español por presuntas coacciones en la búsqueda de información bancaria puso de manifiesto la sensibilidad del asunto y reabrió el debate sobre los límites entre investigación y presiones institucionales. En la Audiencia Nacional, las partes repasan ahora la cadena documental y las comunicaciones que sustentan estas acusaciones.

El juicio prosigue con la expectación sobre si el tribunal considerará probados los mecanismos que permitieron la supuesta ocultación del patrimonio y si las conductas atribuidas entran en el marco penal perseguido. Los abogados de la defensa han anunciado que cuestionarán la interpretación de eufemismos y la procedencia de algunas piezas documentales, mientras que la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares insisten en que la contabilidad y los justificantes acreditan movimientos consistentes con la versión acusatoria. La causa sigue abierta y las próximas sesiones serán determinantes para definir el alcance de las responsabilidades.